El sistema político mexicano en movimiento

OAXACA, Oax. 29 de septiembre de 2019.- El cambio político democrático mexicano de los últimos cuarenta años es innegable.

Ha significado un esfuerzo documentado en sus actores y contenidos que cualquier persona puede constatar.

Generó un país partidario y gubernamental multicolor y ciudadanos con mayor capacidad para decidir su destino.

Es el resultado del trabajo de toda una generación que demandó democratizar el sistema político.

Los resultados del 1o de julio de 2018 son parte de los frutos de ese proceso y no su inicio. No se trata de la obra de un solo partido o de un solo hombre.

Por eso la condición actual del sistema político mexicano es la del más y la del menos.

Más cabida a millones de voces y votos. Más alternancias en los poderes. Más inclusión a las mujeres hasta la paridad total inminente. Y más presencia indígena y protección a grupos desaventajados.

A la vez, menos control sobre prácticas informales e ilícitas. Menos seguridad en algunas regiones y localidades. Menos beneficios suficientes a la mayoría social.

En consecuencia, la nueva etapa que se ha abierto debería corregir lo necesario en la política económica, social y cultural, a la vez que corregir y fortalecer el sistema político: de partidos, electoral y de gobierno.

En el nuevo ciclo de cambios que se avizoran en el sistema, debe considerarse que una pieza clave ha sido y es, precisamente, el sistema electoral.

Tanto los principios y reglas como los organismos electorales han cumplido un papel central en aquel proceso.

Estos han garantizado la competencia y los resultados, el sempiterno problema mexicano del acceso al poder y su renovación civilizada.

En particular, haber rediseñado y hacer funcionar al tribunal electoral –una institución que no existió en siglo y medio en el México independiente– ha significado una gesta política y jurídica.

En el ciclo siguiente de reformas y ajustes al sistema político, la trayectoria de los procedimientos e instituciones electorales que hemos construido debería resultar remarcada, no reinventada o redirigida hacia horizontes inciertos.

Habrá que redefinir el modelo de gobernanza electoral federalista; consolidar la integridad en la relación entre dinero y política; y terminar de desactivar los mecanismos que permiten “inclinar la cancha” electoral. Hay que afinar el sistema de justicia y enraizar en serio la cultura democrática entre sociedad civil y sociedad política.

Esos cambios serán clave para continuar construyendo la democracia representativa — plural, inclusiva, participativa– en la que los mexicanos de hoy tenemos tan poca experiencia acumulada.