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OAXACA, Oax. 2 de noviembre de 2020.- En Oaxaca, durante los primeros seis meses de este año, 65 personas fueron encarceladas por incumplir con el pago de la pensión alimenticia.
Desde 2016, el título vigésimo tercero del Código Penal de Oaxaca, que comprende los artículos 413 al 417, tipificó como delito la omisión de la pensión alimenticia y circunstancias que lo propicien.
Según datos oficiales, tan solo en 2019 hubo más de 23 mil carpetas de investigación abiertas en México por falta de pago de la pensión alimenticia.
En el caso de Oaxaca, de enero a junio de 2020, hubo 65 personas encarceladas por el incumplimiento de esta obligación.
En enero ocurrieron 10 detenciones, en febrero 13, en marzo 15, en abril seis, en mayo seis, en junio siete y en julio siete.
En tanto que, datos del INEGI revelaron que hasta julio de 2020 en México se registraron 113 mil divorcios de matrimonios o uniones con hijos; de ellos, en más de 34 mil casos los hijos no reciben pensión alimenticia.
Restringirán derechos políticos a deudores de pensión
En medio de la discusión sobre si la falta de pago de pensión alimenticia es un asunto de la vida privada, el Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó en lo que podría convertirse en una reforma constitucional.
En las elecciones próximas, ningún ciudadano que esté en el supuesto legal de deudor de pensión alimenticia podrá postularse a un cargo de elección popular.
Las tres medidas en favor de las mujeres, conocida como #3de3VsViolencia, especifica como un impedimento que varones que incumplan esta obligación para participar en los comicios.
También aprobó que no cuenten con antecedentes legales que acrediten la comisión de un delito sexual y/o violencia intrafamiliar.
En Oaxaca, algunos políticos han estado en el supuesto, aunque han sido señalados en medios y no ha habido una repercusión jurídica.
Uno de los recientes casos por incumplir con esta obligación fue el ex secretario de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, señalado por su esposa de no brindarle pensión alimenticia a sus hijos.
Sobre casos de violencia política de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comprobó la existencia de este delito en los casos del del actual presidente de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero; el de Tlacolula de Matamoros, Carlos Manuel León Monterrubio, y Santiago Suchilquitongo, Julio Cesar Rodríguez López, por lo que son innelegibles para el próximo proceso electoral.