Doble ciudadanía, derecho a ser votado

¿Es relevante cambiar la Constitución para que mexicanos con doble nacionalidad no puedan ser votados en elección presidencial o de gobernador?

Absolutamente no, desde el punto de vista del país y del principio de igualdad ante la ley.

Sí, para el régimen político en el afán de mantenerse en el poder, no tanto porque el cambio constitucional cierre la puerta a una persona en particular, sino por el intento de manipular el sentimiento nacionalista en su favor.

La nacionalidad debe diferenciarse de la ciudadanía; la primera, casi siempre se deriva del origen de la persona por haber nacido en otro país o por tener un progenitor de otra nacionalidad. Para algunos países la nacionalidad es irrenunciable, un atributo de la persona.

La ciudadanía casi siempre es una decisión, personas mayores de edad que por la consideración que sea deciden pertenecer a otro Estado. La doble nacionalidad es accidental; la ciudadanía, voluntaria. Discriminar a una persona por lo primero es inaceptable; por lo segundo, discutible.

El nacionalismo del régimen y su ostensible defensa de la soberanía nacional no son auténticos. Por una parte, es utilizar tales sentimientos para preservar el poder bajo la falsa tesis de que los demás son potenciales traidores a la patria.

Además, si estamos hablando de Estados Unidos, poco tiene de nacionalismo en las autoridades someterse a la exigencia del vecino de desplegar miles de soldados y policías para proteger a las fronteras no del crimen, sino de los migrantes.

Todavía peor, es expulsar a connacionales sin las garantías del tratado de extradición, decisión inconstitucional que se enmarca en las hipótesis de traición a la patria.

El sobrevuelo de drones militares sobre el territorio nacional es violación a la soberanía, aunque sea consentida por el Estado huésped.

Es necesario preguntarse hoy día sobre las amenazas a la soberanía nacional. En primer lugar, los poderosos cárteles de las drogas disputan al Estado mexicano el monopolio de la violencia, la justicia y las atribuciones fiscales a través de una desbordada extorsión.

Desde luego que el poderoso vecino del norte, más con Trump presidente, plantea un desafío en términos de soberanía nacional.

Pero esto nada tiene que ver con la exigencia judicializada de que las autoridades detengan y/o extraditen a mexicanos que realizan actividades criminales con impacto en EU, particularmente el narcotráfico.

México exige lo mismo de EU y no es agravio a la soberanía; se trata de hacer valer la ley y llevar a la justicia al criminal. México está en serios problemas y su origen es la impunidad, exacerbada con la destrucción de la independencia de la FGR y la del Poder Judicial Federal.

No hay autonomía, hay consigna y el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia es un circo, una comedia de carpa que hasta a su misma promotora avergüenza.

La Corte no ofrece certeza de derechos, a grado tal que ahora que la señora Lenia Batres sea presidenta despierta un repudio generalizado, hasta en el mismo pleno del supremo tribunal.

A ella corresponde la presidencia, pero es impresentable, no da ni para el engaño como sucede con el farsante que hoy preside, mientras la presidenta Sheinbaum presume que México es el país más democrático porque tuvo la decisión temeraria e irresponsable de elegir por voto popular juzgadores, en una farsa de elección que acabó con la justicia mexicana.

Son tantos y tan graves los problemas que enfrenta el país que vuelve inexplicable ocuparse en una reforma irrelevante y sin otro sentido que la propaganda.

O más bien de eso se trata, de un recurso distractor, de cambiar el debate sobre la connivencia del régimen político con el crimen organizado.

Un diseño deliberado por la amenaza sobre el régimen político y de paso un argumento sobre la pretendida superioridad moral de quienes gobiernan.

A la presidenta Sheinbaum le sucede lo que a casi todos los presidentes, el complejo de la singularidad. Ella, sin duda, es por género, aunque no ha sido su prioridad ni virtud, como tampoco fue la de su antecesor, aunque tuvo a bien promover a una mujer como sucesora; queda claro que fueron razones de conveniencia personal y la presidenta con creces ha cumplido.

Convocar al Constituyente para modificar la norma fundamental por una reforma tan irrelevante a partir de un propósito tan menor es perder sentido no sólo de la investidura, sino del tiempo y de su circunstancia.