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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2021.- Las remesas significan apenas 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); por ello, considerar que son un puntal de la economía es un análisis desafortunado porque no se depende de ellas, afirmó Genoveva Roldán Dávila, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), de la UNAM.
Son un soporte importante para alrededor de un millón 600 mil hogares que las reciben, casi cinco por ciento del total en el país. Y “aun así hay datos que indican que en 70 por ciento de los casos, esos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales; 350 dólares al mes son útiles y necesarios para resolver problemas urgentes y completar los ingresos que las personas puedan tener en México para el consumo alimentario, atender la salud o la educación”, indicó.
Hay países que dependen de ellas, por ejemplo Haití, donde representan 26.5 por ciento del PIB; El Salvador 21.4 y Honduras, 20 por ciento. En la economía mexicana no llega al tres por ciento e históricamente ese ha sido su comportamiento; en 2006 representaron 2.6%, recordó la investigadora.
No obstante, en el caso de la República Mexicana, hay algunas entidades y municipios, como Michoacán, donde superan el 10 por ciento del PIB; Jalisco, 9.8 por ciento; y Guanajuato, 9 por ciento. Ciudades como Tijuana, Puebla, Morelia, Guadalajara, Culiacán, Oaxaca, León, Zapopan, Monterrey y San Luis Potosí también tienen alta dependencia de esas divisas.
La universitaria recordó que durante décadas la economía del país se sostuvo por los ingresos de las exportaciones petroleras. Eso implicaba una aportación importante al PIB y al sistema fiscal mexicano. “Los impuestos que le pagaba Pemex al Estado eran de una magnitud exorbitante y eso le permitía tener los ingresos suficientes para su presupuesto anual. Se hablaba de una ‘petrolización’ de la economía”.
En los últimos dos años se transformó. La caída en los precios del petróleo ha sido brutal, son fenómenos que afectan la economía mexicana y a la del mundo. A esta situación se suman los cambios en la política económica para que la paraestatal pague menos impuestos, a fin de que tenga posibilidad de reinversión, desarrollo y crecimiento propios.
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