Economía en sentido contrario: Banamex
Sin duda que se trata de un decreto delirante, propio de un dictador que no tolera el “no”.
Otro decreto de un presidente que día a día pierde consenso y que, por esa razón, no encuentra otra salida que recurrir a la autoritaria figura del “decretazo”, como el que amenaza emitir para que ciudadanos y empresas aéreas vuelen por el remodelado Aeropuerto de Santa Lucía.
Es decir, a mayor debilidad del mandatario y a menor consenso social de sus alocadas decisiones, cada vez serán más y de mayor riesgo los decretos dictados desde Palacio.
Decretos que no solo carecen de consenso ciudadano sino que –como en el caso del decreto expropiatorio del Tren Maya–, ignoran la voz popular y refuerzas el talante autoritario de un presidente cada día más solo.
Y es que López Obrador no tolera que la realidad confirme que resultó un rotundo fracaso el capricho motejado como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
No tolera la crítica por el fracaso y tampoco la burla mordaz tanto de los “cartonistas” como de los críticos y especialistas.
Pero tampoco tolera que el delicado negocio del trasporte aéreo se haya negado a utilizar una terminal que resulta costosa para todos; para las líneas aéreas, para los usuarios y, en especial, para los ciudadanos que menos tienen.
Y es que “el gran pecado” de la remodelada terminal de Santa Lucía es que su costo no sólo será pagada por los usuarios –mexicanos que pueden desembolsar miles de pesos por un transporte exclusivo, como el transporte aérea–, sino que “el caprichito” lo pagaremos todos, con nuestros impuestos, incluidos los mexicanos que menos tienen.
Es decir, que los más pobres y que nunca han utilizado transporte aéreo –y probablemente nunca lo usen–, pagarán buena parte del costo del AIFA y subsidiarán a los que más tienen; a los “clasemedieros” mexicanos, que son los mayores usuarios del exclusivo transporte.
En pocas palabras, resulta que López Obrador derribó el NAIM que sería pagado exclusivamente por los usuarios del transporte aérea –y sin costo para los contribuyentes–, y edificó el AIFA exclusivamente con dinero público; recursos que fueron escatimados a un mejor servicio de salud, una mejor educación pública, mejor seguridad, más medicinas…
Por esa razón –porque se tira a la basura el dinero de los más pobres–, resulta más cuestionable el intento de Palacio de obligar a las empresas y a los usuarios a volar, por decreto, desde el AIFA.
Claro, sin tomar en cuenta que un decreto que obligaría a empresas y usuarios a volar desde el AIFA, de nuevo abrirá las puertas a la necesidad de recurrir masivamente a la figura del amparo.
Pero en especial, tal decreto –que obligaría a las empresas a prestar servicio desde Santa Lucía y que no deje más alternativa que Santa Lucía a los usuarios de ese transporte–, es prueba plena del talante dictatorial, autoritario, intolerante y pendenciero del mandatario mexicano.
Y es que si bien el decreto es una figura legal y necesaria en manos de toda autoridad –en casos extremos–, también es cierto que para un mandón delirante, como López Obrador, no solo es un nuevo abuso de poder y de autoridad, sino un mural, de cuerpo completo, del tirano en cuyo diccionario no aparecen las expresiones “fracaso” o “no”.
Y, a propósito, contaban los abuelos la parodia del político que en campaña pregonaba que, de ser electo, “les vamos a construir el puente…”, a lo que una nutrida multitud respondía a gritos: “pero no tenemos río y no necesitamos puente”.
Entonces, el político replicaba, al mejor estilo de López Obrador: “pues entonces también les construimos el río”.
Lo cierto es que intentar un gobierno por decreto –como lo lleva a cabo López Obrador–, además de reforzar el talante autoritario y dictatorial de quien lo intenta, profundiza la percepción social de que el gobernante es un mandón poco o nada confiable, que desprecia el diálogo, la negociación y el acuerdo, además de que rechaza la legalidad.
Y conforme se agota el tiempo del gobierno de AMLO, también crece la tentación autoritaria de recurrir al extremo del decreto; como amenazó el propio presidente a quienes se oponen al Tren Maya.
Vale recordar que apenas el pasado fin de semana, al referirse a las voces que rechazan el “ecocidio” que se comete en el sureste mexicanos a causa de otro de los caprichos presidenciales, López Obrador amagó con otro decreto: la expropiación de tierras de particulares.
Queda claro que, conforme se consume el sexenio fallido de López Obrador, el mandatario mexicano endurece cada día más sus caprichosas decisiones, al extremo de exhibir –a los ojos de México y del mundo–, que el mexicano es un presidente cada día más solo, más aislado, más autoritario y al que poco o nada le importa el interés de sus gobernados.
¿Qué más podemos esperar los ciudadanos de un presidente que está dispuesto a utilizar el decreto para todo aquello que se opone a sus delirios, dislates y ocurrencias?
Y ese es el verdadero peligro; que un locuaz presidente pierda la última pizca de cordura que le queda, frente a una eventual “paliza” electoral que en las próximas elecciones sepulte a su partido, sus candidatos y ambiciones de trascender a los altares de la patria.
En pocas palabras, queda claro que un mandatario que gobierna con el decreto en la mano, como López Obrador, terminará por decretar la validez o la nulidad de las elecciones presidenciales del 2024.
Sí, por los delirios presidenciales, la democracia mexicana está en el mayor riesgo de su historia.
Al tiempo.