OAXACA, Oax., 27 de agosto de 2017.- La presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 ha reactivado un micro-debate sobre su proceso de formulación, aprobación y contenidos. Le dedico algunas líneas adicionales.

En cuanto a su formulación, corresponde a la realidad que se realizaron los foros previstos en la ley de planeación del Estado y que, con todas sus limitaciones, para ello se siguió un método y hubo participación ciudadana. Esto se registra en el propio texto del Plan y en su momento fue reportado por la prensa.

En relación con su aprobación, es claro que el poder ejecutivo lo envió en tiempo al Congreso, a finales de mayo, es decir, dentro de los seis meses posteriores al día de su toma de posesión del gobierno.

También fue evidente que el Congreso no autorizó el Plan dentro de los 60 días naturales siguientes, y que, si tuvo observaciones al texto, debió remitirse por escrito al Ejecutivo para que este las atendiera oportunamente. Al final de ese proceso, el Ejecutivo debió publicar el Plan.

Pero, lo más importante para lo que aquí nos ocupa, la ley de planeación deja abierta la puerta para el caso de que el Congreso no autorice el Plan dentro de aquel plazo.

Si ello ocurre, como en efecto acaeció, entonces se mantiene vigente el Plan del sexenio anterior. Finalmente, este asunto ya quedo atrás. En todo caso, habría que pensar en rediseñar las reglas sobre plazos y condiciones de aprobación del Plan para evitar interpretaciones confusas ulteriores.

Más relevante es el tema de sus contenidos.

De nueva cuenta, una somera revisión de la ley de planeación y del texto del Plan revela que sus prescripciones fueron atendidas.

El PED contiene un marco macroeconómico y un diagnóstico general de la situación socioeconómica del Estado, la prospectiva y la coordinación de los niveles de gobierno para remontarla, así como un enfático enfoque territorial y regional.

El PED es objetivo y realista al advertir que se requiere mucha inversión y crecimiento para iniciar un proceso sostenible de desarrollo en Oaxaca. A la vez, prevé su reajuste en 2019, es decir cuando la nueva administración federal 2018-2024 apruebe su propio Plan Nacional de Desarrollo.

En sus cinco ejes centrales (inclusión social, gobierno moderno y transparente, seguridad, productividad e innovación, y sustentabilidad) y tres transversales (indígenas, menores y género) el PED se desglosa en diagnóstico específico, objetivos, estrategias y líneas de acción.

Aquí hay que precisar que la ley de planeación usa indistintamente las palabras “objetivos” y “metas” o las implica, y que prevé que estas se precisen en los planes, programas y proyectos sectoriales, regionales, estratégicos, especiales y municipales y micro-regionales, además de los respectivos programas operativos anuales y multianuales.

Naturalmente, cualquier proceso de planeación y ejecución se realiza bajo presiones y factores diversos que pueden bloquearlo, influir y distorsionar pero no suprimirlo. Tampoco debe permitirse la simulación en su cumplimiento.

Es verdad que no es perfecto. Puede adolecer de algunos errores u omisiones. Pero estos son subsanables en programas y proyectos específicos, cuando se contara con más elementos de juicio y prospectiva.

Lo más importante es que tenemos PED. Tenemos porque, deseo subrayar, no es solo del gobierno: es de todos los oaxaqueños.

Al respecto, estimo relevante tener presente que en 2015 la ley de planeación fue reformada para reforzar la participación académica y ciudadana en el comité técnico de seguimiento y evaluación, que es parte integrante el sistema institucional de planeación del Estado.

Dicho comité es el instrumento de participación social para coadyuvar a que el sistema de planeación y aquellos planes y programas se diseñen y operen de manera coherente, complementaria, concurrente, consistente, convergente, continua, coordinada, eficaz, eficiente, ordenada, participativa, servicial, vigilada, subsidiaria y viable. Ni más ni menos.

Es ahora cuando hay que tomarle la palabra al titular del Poder Ejecutivo, gobernador Alejandro Murat, y no dejarlo solo en el esfuerzo por un mejor gobierno y administración para el desarrollo de Oaxaca.

Es crucial participar en el seguimiento de la planeación, ejecución y evaluación del desarrollo.

Luego de haber ejercido el año pasado el derecho a votar e integrar un gobierno alternativo y representativo, ahora es tiempo de participar en las políticas públicas que prevé el PED para resolver los problemas sociales.

Esto es un reto dado que significa ejercer el derecho a un buen gobierno y el deber de exigir, promover y supervisar su transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.