
De Aguas Blancas a Teuchitlán: 30 años de horrores e impunidad en México
Raúl Ávila Ortiz | Oaxaqueñología
OAXACA, Oax., 20 de octubre de 2019.- Ante los impactantes acontecimientos de violencia criminal que están teniendo lugar en varias entidades federativas mexicanas, y las reacciones populares en países europeos (España, Francia, Inglaterra) y latinoamericanos (Ecuador, Chile, Honduras) a políticas gubernamentales, la reflexión es obligada.
Las sociedades, en sentido amplio, lucen más fuertes que los gobiernos y son capaces de resistir, atrofiar y revertir las políticas que le son inconvenientes.
Solo esto llama ya a repensar la organización del poder y las instituciones heredadas de los siglos 19 y 20 para modificarlas en favor de la gobernabilidad democrática eficaz para la justicia.
En varios estados de la República, señalada pero no únicamente Sinaloa, las prácticas informales e ilegales de la delincuencia organizada muestran su poder efectivo, mientras que el estado y sus aparatos exhiben su riesgoso subdesempeño.
Los gobiernos locales y aun el gobierno federal, en coyunturas extremas, no están garantizando el bien básico que los justifica: la vida humana y la seguridad de los habitantes.
Cada caso es diferente, pero lo mismo en México que en otros países hay un denominador común: el Estado por sí solo ya no puede cumplir con sus funciones básicas porque ha sido debilitado por la globalización neoliberal económica de las últimas tres décadas, no menos que por sus propios yerros.
En México, a la sempiterna insuficiencia fiscal del gobierno federal y los gobiernos locales hay que sumar factores como la limitada capacidad de extracción proporcional y redistribución equitativa de recursos y de legitimación de sus políticas ante una población crecida y desproporcionada en sus necesidades básicas y expectativas inagotables.
Desde luego, dado el repliegue de los gobiernos y sus instituciones que intermediaban las demandas sociales, otros actores han venido a llenar el vacío así generado concitando el respaldo de comunidades enteras comprometidas con sus tácticas protectoras y clientelares, aunque sean ilegales y mortíferas.
En otros países, como Ecuador, Chile, Honduras, Francia (e incluso en Líbano), la sola propuesta gubernamental de aumento a las gasolinas o los impuestos ha provocado intensas reacciones populares y sufrimiento humano que han desembocado en la suspensión de aquellas decisiones.
Aun en los Estados Unidos, cuya situación económica parece haber mejorado desde la Gran Recesión de los años 2008-2009, la huelga de profesores en Chicago en demanda de mejores prestaciones muestra las fracturas del modelo capitalista depredador imperante.
Greta Thurnberg y muchas lideresas y líderes jóvenes más nos insisten en que estamos traspasando los límites de la sustentabilidad del planeta y que nos internamos en un proceso de degradación y extinción irreversible.
En un contexto tan complejo y convulso, debe prevalecer la conciencia global y la acción local, vecinal e interpersonal para contribuir a la neutralización y reversión gradual de la anomia y la caída de nuestra civilización.
Al mismo tiempo, los liderazgos políticos autorizados deberían decidirse a rearticular de manera más firme y con sentido comunitario y socialmente responsable las estrategias y políticas públicas.
Este es el tiempo en que, quizás como nunca, debe entenderse que el Estado no puede encarnar en un solo líder o en un solo poder, evidentemente inefectivo en tales términos.
Es el tiempo de reasumir que el Estado «no soy yo».
Porque la Constitución nos vincula a cada uno con el Estado: El Estado somos todos.