Dresser no sabe qué es un golpe de Estado

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre de 2016.- En una evaluación crítica que hace sobre los textos periodísticos de escritores metidos a comentaristas, el académico español Ignacio Sánchez-Cuenca logró acuñar una caracterización que asume las condiciones de categoría politológica y que titula su libro: La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (editorial Catarata, 2016).

La tesis central señala que escritores (narradores, sobre todo) e intelectuales (politólogos, básicamente) llegan a conclusiones sobre la realidad que nada tienen que ver con la realidad y que muchas veces sólo tratan de mantener ocupado su espacio o suponen a lectores ávidos de conclusiones disfrazadas de razonamiento.

El artículo de la académica Denise Dresser en Reforma el lunes pasado cae en la tipología de Sánchez-Cuenca: la doctora en ciencias políticas señala que la petición del secretario de la Defensa nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, de un marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas en acciones de mantenimiento de seguridad interior ante el escalamiento de armas y violencia del crimen organizado fue un “auto-golpe de Estado” del presidente Peña Nieto.

Su conclusión es su razonamiento máximo. Sin embargo, la caracterización politológica de un golpe de Estado es mucho mayor: la acción de fuerza de fuerzas armadas para anular el funcionamiento de las instituciones democráticas y construir un gobierno militar en sus decisiones. Y si se asume esta precisión, lo que menos hubo fue un golpe de Estado militar o un “auto-golpe” presidencial.

Las razones de negar están a la vista: las instituciones políticas, sociales, de derechos humanos, legislativas y judiciales siguen funcionando sin interferencias militares; los partidos de oposición — mayoría frente al PRI—pueden seguir operando contra el gobierno sin temer a los militares, México está bajo escrutinio estricto de los organismos internacionales de derechos humanos, los disidentes no son encarcelados y a veces abusan de sus libertades en conflictos sociales callejeros, las leyes siguen rigiendo el funcionamiento nacional, existen medios de comunicación que critican sistemáticamente al gobierno y el presidente de la república ha sido sometido a una feroz crítica sin que sus críticos teman por su vida. Y en el 2018 la oposición puede quitarle nuevamente el poder presidencial al PRI.

Sánchez-Cuenca se refiere a las opiniones políticas de intelectuales y politólogos cuyo contenido está “más próximo al de un tertuliano que al de un académico”. Dresser, doctora en ciencias políticas, ha sido dominada más por la opinionitis de tertulia que por los razonamientos propios de las ciencias sociales, la ciencia política o la filosofía política. Sánchez-Cuenca se refiere a “los excesos, las burradas, las extravagancias” de las opiniones de los intelectuales y su debate se agota “en una feria de vanidades” afianzadora de una personalidad pública: en México sería el síndrome Monsiváis o cómo quedar atrapado en la jaula de su propia fama pública.

La seriedad necesaria para el debate sobre el marco jurídico para las fuerzas armadas — seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia, espionaje y seguridad pública como soberanía del Estado– ha sido choteada por la falta de argumentos y por caracterizaciones que buscan anular el debate enarbolando petates del muerto, sin entender una lógica más simple: el marco jurídico definiría dentro de la ley la actuación de las fuerzas armadas contra criminales, cuya inexistencia hoy explicaría abusos.

En México la “desfachatez intelectual” es un posicionamiento público que elude el análisis y la comprensión de la realidad. Y muchos textos de la doctora Dresser lo reconfirman.

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Sólo para sus ojos: PRI y PAN suman mayoría en materia legislativa y los dos tienen deudas con el ejército porque el panista Felipe Calderón inició la ofensiva de seguridad contra el crimen organizado en diciembre de 2006 y el PRI la continuó este sexenio.

De nueva cuenta algunos empresarios preguntan por el programa contra-cíclico que pudiera contener la caída del PIB, pero en Hacienda están más preocupados por la precandidatura presidencial de su titular que por la economía.

A pesar de contar con más de 175 mil millones de dólares de reservas, las autoridades no quieren sostener el tipo de cambio porque el nerviosismo del mercado podría comenzar a tragarse esos fondos. En este año se han quemado más de 20 mil millones de dólares de esas reservas y la cotización del dólar sigue subiendo.

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