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Por aclarar, 40 mil 800 mdp de la Cuenta Pública 2023: ASF
OAXACA, Oax. 26 de julio de 2017.- Los 42 diputados de Oaxaca se distribuyen 700 millones de pesos al año sin que nadie les pida cuentas o informen a la sociedad en qué y cómo los gastan.
Sobre el tema, el auditor superior del estado, Carlos Altamirano Toledo, consideró que sí se debe iniciar una auditoría al Congreso, pero son estos mismos los que autorizan el presupuesto para ello y este ha sido insuficiente.
Tan solo de los 570 municipios, el presupuesto alcanza para auditar a 40 municipios y muchas veces, el resultado de las auditorías tocan intereses de los legisladores lo que impide que sigan adelante.
Este jueves, Carlos Altamirano Toledo comparecerá ante las comisiones unidas del Congreso para hablar sobre el avance de las leyes anticorrupción en Oaxaca, aspecto en el que también los legisladores han sido omisos.
“El Congreso de Oaxaca pidió una prórroga para que sea el 31 de agosto cuando se revisen y en su caso aprueben las leyes reglamentarias sobre el sistema anticorrupción”, explicó el auditor en entrevista.
La fecha límite para que los congresos locales aprobaran estas fue el 17 de julio y los legisladores en Oaxaca incumplieron.
“El Congreso de Oaxaca es de los que más recursos gastan en operación y mantenimiento, de los que más recursos públicos destinan a la operación y lamentablemente no ha sido posible auditarlo”, expuso.
El auditor mencionó que a la ASE le destinan solo 70 millones de pesos, uno de los presupuestos más bajos en México, considerando estados como Chiapas, que reciben 100 mdp para auditar a los distintos poderes.
En su opinión, los legisladores no deberían oponerse a la auditoría puesto que son recursos públicos y es una exigencia de la sociedad conocer cómo se maneja.
Consideró que el problema no es de leyes, pues la de Oaxaca está considerada como una de las mejores legislaciones del país en materia de auditoría, sin embargo, no se aplica.
Incluso, los legisladores en Oaxaca son los primeros en pretender violar la legislación, como lo intentan ahora al hacer una modificación a modo para pedirle que renuncie.
Tengo muchas presiones con el cambio de administración, cosa que no debería ser, la 61 legislatura me nombró, mi nombramiento lo aprobaron la mayoría de las fracciones parlamentarias y el período termina hasta agosto de 2018, explicó.
Dejó en claro que no está protegiendo a ningún gobierno en turno, porque no fue electo por un gobierno, sino atender el principio de la legalidad y el no atropello a la ley y el espíritu de la legislación es que un auditor no dure menos de siete años en el cargo para que su función se transexenal.
“Lo más grave que hay en Oaxaca es la corrupción y eso lo entiendo, por eso digo que sí se debe auditar al Congreso”.
También explicó que su nombramiento no fue acuerdo con el PRD o una fracción y que su actividad como auditor ha sido apegada a derecho y con los pocos recursos que tiene.
Refirió que desde hace más de un mes, la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Oaxaca tiene detenido el resultado de auditorías para que se inicien las querellas.
“La ASE está atada de manos porque hubo una modificación a la ley que establece que los resultados de las auditorías los debe pasar a la Junta de Coordinación Política y estas enviarlas a la Fiscalía, pero no lo han hecho”, mencionó.
Mencionó como uno de los avances en la auditoría, la solicitud de contabilidad a todos los municipios porque no se sabía qué hacían con los recursos “mientras no tengamos información, no podemos medir de qué tamaño es la corrupción”.
“En Oaxaca lo que hay mucho es impunidad en la medida que no se aplica la ley, pero ¿cómo la van a aplicar? Si son ellos mismos los que hacen las leyes y yo digo que el buen juez por su casa empieza, debería auditarse al Congreso».