Diputados con fuero, ex munícipes en la impunidad

OAXACA, Oax. 27 de julio de 2017.- El combate a la corrupción en el Congreso de Oaxaca es mero discurso.

El compromiso de transparentar el uso de recursos públicos está solo en el discurso de los legisladores, muchos de los cuales saltaron de un cargo de elección popular en ayuntamientos para convertirse en legisladores con fuero e impunidad.

Es el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina, cuya administración municipal en Chiltepec no ha sido revisada, a pesar de los señalamientos que existen de presuntas irregularidades, como lo pidió en su momento el ex síndico Juan Verdeja Cruz, quien renunció a Convergencia, su partido cuando estaba en funciones, por estar en descuerdo con el manejo del ayuntamiento.

Pero la opacidad en las administraciones municipales no solo es de Morena, el partido al que ahora pertenece el legislador Molina.

Diputados de todas las fracciones actúan en contubernio para evitar que se revisen las administraciones municipales de sus pares.

Otro ejemplo es el de Tehuantepec, durante la administración municipal del ahora diputado Donovan Rito Salinas (PRI) –sobrino del ex funcionario Bulmaro Rito–, quien según un comunicado del Congreso pidió “evitar generar polémica” al auditor superior del estado, Carlos Altamirano, atribuyéndole declaraciones que no hizo.

Isaí Matus Labias, un ciudadano de Tehuantepec, encabezó una protesta en la Auditoría Superior del Estado para que el ex munícipe, Donovan Rito, rindiera cuentas de su administración, que dejó inconclusa al igual que algunas obras, para ir en busca del voto popular.

El señalamiento de malversación de recursos y falta de transparencia también alcanza al diputado Gustavo Marín Antonio, quien ahora usa las siglas del Partido Encuentro Social (PES) aunque durante su administración como alcalde de Santo Domingo Ingenio lo fue por el PRI.

Gustavo Marín ha sido denunciado por habitantes de su municipio de coaccionar el voto, destinar recursos públicos para fines partidistas y de no rendir cuentas a la población, situación que no ha sido investigada.

Así como ellos, hay otros legisladores como Juan Mendoza, del PAN, que también ocupa su cargo para solapar actos de corrupción, como el que denunciaron habitantes de Santa María Tonameca.

Armando Ibarra Razo, Wenceslao Ziga, Javier Méndez, Carlos Albor, Selene Velásquez y Carlos Velásquez denunciaron que el ex presidente municipal de Tonameca, Fernando Mendoza Reyes, hermano de Juan Mendoza, integrante de la Junta de Coordinación Política, malversó seis millones de pesos para la introducción de agua potable en San Agustinillo, sin que la Comisión de Vigilancia diera entrada a la solicitud de auditoría.

La legisladora Hilda Graciela Pérez, quien cuestionó severamente al auditor por sus supuestas declaraciones, es representante de Morena, el partido que ofreció combatir la corrupción desde el Congreso sin que hayan hecho acciones afirmativas de su discurso.

Incluso un dato que el mismo Congreso ofrece en voz de la diputada Eva Diego, ex priista y ahora perredista, puede dar idea de la falta de compromiso de los legisladores con la transparencia: 2 mil 137 expedientes de municipios sin resolver.

En la 62 Legislatura, los integrantes del Congreso reformaron el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.

La reforma hecha del 17 de octubre de 2016, dejó el texto del artículo 38 de la siguiente forma:

“Para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política, que se encuentren en funciones o hayan dejado de fungir como tales, por delitos cometidos con motivo de su encargo, se requerirá querella del Auditor Superior del Estado, previa autorización de la Junta de Coordinación Política”.

La 63 Legislatura no ha modificado ni trabajado en una legislación que quite ese candado por la conveniencia que les da el manejo de los resultados de las auditorías a su arbitrio.

Este jueves, diversos medios de comunicación difundieron que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca solapó actos de corrupción que podrían superar los 126 millones 479 mil 987 pesos, tan solo resultado de 10 auditorías, ocho a municipios y dos a instancias de gobierno, un número por demás inferior a las 2 mil 137 que están pendientes en el Congreso de Oaxaca.