El dilema de la presidenta

Señalábamos en la colaboración anterior que la postura de la presidenta respecto al cambio de la fecha de la consulta para la revocación de mandato sería indicativa de si posee sentido de su condición de jefa de Estado y, en particular, de si está dispuesta a privilegiar esa investidura por encima de la de líder del régimen obradorista. Se es presidenta para hacer valer el interés del país, no el del proyecto político que se suscribe. Para actuar con acierto, primero es necesario saber quién se es; lo segundo, contar con un conocimiento razonable del entorno y de la prospectiva. La presidenta Sheinbaum y quienes la aconsejan muestran confusión en ambos aspectos. Desde el arribo de López Obrador al poder —o quizá desde el triunfo de Vicente Fox—, se perdió sentido de Estado. Había sentido de gobierno o de régimen político, pero no de Estado. Es simple: si se entiende que el presidente tiene como responsabilidad fundamental representar al Estado debe privilegiarse al país por encima del régimen o, como dijera un político de manera ampulosa, pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Si se antepone el interés del régimen, no podrán darse las respuestas que la realidad demanda. Eso fue lo que dejó en claro Mark Carney en Davos. Para sobrellevar la adversidad y avanzar se requieren valores y principios en lo fundamental, y pragmatismo en lo secundario. El obradorismo tiene invertidas las prioridades; por ello, la calidad del gobierno se ha deteriorado de manera significativa y hoy el país se encuentra a merced de dos grandes amenazas: la del crimen organizado y la de Trump. Responsabilidad de Estado implica hacer valer la ley, el interés general y sancionar al crimen. La motivación de la presidenta para cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato es electoral. Se pretende influir en las elecciones intermedias mediante la superposición de la campaña para su ratificación. Es una pésima decisión. Por lo pronto, queda claro que la motivación son los votos: que su partido, sus candidatos y sus prospectos de juzgadores prevalezcan. Importa el régimen político, no el país. Se trata de un error porque la presidenta no debería exponerse a las implicaciones de una consulta en la circunstancia actual. Nadie la está solicitando y recurrir a ese expediente, cuando existen fisuras en la coalición gobernante y, más aún, cuando el país enfrenta una amenaza interna del crimen organizado —con vasos comunicantes hacia la política— y una amenaza externa proveniente de Trump es, por decir lo menos, una decisión temeraria e irresponsable. La revocación de mandato no fortalecerá a la presidenta. López Obrador, quedó en ridículo al obtener la mitad de los votos que lo llevaron al poder. Las elecciones intermedias no tienen el arrastre de la presidencial y, por lo mismo, la participación suele ser menor. Se entiende que no hay contienda, no hay un competidor real; por ello, es previsible que el resultado le sea favorable, pero no alcanzaría la votación obtenida en 2024. Por otra parte, los términos de la competencia local no favorecen al partido gobernante. Históricamente, desde que existen elecciones competidas, el partido en el poder reduce su respaldo en los comicios intermedios. Sucedió con Morena en 2021, incluso en un momento muy favorable para el presidente López Obrador. Las condiciones para 2027 son particularmente complejas e inciertas por múltiples razones. Además, los comicios locales tienen, en su mayoría, una dinámica adversa para Morena. A la presidenta se le haría responsable de un mal resultado, especialmente si se pierden cargos.