Dinero público a partidos políticos 

OAXACA, Oax., 8 de octubre de 2017.- ¿Es congruente que los ciudadanos financien a través de impuestos a organizaciones políticas llamados partidos que su misión fundamental es la búsqueda, la conservación y el incremento del poder político para beneficio propio, tal como es en la realidad?  

En México es mucho más grave puesto que los partidos son de Estado, nacen a semejanza del partido de la Revolución, es decir, el PRI. El PRI es el modelo de partido a seguir, también es el modelo que reproduce la legislación electoral, en cuanto partidos de Estado se sienten con toda legitimidad para exigir el financiamiento público.

Los partidos políticos en nuestro país son entes creados por el Estado, por el régimen político, por eso no pueden existir fuera de las normas de este régimen, en resumen, crean una cultura política que es conciencia colectiva. 

En sentido estricto los partidos políticos son organizaciones de la sociedad civil, por tanto, no son organizaciones del Estado. Son organizaciones de interés ciudadano y no de interés público como institución del Estado. Son organizaciones de ciudadanos y no de políticos profesionales. Son la mediación entre la sociedad y el Estado si se quiere ser mucho más preciso. 

No deben pues ser tutelados por el Estado sino por la sociedad. Como la sociedad no es homogénea vale la existencia de varios partidos que reflejan la variedad de intereses de clase y de los grupos sociales. Sirven fundamentalmente para la toma, conservación y ampliación del poder político del Estado de acuerdo a su ideología que se plasma en sus declaraciones de principios,  programas de acción y estatutos.

Como deben ser registrados para que puedan competir por este poder político se les exige que cumplan con el requisito de definición ideológica. Fundamentalmente, entonces, no sólo deben cumplir con la ley en materia ideológica y programática, sino cumplir con la asociación de ciudadanos que le dieron y le dan vida. 

Como el sistema de partidos políticos es consecuencia de la historia, condiciones, experiencias, normatividad, acuerdos, dinámica, de cada país, de cada realidad política, social y económica de cada régimen político, no se pueden derivar reglas generales sobre la normatividad de este sistema de partidos.

De aquí cobra relevancia el tema del financiamiento público hacia los partidos políticos. Se puede estar de acuerdo con el tema o no, es sólo de acuerdo a la realidad del régimen político prevaleciente.  

Desde luego, que el financiamiento público fue determinante para el avance de una mejor competencia electoral en nuestro país dada la hegemonía de un solo partido en la nación, del proceso de deslegitimación del régimen de la Revolución y por la creciente demanda ciudadana de apertura democrática.

De esta manera, se permitió es ascenso de partidos minoritarios que finalmente uno de ellos (el PAN), asume el poder presidencial, los otros, junto al PAN asumen gobiernos municipales, estatales y permiten la pluralidad en las cámaras legislativas. Incluso, el legislador se vio obligado declarar a los partidos políticos como entes de interés público por las nuevas condiciones políticas  nacionales. 

Es evidente que el sistema de partidos y el  esquema de financiamiento público pronto degeneraron, sus aspectos positivos fueron sepultados por sus aspectos negativos.

Entre los negativos se pueden mencionar: el ascenso y permanencia de grupos de interés patrimonialistas en las dirigencias de los partidos políticos; la burocratización y tecnocratización de estos partidos; su pérdida de identidad ideológicas en detrimento de las aspiraciones de las clases de la sociedad;  apropiación privada de los dineros públicos por los grupos partidistas; manejo patrimonialista de las candidaturas a cargos de representación popular;.

La introducción de financiamientos privados e ilegales a candidatos por encima de la ley y de la vigilancia de las autoridades competentes; permanencia y ampliación del uso de los recursos públicos para los partidos gobernantes y de sus candidatos; incompetencia de las autoridades electorales para la organización y vigilancia de las elecciones de acuerdo a las leyes; corrupción galopante del régimen de partidos a cargo de sus dirigentes y en el ejercicio del gobierno; franco deterioro de las instituciones de los poderes de la Unión, de los Estados y de los municipios. 

Por lo anterior, nuestro sistema de partidos y los mecanismos del financiamiento de los mismos están gravemente enfermos, necesitan de cirugía mayor, la simple reforma no basta, ante esta nueva realidad se necesita un nuevo diseño institucional, mecanismos que permitan acabar con todas las desviaciones, males, podredumbres, del régimen de los partidos políticos, nuevas normas que permitan la activa participación ciudadana en los partidos para eliminar las burocracias, las élites, las decisiones unipersonales, sobre todo la corrupción.  

Los partidos deben ser la expresión de los ciudadanos organizados, lo cual implica eliminar todas las condiciones que la inhiben, los ciudadanos deben tener toda la libertad para asociarse en partidos políticos, por lo que es conveniente volver al esquema de registro condicionado; la ciudadanización de los partidos en contra de su estatización es un requerimiento urgente, este es el problema y no el falso debate del financiamiento público.

El verdadero debate está en la naturaleza de nuestro régimen de partidos políticos.