Detiene FGEO a 3 por violencia familiar y evadir pensión alimentaria

OAXACA, Oax. 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la ejecución de tres órdenes de aprehensión por delitos relacionados con violencia familiar y abandono de acreedores alimentarios en municipios de las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa.

En una primera acción, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a una persona identificada con las iniciales R.M.A., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de una mujer en San Francisco del Mar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido el 1 de mayo de este año, cuando la víctima fue presuntamente amenazada verbalmente y con un machete, situación que puso en riesgo su integridad física y emocional.

En un segundo caso, agentes de la Vicefiscalía Regional de la Costa ejecutaron una orden de aprehensión contra L.S.C., señalado por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en hechos ocurridos en Puerto Escondido, perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec.

Según la investigación, la víctima denunció agresiones físicas que le ocasionaron diversas lesiones, por lo que se inició el proceso correspondiente ante las autoridades ministeriales.

Asimismo, la Fiscalía informó sobre la reaprehensión de una persona identificada como J.O.C. por el delito de abandono de acreedores alimentarios en agravio de su familia.

La institución señaló que la medida fue ordenada luego de que el imputado incumpliera una resolución judicial relacionada con el pago de más de 388 mil pesos por concepto de pensión alimenticia a favor de una mujer y tres menores de edad.

De acuerdo con las indagatorias, pese a existir un mandato judicial vigente y diversos requerimientos legales, el probable responsable no cumplió con sus obligaciones, por lo que se libró una orden de reaprehensión que fue ejecutada en Juchitán de Zaragoza.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme avance cada uno de los procesos, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.