El dilema de la pobreza en el campo

• Líderes usan a Zapata y a campesinos para no perder su gran negocio
• Y el Gobierno insiste en que la mayoría son corruptos

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2019.- El sector rural del país será donde se libre la batalla más importante contra la pobreza y en el que se observará el cumplimento de los compromisos y metas establecidos por el gobierno de la Cuarta Transformación. O también, donde se observe el colapso de esta administración.

El principal factor para combatir tanto la pobreza alimentaria como la moderada es el incremento en la producción del agro, una de las metas fundamentales que tiene el gobierno actual y por la cual se dejó de dar recursos a las llamadas organizaciones campesinas, para, ahora sí, destinar los apoyos directamente a los productores sin que el dinero se queden en los intermediarios, quienes sólo soltaban migajas a sus agremiados.

En el estudio México Rural del Siglo 21 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en 2018, se establece que este segmento representa el 23 por ciento de la población nacional y que la pobreza extrema afecta a 17.4 por ciento del total, mientras que en zonas urbanas sólo alcanza al 4.4 por ciento.

Según el documento, en México, poco más del 50 por ciento de la población en pobreza extrema habita en localidades rurales donde se expresa por diferentes rezagos como, por ejemplo, el educativo y los servicios.

Prueba de ello es que el 80.5 por ciento de los hogares rurales tiene acceso al agua mientras que en localidades semiurbanas o urbanas el líquido llega al 95.8 por ciento. Ante esta realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo apenas en Rio Grande, Zacatecas, algo muy cierto y que se sabía desde hace más de tres décadas: En el campo, las organizaciones estaban acostumbradas, mal acostumbradas a recibir dinero.

Pero se acabó eso, ahora todo el apoyo llega directo al beneficiario. Sí, porque no llegaba completo, la mayor parte ha servido para enriquecer a los dirigentes, a quienes ahora no les gusta el cambio y por eso organizan paros y protestas.

Se les daban recursos a través de Sedesol, hoy Bienestar; y de Agricultura, antes SAGARPA, miles de millones de pesos que no eran para incentivar la producción, sino para enriquecer los bolsillos de los caciques de las organizaciones, de esos “campesinos con Rolex”, que “cuando mucho compraban despensa para repartirle a la gente, ni siquiera el frijol bueno de Río Grande, sino frijol con gorgojo, y ellos se quedaban… Ya eso ya no, ahora lo que era el Procampo es directo”. Cierto, con la entrega de los recursos se favorecía a los de más arriba a los grandes agro empresarios, exportadores y a las empresas transnacionales, mientras que “los de abajo” sólo veían pasar los apoyos.

En el Gobierno, aseguró López Obrador, ahora se atiende a todos “pero por el bien de todos, primero los pobres, primero los más necesitados… Porque el Estado tiene que ayudar al desposeído, al pobre, esa es su función principal”.

Sin embargo, al sentir atacados sus intereses, los líderes comenzaron a llamar a los campesinos (a su carne de cañón), para manifestarse en varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, con el pretexto de la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, “El Caudillo del Sur”.

Su discurso fue el mismo que se empleó en todas las manifestaciones realizadas contra los gobiernos neoliberales, aunque los sombrerazos y gritos no tenían ya ese contexto, pero reiteraron, como siempre la falta de recursos y pidieron que se les dejara de acusar. Desesperados, ven que se les acabó el gran negocio.

En este caso, los líderes campesinos del Frente Auténtico del Campo coincidieron en señalar que las movilizaciones, bloqueos carreteros, de vías férreas y marítimas, fueron para demandar un diálogo abierto y que se dijeran nombre y apellido de los dirigentes que son corruptos. Se les aconseja que no insistan en esto porque seguro casi todos resultarán condenados.

La verdad es que tanto los dirigentes del FAC, del Congreso Agrario Permanente  –entre ellas la debilitada CNC y la azulada UNIMOS—han sido cómplices de la miseria del campo que se catapultó con los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN. Para el actual gobierno la justicia es darle más al que menos tiene, porque no puede haber trato igual entre desiguales, “tiene que darse más apoyo a la gente humilde”. Por ello se establecieron Precios de Garantía, donde se comenzó con los que tienen menos superficie y se va a ir ampliando con el objetivo de que el país alcance la autosuficiencia alimentaria.

López Obrador ha señalado que no es posible que México esté importando maíz, frijol, arroz, carnes de res y cerdo, entre otros productos, cuando eso se puede producir en nuestro país si se apoya a los productores, lo que es uno de los compromisos fundamentales de la actual administración. Cabe destacar que las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales durante los primeros seis meses de este año se redujeron 1.71 por ciento, en comparación con las compras al extranjero hechas en el mismo lapso del año pasado, según datos del Banco de México.

El presidente López Obrador sostiene que no se van a entregar apoyos a organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil o a las llamadas organizaciones o asociaciones no gubernamentales, las ONG, porque no puede ser que sean no gubernamentales y que reciban presupuesto del gobierno. Ya eso se terminó. Reconoce que por eso están surgiendo las inconformidades y pregona que para hacer una Transformación en el campo y en el país, tiene que haber cambios y el principal es que los apoyos lleguen a los verdaderos productores que los necesitan, dar más a quienes menos tienen.

DESDE EL CENTRO

Ayer martes nos amanecimos conque la ex secretaria de Estado, María del Rosario Robles Berlanga, ya está en la cárcel, luego de que el juez le dictara prisión preventiva por el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente, primero de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y después de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Esta acción que en anteriores sexenios era casi imposible de ver contra funcionarios corruptos, parece ser que va en serio, al ser llamada a cuentas por el gobierno de la 4T; a Robles Berlanga y a sus más cercanos colaboradores como Emilio Zebadúa, les llegó la hora; la ex amante del empresario argentino Carlos Ahumada, enfrenta cargos por ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión en informar a su superior jerárquico, es decir al entonces copetes Enrique Peña Nieto; sin embargo en las declaraciones ante el Juez ya embarró no solamente a EPN sino también al que le sucedió en la Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña.

Los que conocen de las laberínticas leyes y de auditorías, como el ex auditor superior de la Federación (ASF) Juan Manuel Portal, alerta sobre el proceso que se le sigue a Robles Berlanga, que debe estar bien sustentado, pues de lo contrario, podría resultar un fiasco; porque resulta que de esta corrupción tenían conocimiento diputados y la misma Función Pública ¡¡¡y no hicieron nada!!!…En su informe anual 2018, la CNDH nos pintó la situación deplorable de la población indígena, pues decía que datos de la Encuesta Intercensal 2015, contaron 25.7 millones de personas en nuestro país que se reconocen como indígenas, es decir 21.5 por ciento de la población total; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó en 2014, que el 73.2 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de pobreza en relación con el 43.2 por ciento de la población no indígena, y el 31.8 por ciento de la población indígena se encuentra en pobreza extrema en relación con 7.1 por ciento de la población no indígena.

El Estado Mexicano y en particular el gobierno sigue en deuda con este estrato de la población.