El nuevo dilema

No parece haber diferencia sustantiva entre quien se va y quien llega. El desencuentro no está en la agenda, sino en la distinta circunstancia de cada cual. Al presidente López Obrador lo mueve su determinación de trascender con cambios sustantivos y ha optado por el capítulo judicial de su reforma para que se apruebe el último mes de su gobierno. El argumento es, de alguna manera, incontrovertible. La propuesta de reforma constitucional de López Obrador, avalada por su partido y por sus candidatos –particularmente Claudia Sheinbaum–, se sometió a consideración del votante y éste le concedió mandato inequívoco al otorgarle mayoría en la elección de legisladores y un triunfo amplio en la elección presidencial. La reforma judicial no es en beneficio de la democracia, tampoco las partes relevantes de la reforma constitucional que implican un cambio de régimen y un tránsito cierto hacia un régimen autoritario, un presidencialismo sin contrapesos y sin escrutinio al poder. Se elimina la división de poderes llevando al poder judicial al ámbito electoral que Morena domina, como el domingo 2 de junio dejó en claro, que a su vez conlleva la pérdida de su autonomía e independencia, condición indispensable para la justicia. En lo electoral acabaría también con la autonomía del INE al someter a sus autoridades al voto popular y erigir el régimen de partido único eliminando de la representación política a la pluralidad al desaparecer la representación proporcional de los órganos legislativos. Aunque haya mandato, las reformas merecen un debate mayor e incluyente por todo lo que implican. El pueblo sí se equivoca y lo hizo en grande el pasado domingo. Su voto conspira contra sí mismo si se parte de la tesis de que la democracia es la forma menos imperfecta para que la sociedad sea gobernada, participe en los asuntos públicos y pueda contener el abuso del poder. Por otra parte, está el tema de los derechos de la minoría. A pesar de la derrota, 40% votó por la oposición. La tiranía de la mayoría es una fórmula perversa de la democracia y siempre ha sido un problema; en nuestro caso, para evitar que un proyecto se impusiera se determinó que ninguna fuerza por sí misma pudiera cambiar la Constitución y limitó a 300 el máximo de diputados, pero las simuladas coaliciones sirvieron para excluir a la oposición. El dilema o la tensión mayor en la secuela inmediata de los comicios no es entre ganadores y no favorecidos, sino entre la lógica de poder de quien concluye y la de quien llega. El primero mira, a su manera y con sus fijaciones de pretensiones históricas, al cambio de régimen; la segunda a un arribo al poder con estabilidad económica y política, que la mayoría calificada complica porque un poder sin límites abre la puerta a la arbitrariedad y a la desconfianza. La postura de los inversionistas y los especuladores financieros anticipa de otros sectores no por razones asociadas a la economía, sino a la salvaguarda de derechos. López Obrador ya trascendió. Fue un pésimo gobernante en términos de resultados, el régimen democrático pende de alfileres y su defensa ya no estaría en las instituciones sino en la política fáctica. Esto es contrario a la democracia en su afán de institucionalizar la competencia por el poder y dar cauce civilizado al conflicto social. De prosperar el proyecto obradorista los votos dejarán de ser el recurso útil para dirimir la lucha política, con todas sus implicaciones en términos de estabilidad y orden públicos. Que la mayoría haya optado por el autoritarismo no significa que la minoría deba someterse. Perdió la elección no la causa, misma que adquiere mayor vigencia y relieve ante el tránsito al régimen autoritario. El mayor desafío es el tránsito de los partidos a la irrelevancia legislativa y un tanto política. Además, sufren un severo desprestigio y sus dirigencias representan la continuidad de aquello que se repudia. Aunque la prospectiva de la democracia no es halagüeña dos consideraciones deben estar presentes, la energía ciudadana desafecta del régimen obradorista y el muy complicado escenario que enfrentará el nuevo gobierno en prácticamente todos los frentes, incluyendo el internacional, no se diga el de la seguridad pública y las dificultades derivadas de la crisis fiscal. El consenso del que ha gozado el presidente, que bien le sirvió para imponerse, no parece ser fácil de reproducir.