El INE contra la libertad de opinión

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2018.- En febrero del 2015 el INE inició un litigio contra el columnista Carlos Ramírez y su columna Indicador Político concluyendo con una multa y una amonestación por haber ejercido la libertad de opinión. La sala superior del Tribunal Electoral Federal anuló el castigo del INE, pero dejó abierta la necesidad de corregir el reglamento de elecciones para evitar la coerción legal contra la libertad de prensa.

El abogado del columnista fue Eric Heras Velázquez, candidato a Doctor en Investigación Jurídica por la Universidad Iberoamericana-Puebla y litigante muy eficaz. Su argumentación se presenta a continuación como la base de una reforma legal que amplié las garantías de libertad de opinión que el INE quiso coartar y castigar:

Una de las necesidades más apremiantes de las personas, es sin duda el acceso a la justicia, pues el orden jurídico mexicano no ha logrado vencer las inercias burocráticas, los vicios en su administración, y la falta de profesionalización de sus instituciones; lo que se refleja en una percepción generalizada de mala calidad, corrupción e ineficacia en la procuración y administración de justicia.

Según el World Justice Project, organización independiente y multidisciplinaria cuyo objetivo es fortalecer el estado de derecho alrededor del mundo, México ocupa el lugar 92 en el año 2107- 2018 de ciento trece (113) países evaluados, mientras en el índice del año 2016, ocupaba el lugar 88; es decir, de un año a otro la percepción de México es de un país en donde el estado de derecho se aleja del sentimiento ciudadano y en escala internacional crece 4 lugares; cada día los mexicanos percibimos un estado de derecho mas lejano.

Otros medidores como Latinobarómetro destacan que, en el año 2015, el rubro confianza en el estado, el 42.1% manifestó confiar poco en el gobierno y el 23,4% manifestó no confiar en el gobierno mexicano; es decir, el nivel de desconfianza en el gobierno, desde la perspectiva de sus propios ciudadanos, es de 65.5%.

Ante este escenario el ejercicio de libertades como la prensa y la libre manifestación de las ideas adquieren un valor no solo personal para quienes lo hacen como su forma de vida, sino para lo que significa para la sociedad, como un mecanismo para alcanzar y defender otras libertades, otros derechos, todos en igualdad de importancia.

Defender las libertades no es cosa sencilla; tiene aristas e inercias muy difíciles de romper; y este fue el caso del periodista Carlos Ramírez, quien desde hace muchos años ha dedicado su carrera profesional al ejercicio y defensa de las libertades, la de la libre expresión de las ideas y la de prensa, no solo como libertades reconocidas por nuestra Constitución, sino como derechos humanos trascendentales, de primer orden, derechos en la primera línea de defensa como sociedad.

El ejercicio efectivo de los derechos humanos no es obra de coincidencias temporales, se trata de un conjunto de esfuerzos de la sociedad civil; Los derechos humanos son, por decir lo menos, el más grande avance de reconocimiento ético que ha impulsado la sociedad, en protección de sí misma, pues como muchos advertimos el reconocimiento de los derechos humanos pasa necesariamente por la ciencia jurídica, pero también por la ética, la filosofía, la sociología y muchas otras áreas del conocimiento humano y ello explica por si solo la importancia que reviste la defensa de éstos, en lo individual y en lo colectivo; los derechos humanos forman parte importante en los estados democráticos.

Carlos Ramírez, periodista oaxaqueño quien inició su trayectoria profesional desde 1972, ha obtenido innumerables premios de periodismo; en ejercicio pleno de su actividad, escribió una columna en la que hizo un análisis de opinión respecto a las cifras que una encuesta de Prospecta Consulting elaboró para medir el escenario de las elecciones intermedias del año 2015; dicha columna publicada por mas de veinte diarios, impresos y electrónicos (Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza) fue el inicio de un litigio en contra del periodista por parte del INE, órgano que de conformidad con el artículo 41 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es la responsable de velar por la democracia en nuestro país; sus principios rectores dice la Carta Magna son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; principios que quizá los integrantes del INE, no alcanzaron a comprender; salvo el consejero y politólogo Benito Nacif, los demás integrantes del INE no lograron diferenciar un artículo de opinión a la publicación de una encuesta, no consiguieron comprender la importancia que tiene el procurar desde la trinchera de la normativa electoral, la defensa de los derechos humanos, como lo establece el propio artículo 1 de la Carta Magna.

Carlos Ramírez ganó el litigio ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, no solo para él, sino para dejar un precedente de fundamental importancia, la libertad de prensa y de manifestación de las ideas como derechos humanos, son muy importantes para la democracia; la libertad de pensamiento y de expresión no tiene limitación de fronteras y este derecho comprende la “libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole” según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el INE y sus sabuesos no entendieron que existen las sinergias informativas, las colaboraciones de investigación y el periodismo de investigación; sin embargo investigó a decenas de diarios, portales y empresas, solicitó información sobre el estado fiscal del periodista, lo intimidó, gastó miles de pesos en tres años para una investigación, pues la falta grave según el INE fue que el periodista mencionó en su columna una encuesta y ese acto está reglamentado y debía ser sancionado; en el INE son policías de la reglamentación electoral, pero respetar, defender y garantizar el ejercicio de derechos humanos no está en su papel de garantes de la democracia.

Ahora deben venir reformas en el INE para comprometerse a respetar y alentar la libertad absoluta de prensa o seguir persiguiendo periodistas como burócratas del poder.

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