Diputados deben darle legitimidad al órgano de fiscalización en Oaxaca

OAXACA, Oax., 12 de octubre de 2017.- En el umbral del cambio de titular e integrantes del Órgano Superior de Fiscalización, que sustituirá a la actual Auditoría Superior del Estado, deberá prevalecer la intención de darle viabilidad y certidumbre a los órganos de fiscalización. Sólo así podrán garantizar que este nuevo órgano no sea nuevamente presa de los cuestionamientos y las tentaciones de remoción —como ha ocurrido en la última década, con las dos integraciones de la ASE— y sean verdaderamente reflejo de la intención constitucional de mantener órganos legitimados, autónomos y estables.

En efecto, luego de que se reformó la Constitución y se emitió una nueva Ley de Fiscalización, inició en la entidad el proceso para la elección de los integrantes del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. En medio de esto, resurgieron dos temas que serán centrales en los días y semanas siguientes: por un lado, el tema que es responsabilidad de la LXIII Legislatura del Estado, de elegir —ahora sí— a las personas más capaces para ocupar esos cargos; y en el otro extremo, la definición respecto a qué tanta autonomía y legitimidad le procurarán al OSFEO para que éste no termine siendo parte de las tentaciones sexenales que han llevado a la reintegración anticipada del órgano de fiscalización, en dos ocasiones consecutivas.

En el primero de los casos, es evidente que el Congreso tiene ahora la responsabilidad de demostrar que la reintegración del órgano de fiscalización tiene una intención positiva, y que ellos mismos harán lo necesario para que dicho órgano evite ‘nacer’ con cuestionamientos de origen. ¿Cómo lo harán? El único camino que tienen radica en elegir, al margen de cualquier criterio político o partidista, a las más preparadas y capaces mujeres y hombres para cumplir con las responsabilidades del OSFEO.

Esa es una labor titánica para un órgano altamente politizado como el Congreso local en el que, además, sus integrantes han estado acostumbrados a definir este tipo de cuestiones mediante el reparto de cuotas, o de las negociaciones eminentemente políticas y de intereses en las que el aspecto menos importante a evaluar es justamente la preparación técnica y profesional de quienes pueden integrar esos órganos.

De hecho, eso es lo que a la postre ha provocado las reintegraciones anticipadas de ese órgano de fiscalización, cuyos titulares no han podido gozar –ni la han propiciado, y mucho menos ganado— la estabilidad y la legitimidad en sus cargos, como para que no exista la tentación de removerlos. Esto, a pesar de que, en la lógica de los organismos constitucionalmente autónomos, estas dimisiones obligadas por la desconfianza sobre las lealtades al régimen antecesor, no debería ocurrir.

Aunque a la luz de los hechos, es claro que la responsabilidad política de que esto haya ocurrido recae en gran medida tanto en los respectivos gobernadores —Ulises Ruiz y Gabino Cué, respectivamente—, como en las dos Legislaturas del sexenio anterior, porque unos y otros, lejos de ponderar la urgencia de dar estabilidad y certidumbre a la reintegración de los órganos autónomos, prefirieron el camino fácil y cómodo de domar su autonomía con personajes no sólo cercanos, sino directamente ligados al régimen, y que además carecían de la legitimidad técnica, profesional y social que se supone que debía ser el pilar de la credibilidad de esos entes como contrapesos del poder público.

Por eso, si con algo los propios diputados podrán darle certidumbre a su obra, será justamente a través de procurar la designación de los perfiles ciudadanos más idóneos, y no necesariamente cercanos al régimen, con el objeto de que éstos no terminen cuestionados y defenestrados por sus propios intereses y antecedentes, y puedan ser garantes de la autonomía que la Constitución le está reconociendo a dichos órganos.

Autonomía real

La otra cuestión que será toral, es la relacionada con la autonomía que se le debe procurar al Órgano de Fiscalización. Ésta, documentalmente, ya existe en la Constitución. Sin embargo, queda claro que eso no es suficiente, y que más bien esa autonomía se debe establecer como un parámetro de conducta para todos.
Acaso, si para algo habrá de servir el recurso legal que presentó el auditor saliente, Carlos Altamirano Toledo, será justamente para poder discutir qué tanta autonomía le reconoce la Constitución del Estado al nuevo OSFEO a la luz de los sistemas estatal y nacional anticorrupción; y para establecer qué tanto están cumpliendo los diputados con ese principio constitucional al elegir al nuevo titular del órgano de fiscalización.

El asunto no es menor, porque en un ejercicio autocrítico debiera verse que esta nueva reintegración anticipada del órgano de fiscalización no abona a la estabilidad y certeza jurídica y constitucional que se supone que deben tener dichos órganos. Lamentablemente, en este caso, el propio auditor Altamirano Toledo decidió banalizar y rebajar esa discusión intentando este recurso constitucional, no como un medio para establecer una discusión deontológica-constitucional, sino como una forma de simple y llanamente frenar el proceso de selección y nombramiento de los nuevos integrantes del OSFEO, en el contexto del cruce de acusaciones con varios diputados sobre las peticiones —no satisfechas— de Altamirano para dejar el cargo sin recurrir a las impugnaciones.

Incluso, en detrimento de sus propias intenciones —que presentó en solitario, mediante un juicio de amparo— el juez que conoce del recurso constitucional que presentó, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado, pero únicamente respecto al nombramiento del nuevo titular del OSFEO, pero sin tener la capacidad para detener el proceso de selección de auditor y sub auditores, que sigue en marcha. Pareciera que, aún con el cúmulo de razones e instituciones que pudieran estar a su favor en un tema tan relevante como la preservación de la autonomía y certeza jurídica de los órganos de fiscalización, Altamirano no cosechó la simpatía de nadie —profesional e institucionalmente— y por esa razón se vio obligado a ir solo a un recurso para tratar de defender sólo sus derechos y no necesariamente los temas de fondo que debieran dominar esta discusión.

¿Qué queda?

Que los diputados traten de hacer su mejor papel posible en la conformación del órgano; que cumplan, como dice la Constitución, con el hecho de que quienes aspiren a conformar el OSFEO no sólo cumplan con los requisitos técnicos y profesionales que dice la propia Constitución, sino que lo acrediten. Y, en esencia, que rompan la inercia de que la autonomía es relativa, y la estabilidad de esos órganos es sólo sexenal. Como ha sido hasta ahora.

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