Detienen en Jalisco a otro individuo para investigar homicidio en Huitzo

OAXACA, Oax. 26 de julio de 2025.- Luego de cinco años de mantenerse fuera del alcance de las autoridades, Jesús Eduardo H. B. fue detenido por la Policía Federal Ministerial en el estado de Jalisco, por su probable participación en los delitos de tortura, homicidio calificado y tentativa de homicidio cometidos en 2020 en el municipio de San Pablo Huitzo.

La aprehensión fue realizada en cumplimiento a una orden emitida por la jueza Guadalupe Patricia Juárez Hernández, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, tras la falta de avances en las investigaciones a nivel local.

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2020, cuando Diego Eruviel Luna Paz perdió la vida y su hermano, Juan Jaziel Luna Paz, resultó con lesiones permanentes.

De acuerdo con la carpeta de investigación 14932/FVCE/ETLA/2020, los hermanos habrían sido entregados por policías municipales a un grupo encabezado por el ahora detenido en una zona despoblada.

En mayo de este año, la FGR también detuvo a Martha Isabel H. H., ex síndico municipal de San Pablo Huitzo, señalada por el sobreviviente como la persona que ordenó la detención de los hermanos Luna Paz.

Ella enfrenta actualmente un proceso en prisión domiciliaria mientras se determina su situación legal.

En el mismo caso fue detenido previamente el policía Luis Noé Aquino Ordaz, quien permanece recluido desde hace más de cuatro años en el penal de Etla.

Por otra parte, David Antonio Hernández Ventura fue detenido y posteriormente liberado por un juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, al no encontrar elementos suficientes para su vinculación a proceso.

La jueza federal también ha solicitado órdenes de aprehensión con ficha roja de Interpol contra otras cuatro personas: Abraham Felipe Martínez Ignacio, David Antonio Hernández Ventura, Manuel Vázquez Ruiz y Luis Alejandro Hernández Bolaños, quienes también son investigados por su posible responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Familiares de las víctimas han señalado que la atracción del caso por parte de la FGR significó un avance decisivo para el esclarecimiento de los hechos, después de más de cuatro años de estancamiento en las investigaciones por parte de autoridades estatales.