En busca de los derechos perdidos

OAXACA, Oax., 7 de abril de 2019.- Es útil recordar que la organización política y jurídica de la sociedad –el Estado– se justifica y legitima en la medida en que garantiza bienes públicos valiosos, en particular el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales.

Sin desmedro de los deberes que el vínculo constitucional también asigna y reclama a personas y ciudadanos, sin derechos estos no sustentan el orden social y la paz se pone en riesgo.

Si de 125 millones de mexicanos 60 millones carece de al menos un satisfactor vital, si un alto porcentaje no puede alimentarse bien y muchos más crecen desnutridos –sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz que concentran 24 millones de pobres– es claro que sus derechos básicos están extraviados.

Si en el país en las últimas tres décadas han nacido 75 millones de humanos y muerto 7.5 millones, si la economía creció promedio 2%, si el capital obtuvo ganancias exponenciales y el trabajo perdió casi 100% de su poder adquisitivo, además de que el gobierno del Estado toleró esas condiciones y fue cooptado por intereses aviesos, entonces se entenderá mejor las consecuencias adversas respectivas.

Se entenderá que la fuerza de trabajo creció hasta alcanzar 55 millones y que en su mayor parte ha percibido menos de 5 mil pesos al mes, que haya crecido la informalidad y se haya mezclado con la ilicitud; que una mayoría de jóvenes, mujeres, niños y adolescentes estén fuera del mercado de oportunidades lícitas para la vida; que los ancianos y disminuidos enfrenten condiciones degradantes; que las personas indígenas estén excluidas y discriminadas, y que el estado no cuente con finanzas sanas.

Se entenderá también la desafección con la democracia representativa y la partidocracia endogámica, la falta de confianza entre personas y en relación con las instituciones políticas. Se entenderá la crisis de la sociedad, la política y el Derecho que no garantiza los derechos. Ante semejante condición la opción siempre será resistir, violentar, delinquir o irse.

En países más o menos desarrollados como México, que juegan además un papel de intermediarios entre otras naciones más ricas y otras más pobres, el gobierno y sus actores tienen que tomar la decisión de intervenir para modificar aquellas condiciones. Se trata de un imperativo constitucional y moral.

Serenamente apreciado el fenómeno descrito, el triunfo electoral y la legitimidad política de Morena y el Presidente López Obrador resultan comprensibles y hasta necesarios.

Solo que si el mandato popular electoral del 2 de junio de 2018 actualizado en sondeos de opinión recientes es nítido, también lo es que su implementación pasa por el Estado de Derecho Constitucional cuyo grado de flexibilidad anida en la propia moral laica de los principios constitucionales en los que el pueblo cree.

En consecuencia, el gobierno del Presidente López Obrador tiene el deber ineludible de decidir –como lo está haciendo– la redistribución  del presupuesto, buscar mayor eficacia de los programas sociales y mejorar la organización administrativa y el servicio público en un entorno de austeridad, anticorrupción y responsabilidad favorable a la actividad productiva.

Está obligado a intervenir y concertar en mercados y sociedad para equilibrar sus dinámicas e intercambios, a incluir a los más y a secar las fuentes de la ilicitud y la degradación.

Al mismo tiempo, tiene que abstenerse de vulnerar derechos fundamentales de individuos y comunidades. Es decir, tiene que mantener y ampliar la garantía de los derechos sociales pero sin lesionar las libertades.

Un proyecto de esa envergadura sólo es posible mediante una estrategia multifactorial inteligente cuya coordinación plantea serios retos. Van dos.

Hacia adentro del país y en todos los niveles de gobierno se requiere una programación, planeación y colaboración sin reservas para abatir corrupción, inseguridad y rezagos.

Se exige un acuerdo firme para la inversión privada, que es varias veces superior que la del sector público.

Se demanda un compromiso de personas y grupos con la defensa de las fuentes de vida, la integridad y la solidaridad, y no sus contrarios.

En el ámbito externo la coyuntura plantea prudencia para balancear los principios de la promoción de derechos universales, el desarrollo compartido y  la corresponsabilidad global y regional, de un lado, y los imperativos de la soberanía, la igualdad sustancial y la dignidad humana de los mexicanos.

En síntesis: resolver las crisis agudas de la Sociedad, el Derecho y el Estado pasa necesariamente por estabilizar la crisis de los derechos sociales. Sin ello tampoco los derechos individuales pueden ser ejercidos en un plano de igualdad real, y así no hay democracia que se sostenga.

Las más amplias libertades resultan vulnerables si la mayoría encuentra restringida su capacidad de gozarlos y fuerza su acceso a ellas por vías informales e ilícitas.

La intervención estatal para recuperar los derechos sociales e individuales perdidos supone virtud y plan en el gobierno y sus operadores, a la vez que contrapesos plurales legítimos para impedir un abuso inverso.