Educación: la base de la competitividad

Esta semana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2025 (ICE 2025), los cuales colocan a Michoacán en el lugar 29 de 32, paralizado en el mismo sitio que el año anterior.

Mucho más que una estadística desfavorable más, esta ubicación representa un grito de alarma: nuestro estado se encuentra estancado, sin señales claras de despegue y con lastres estructurales que limitan su capacidad para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

El ICE 2025 ofrece una radiografía precisa del potencial de cada entidad federativa para atraer y retener talento, impulsar la inversión y consolidar un entorno institucional propicio para el crecimiento. Su publicación la enmarca el IMCO en los esfuerzos del Gobierno Federal por consolidar el llamado Plan México, una ambiciosa estrategia que busca posicionar a nuestro país entre las diez economías más fuertes del mundo hacia 2030.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia nacional depende sustancialmente del desempeño de los estados. Ninguna política industrial puede sostenerse si no hay bases sólidas de educación, infraestructura, legalidad y capital humano. En Michoacán, esas bases están visiblemente erosionadas.

Entre los seis subíndices que integran el ICE —derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, economía e innovación— la educación constituye un transversal. Los datos revelan una verdad contundente: Michoacán no solo está rezagado en cobertura educativa, sino que su nivel de escolaridad promedio, su baja proporción de técnicos y profesionistas, y su desvinculación con sectores productivos hacen que su sistema educativo sea hoy el principal freno al desarrollo.

Veamos con mayor detalle los puntos más críticos.

1. Cobertura secundaria y educación superior: un cuello de botella estructural

La tasa bruta de escolarización en secundaria es de apenas 85 por ciento, ubicando a Michoacán en la penúltima posición nacional. Esto significa que más de uno de cada siete adolescentes no accede o no concluye la secundaria. Estamos hablando de un derecho constitucional vulnerado, pero también de un desperdicio masivo de capital humano potencial.

A esto se suma que solo el 21 por ciento de las personas mayores de 25 años ha cursado estudios técnicos o superiores. No hay manera de insertarse en una economía global sin una masa crítica de profesionistas, técnicos especializados y agentes de innovación. Este dato nos sitúa en la posición 28 del país, pero en términos de competitividad, nos relega a los últimos vagones del desarrollo nacional: los de la llamada “franja de la pobreza”.

Michoacán enfrenta así una trampa de doble filo: excluye a miles de jóvenes de una educación básica completa y, al mismo tiempo, no logra generar el talento especializado que exige el siglo XXI.

2. Escolaridad promedio: el círculo vicioso del rezago

Con un promedio de 8.7 años de escolaridad —menos que la secundaria completa— Michoacán exhibe una trayectoria interrumpida para una amplia franja de su población. La baja escolaridad no es solo una estadística educativa; es un obstáculo cotidiano para acceder a empleos formales, usar tecnología, comprender derechos básicos o iniciar un negocio. Al ser definido el rezago educativo como el no haber cursado la educación básica a partir de los 15 años de edad,  con tan solo 8.7 años de escolaridad promedio imperantes en Michoacán de Ocampo, nos encontramos en posición de estar en rezago educativo también como promedio.

Este nivel de escolaridad también explica fenómenos como la informalidad laboral, donde dos de cada tres michoacanos laboran en ella, la baja productividad y la limitada atracción de inversiones. En resumen: sin más años de escuela, hay más años sin progreso.

3. Inversión extranjera: la confianza ausente

El estado ocupa los últimos lugares en la recepción de inversión extranjera directa (IED), con apenas 0.2 dólares por cada mil de PIB. Esta cifra es una condena silenciosa. La IED no llega porque no hay condiciones: falta seguridad, infraestructura logística, certeza jurídica y, sobre todo, talento calificado.  En contraste, sobran violencia, inseguridad, desplazamientos forzados, masacres, migración, pobreza, desigualdad, corrupción y muchos otros flagelos sociales más.

Sin IED no hay suficiente transferencia tecnológica, se limitan las cadenas de valor, hay menos empleos bien remunerados. La desconfianza del capital internacional hacia Michoacán pareciera ser proporcional al abandono de sus sistemas de formación, como lo han demostrado con antelación diversas empresas que se han instalado en estados vecinos por poner a disposición institutos de investigaciones y carreras técnicas para proveer de talento calificado a las industrias.

4. PIB per cápita: pobreza estructural

El ingreso promedio por habitante en el estado nos sitúa también en la posición 28. Esta cifra no solo refleja una economía poco productiva, sino también una estructura social frágil, con bajo consumo, poca movilidad y vulnerabilidad ante crisis. La pobreza se reproduce en ciclos: a menos ingresos, menor inversión en educación, menor acceso a servicios, mayor marginación. Romper este ciclo exige decisiones estructurales, no solamente paliativos.

5. Informalidad y exclusión de las mujeres

Dos datos ilustran la precariedad laboral: 67% de la población trabaja en la informalidad, y solo el 21% de las mujeres económicamente activas participan en el mercado formal. Ambos indicadores nos colocan en la parte baja del ranking nacional.

La desigualdad de género y la debilidad del mercado laboral son manifestaciones de una economía michoacana que no ha podido, sabido ni querido incluir a toda su población. La informalidad erosiona derechos, inhibe la productividad y perpetúa la desigualdad. La exclusión femenina, por su parte, significa el desperdicio de la mitad del talento disponible.

6. Corrupción y opacidad: visibles enemigos públicos.

El 88% de la población percibe altos niveles de corrupción en el gobierno estatal. Esta percepción, respaldada por múltiples escándalos, socava la confianza ciudadana, inhibe la participación y aleja la inversión.

A ello se suma que solo el 11% de las personas ha consultado información financiera pública en línea. La transparencia es un pilar de la democracia y la competitividad; su ausencia condena a Michoacán a vivir entre sombras.

7. Salud precaria: el bienestar en riesgo

Con apenas 0.6 camas hospitalarias por cada mil habitantes, Michoacán se coloca en la posición 26 nacional. Esta cifra revela carencias materiales y la vulnerabilidad estructural del capital humano.

Sin salud se desmorona el aprendizaje, no hay trabajo, no hay innovación. La inversión en infraestructura hospitalaria no puede seguir siendo postergada.

8. Logística débil y riesgo ambiental

La carga aérea por habitante y el tratamiento de aguas residuales muestran también cifras preocupantes. Con solo 2.4 kg por cada mil habitantes en carga aérea (posición 27) y 0.6 lps por cada mil habitantes en tratamiento de aguas (posición 24), el estado exhibe debilidades críticas tanto para exportar como para garantizar sostenibilidad ambiental.

Ambos indicadores son claves para integrarse a las cadenas globales de valor y para garantizar calidad de vida en el largo plazo. La transferencia de tecnología brilla por su ausencia a pesar de contarse con institutos de investigaciones al respecto.

En suma, lo que estos indicadores revelan es un problema sistémico. El talón de Aquiles de Michoacán no está solo en sus finanzas públicas, su seguridad o su infraestructura. Está, principalmente, en su sistema educativo. Un sistema que no logra asegurar cobertura básica, que excluye a miles de jóvenes del bachillerato, que produce egresados desvinculados del aparato productivo, y que no ha sabido integrar la formación técnica con los retos del futuro digital. No se puede hablar en serio de competitividad si no se forma capital humano de excelencia, factor que en Michoacán se desperdicia o se trunca desde la más tierna infancia.

Frente a este panorama, no basta con diagnósticos: se requieren decisiones valientes, sostenidas y estratégicas. A continuación, se presentan diez propuestas concretas de política pública, todas articuladas con una visión de largo plazo:

1. Apuntar hacia la cobertura universal de secundaria y media superior al 2030.
   Garantizar acceso y permanencia a secundaria y bachillerato mediante becas, tutorías y rediseño curricular contextualizado. Ningún joven debe quedar fuera por pobreza, violencia o migración forzada.
2. Sistema estatal de formación técnica dual.
   Crear un modelo robusto de educación técnica con alternancia entre aulas y empresas, inspirado en el modelo alemán, vinculado con sectores estratégicos como agroindustria, logística, energías limpias y tecnologías de información.
3. Plan de atracción de inversión anclado en talento local.
   Vincular la política educativa con la promoción económica, ofreciendo paquetes integrales de inversión que incluyan formación de talento local a la medida de las necesidades industriales.
4. Programa estatal de primera infancia con énfasis en neurodesarrollo y nutrición
   Intervenir desde los primeros 1,000 días con servicios de salud, estimulación temprana y acompañamiento familiar. Sin cimientos cognitivos y afectivos sólidos, todo esfuerzo posterior será limitado.
5. Escuelas de jornada ampliada y centros comunitarios de aprendizaje
   Reactivar e institucionalizar la jornada extendida en escuelas prioritarias, con servicios integrales, como la alimentación, arte, deporte, habilidades digitales y apertura vespertina a las comunidades.
6. Plataforma estatal de transparencia educativa
   Publicar en línea información accesible sobre gasto, indicadores de aprendizaje, resultados docentes y avance de programas educativos, así como reportes diarios de apertura de centros escolares y grupos. La rendición de cuentas debe ser la norma, no la excepción.
7. Fortalecimiento del normalismo y profesionalización docente continua
   Resignificar las escuelas normales, actualizando sus planes de estudio y evaluando egresados con estándares nacionales, conforme a los planes y programas de estudio imperantes, así como implementar una política de formación continua en servicio basada en evidencia, con total cargo a la parte patronal.
8. Transversalización de la perspectiva de género en educación y empleo
   Incluir desde preescolares contenidos que promuevan la igualdad sustantiva. Fomentar programas de empleabilidad y liderazgo económico para mujeres jóvenes en carreras STEM y sectores estratégicos.
9. Infraestructura educativa segura, digna, resiliente y conectada
   Priorizar escuelas dignas, seguras, equipadas con conectividad, energías limpias y espacios comunitarios. Invertir donde más se necesita, con enfoque territorial y generando condiciones plenas de seguridad para el acceso a los planteles escolares.
10. Observatorio estatal de competitividad con participación ciudadana
    Crear un organismo técnico-ciudadano que monitoree avances en competitividad desde una perspectiva de justicia educativa, con capacidad de influir en presupuestos y decisiones clave.

En síntesis, la competitividad no se construye desde la negación ni desde el voluntarismo. Se construye desde la verdad. Y el IMCO hoy nos muestra a un Michoacán procrastinado, con un sistema educativo más parecido a un muro que a un puente o a un motor.

Reconocer la realidad no es demoler al régimen vigente, sino el primer paso para alcanzar la tan discursada transformación. Hay talento, recursos y dotación de factores. Lo que falta es voluntad política de priorizar a la educación como eje estructurador de la competitividad y la justicia, para ejercer a través suyo las acciones de desarrollo que transversalmente nos son indispensables.

Es tiempo de construir el Michoacán posible. Y ese Michoacán solo puede edificarse desde las aulas. Merecemos un gobierno educador.

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C