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OAXACA, Oax., 28 de julio de 2017.- Aunque los legisladores rechazaron que solapen actos de corrupción, los documentos que han detenido en la Junta de Coordinación Política muestran lo contrario.
Ex ediles y ex funcionarios públicos que tienen observaciones durante su administración, han gozado de total impunidad al no continuar el procedimiento legal para su posible sanción.
Los legisladores que participaron este jueves en el análisis a las reformas y adiciones a la ley de fiscalización superior para el Estado de Oaxaca, mañosamente endilgaron la responsabilidad de la información difundida al auditor superior del estado, Carlos Altamirano Toledo, quien no ha emitido declaración sobre el tema.
Sin embargo, nunca rechazaron que la Junta de Coordinación Política tiene en su poder los oficios en los que envían el resultado de las auditorías, cuyos expedientes documentan presuntas irregularidades y que debieron enviarse a la Fiscalía General de Oaxaca para seguir el procedimiento.
Los expedientes son de las revisiones de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015.
Y aún cuando los legisladores saben que es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política darle cauce al procedimiento de sanción, pretendieron señalar al auditor de sus omisiones.
La información que tiene la Junta de Coordinación Política, es el resultado de diez auditorías que se realizaron para documentar el presunto desfalco y que, por razones no aclaradas, han sido detenidas por los legisladores desde el mes de junio.
Es el caso del municipio de San Mateo Yoloxochitlán, en el distrito de Teotitlán, por el ejercicio fiscal de 2012, cuyas observaciones se hicieron en 12 millones 157 mil 705.08 pesos. Están señalados como presuntos responsables las ex autoridades Jerónimo Prado Valencia, Romualdo Vásquez Calvo, Laurentino García Pereda y Paulo de Jesús Contreras Castañeda, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal.
En San Jerónimo Taviche, Ocotlán, la revisión de 2013 arrojó irregularidades en el manejo de 6 millones 485 mil 822.76 pesos. Están señalados como presuntos responsables Martín Hernández, Juan Jesús Antonio, Pascual Rodríguez Martínez y Moisés Hernández, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal.
De igual forma, en el ejercicio de 2012, el ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón presentó irregularidades por 2 millones 295 mil 463.84 pesos, expediente en el que se señala como presuntos responsables a Miguel Ángel Olmos Cortés, Maximino Dorantes, Pablo Adalid Toledo, Pomposo Rocha y Jorge Alberto Cortés, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda, regidor de obras y tesorero municipal.
En 2013 se encontraron irregularidades por 6 millones 442 mil 364.76 pesos en Taniche Ejutla, en el que se señala como presuntos responsables a Salomón Barrita, Julián Reyes Saavedra, Alejo Urgano Vásquez y Donato Lorenzo, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal.
De ese mismo distrito, pero en La Compañía, hay irregularidades en el manejo de un millón 327 mil 709.05 pesos, cuyos presuntos responsables son Saúl Herrera, Francisco Mijangos, Abel Rodríguez y Arnulfo López, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal, respectivamente.
Otro de los casos que ha tenido la complicidad del Congreso para no ser enviado a la Fiscalía es el de San Juan Bautista Lo de Soto, en 2013, por un monto de 5 millones 573 mil 212.20 pesos, y cuyos presuntos responsables son José Alberto Hernández, Gerónimo Martínez, Carmelo Abad y Ervey García Hernández, quienes fungieron como presidente, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal.
Al igual que los 14 millones 658 mil 057.90 pesos que presentan irregularidades en 2013 del municipio de San José del Progreso, cuyos presuntos responsables son Alberto Mauro Sánchez, Amador Jaime Vásquez, Servando Díaz Vásquez y Aida Guadalupe Torrres, quienes fungieron como presidente municipal, síndico municipal, regidor de hacienda y tesorero municipal.
Santa María Sola de Vega también tuvo irregularidades en el manejo de 5 millones 523 mil 040.32 pesos en 2013 y nada ha pasado, ya que Ysaías Vásquez Luis, Juan Abel Quiroz, Guillermo Salomón Juárez y Saúl Vásquez Marcial, quienes fungieron como presidente municipal, síndico, regidor de hacienda y tesorero municipal no han sido reportados a la Fiscalía.
La corrupción más escandalosa que solapa la Junta de Coordinación Política está en dos instancias del gobierno de Oaxaca, en las cuales se documentaron irregularidades millonarias.
Por ejemplo, en la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), en 2015, se detectaron irregularidades en el manejo de 37 millones 684 mil 110.35 pesos y en el que se señala como presuntos responsables a los ex funcionarios Netzahualcóyotl Salvatierra López, Héctor Ruiz Luna, María Soledad Méndez Vásquez, Rafael Juan Trejo, Sergio Ubaldo Pimeltel Coello, Jesús Nicolás Fernández del Campo Cruz y José Manuel Altamirano Ruiz.
Y aún cuando pudiera servir para incorporarlo al proceso que se sigue por los desfalcos en la Secretaría de Salud, la Junta de Coordinación Política ha detenido el expediente que documenta irregularidades en el manejo de 34 millones 241 mil 441.08 pesos, en el que están señalados como responsables el ex secretario Germán Tenorio Vasconcelos y otros ex servidores como Rafael Pérez Gavilán (finado), Víctor Hugo León Santos, Lilio Hernández Santiago, Martha Doroteo López, Hugo Alberto Espinoza Morales, Alfonso de Jesús Alcántara Jiménez, Juan Manuel Meza Marín, Rodolfo Castillo Hernández, Celso García Reyes, Oseas Alberto Hernández Avelino, José Romero Toledo, Óscar Reyes Matadamas y Juan Carlos Feria Robles.
El monto total de estas 10 auditorías se estima en 126 millones 748 mil 987 pesos con 34 centavos que la Junta de Coordinación Política no ha permitido que continúe el proceso para aclarar su uso y destino, además de la posible sanción en contra de quién o quiénes resulten responsables.