En entredicho, credibilidad del Inegi

Café para Todos

* CONTAR A LOS POBRES EN MÉXICO ES MÁS COMPLICADO DE LO QUE PARECE; SURGE CONTROVERSIA POR LA CIFRAS

* EMPRESARIOS Y POBLACIÓN MUESTRAN HARTAZGO POR LA ACCIONES DE LA CNTE; SE AGUDIZA EL RECHAZO

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto de 2016.- Computar a los pobres parecería una tarea sencilla. Quizá muchos se lo imaginen como colocar a una multitud en filas en una explanada y luego contarlos uno por uno. Las matemáticas no mienten, suele decirse.

Sin embargo, en realidad no es tan simple. Para empezar, se tiene que definir quiénes son realmente pobres. Se habla de distintos tipos de pobreza, como la alimentaria, la patrimonial o la de capacidades. Es ahí donde comienzan los problemas.

Por ello no es extraño que hoy exista una gran controversia, luego de que el organismo del Estado que maneja las estadísticas oficiales en México -el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI)-, modificase su método para medir la pobreza. Al hacerlo, de inmediato surgió un coro de críticas.

Existe el temor fundado de que la nueva fórmula para contar a las personas con menos recursos, posibilite la manipulación de cifras con fines electorales, puesto que en menos de dos años habrá elecciones presidenciales.

Luz María Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), califica inclusive este cambio como corrupción estadística y definió a este concepto como la alteración de la información para propósitos de desvío de la atención de la sociedad, a fin de hacer invisibles situaciones no gratas.

“Esta situación cuestiona la autonomía del INEGI y temo que ésta institución se está convirtiendo en un instrumento a la medida de las necesidades del gobierno, lo cual se traduciría en el ocultamiento de la realidad nacional”, afirma.

El secretario de Desarrollo Social, Juan Antonio Meade -por cierto uno de posibles aspirantes a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, salió en defensa del INEGI, argumentando que la pobreza está sobrerrepresentada en el país, como suele también ocurrir en otras naciones.

Vale decir que de la cifra de pobres dependen los programas de asistencia del gobierno. El presupuesto que aprueba cada año el Congreso, depende de la cifra que se esté reportando, sobre todo de las personas en extrema pobreza.

El Congreso llamó a comparecer al titular del INEGI Julio Santaella, recién estrenado en su cargo, para que explique los motivos de este cambio, que algunos sospechan busca maquillar las cifras.

El INEGI, como se sabe, goza de autonomía y de personalidad jurídica así como de una amplia credibilidad a nivel nacional e internacional, pero ahora este privilegiado estatus ha quedado en entredicho con esta controversia y corre el riesgo de sufrir algún descalabro.

El cambio en la encuesta para medir la pobreza radica en que en los hogares que no reportan ingresos, se les hacen más preguntas a las familias para determinar cómo le hacen para vivir. Además se modificó la muestra de personas a quienes se practicó el sondeo y varió la cantidad de veces que se visitó la misma casa.

Por ello, especialistas acusaron al gobierno de pretender alterar las cifras, pues con el nuevo esquema, un informe reciente proclama un aumento del 11.9 por ciento en el ingreso de los hogares entre 2014 y 2016 y de 33.6 en el de los más pobres en un solo año.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que sería muy grave que el gobierno intentara maquillar las cifras de medición de la pobreza con fines políticos, pero el INEGI argumenta que los informantes de las familias pobres tienden a declarar menos de lo que realmente reciben.

Anaya sin embargo estima que un aumento del 33 por ciento en el ingreso en los hogares en los dos últimos años parece irreal y no corresponde con la realidad que viven y padecen a diario millones de familias mexicanas.

EN MÉXICO NADIE CREE EN LAS CIFRAS OFICIALES PORQUE EXISTE UNA GRAVE CRISIS DE CONFIANZA

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) -organismo independiente que elabora informes sobre la pobreza en el país para la Sedesol-, señaló que estas cifras chocan con reportes anteriores.

“Está bien mejorar los métodos para medir la pobreza pero en un país como México, con una historia de desconfianza en las cifras, cualquier mejora en cualquier indicador debe hacerse con planeación, apertura y comunicarse a tiempo”, dijo Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval.

El cambio en la forma de medir la pobreza ocurrió con la asunción en enero pasado de Julio Santaella como presidente del INEGI, a quien se vincula con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque uno se pregunta quién en el gabinete no le debe el puesto a ese funcionario.

El último reporte del Coneval, difundido hace un año, reveló que entre 2012 y 2014 aumentó la cifra de pobres en 2 millones de personas en situación de pobreza y pasó de 53.3 a 55.5 millones, que representan casi la mitad de la población total del país.

La buena noticia que incluyó ese informe es que las personas en pobreza extrema se redujeron de 9.8 a 9.5 por ciento.

Por lo pronto, la controversia ya tuvo su primera consecuencia: la renuncia de Miguel Cervera, director general de Estadísticas Sociodemográficas Miguel Cervera, a quien se responsabiliza de los cambios en el método para contar a los pobres.
Está claro, sin embargo, que una dimisión no basta para dejar satisfechos a quienes critican que el gobierno pretenda manipular las estadísticas. Por ello habrá también qué preguntarse a quiénes les conviene que haya más pobres de los que se cree. Y es claro que es a la oposición, porque entre más mal les vaya, menos contenta estará la gente con el gobierno y resultan un excelente caldo de cautivo para estos partidos.

Por el contrario, a las autoridades les interesa que haya un número menor de pobres, porque eso significa que sus programas asistenciales como Prospera, están funcionando.

Como siempre, los pobres sólo son una especie de instrumento que puede servir para que los partidos políticos lleven agua a su molino.

A final de cuentas es necesario contar a los pobres, para poder diseñar buenos programas que permitan atender sus necesidades y probablemente el gobierno ha actuado de buena fe cuando pretende que los instrumentos para hacer esta medición sean lo más fieles posibles.

El problema es que de inmediato surgen las suspicacias, porque para todo se hace un debate en México y el clima de desconfianza es tal, que no hay actividad que realice el gobierno que no despierte sospechas.

Según ha hecho notar el INEGI, los métodos para medir los ingresos en el país han evolucionado a nivel mundial y es necesario actualizarlos para adecuarse a los estándares internacionales. Hasta ahí todo está muy bien. El Coneval señala por su parte, que está de acuerdo con la medición, pero es importante informárselo a sus expertos, para que éstos puedan actualizar sus cifras.

Lo triste es que si hubiese una efectiva comunicación y una actitud civilizada y propositiva entre los organismos encargados de obtener y analizar las cifras de la pobreza, este tipo de controversias estúpidas no se producirían. Desgraciadamente así ocurre en todos los temas y todos los días en México. Por eso no podemos levantar cabeza como país.

GRANOS DE CAFÉ

La rebelión de los maestros radicales de la CNTE está a punto de colmar el plato de los empresarios y de los propios ciudadanos en estados del sureste como Oaxaca, Guerrero pero sobre todo en Chiapas.

Pareciera que la mesa de diálogo en Gobernación en lugar de ir suavizando las movilizaciones está haciendo que empeoren.

Sin duda la disidencia de la coordinadora le tomó ya la medida a las autoridades, y a pesar de que éstas les han estado haciendo algunas concesiones -como la liberación de algunos de sus dirigentes-, no les basta y quieren ir al fondo, es decir, la derogación de la reforma educativa y quién sabe si aún con eso todavía exijan más.

Lo peor es que la situación está atizando el ambiente de confrontación política, que amenaza con agudizarse y polarizar al país, y a casi tres meses de iniciada la revuelta, el gobierno está en un callejón sin salida.

Por un lado, la cúpula empresarial pide mano dura para someter a los rebeldes y por otro, éste con sus grupos de apoyo le aprieta más y más el cuello a los ciudadanos, asfixiando arterias vitales y estratégicas de ciudades y localidades.
Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México, dio a conocer un manifiesto que reflejó el hartazgo de los empresarios al proclamar un “Ya basta” que resonó elocuente en el agitado ambiente político y social.

Robles dijo que las protestas significan “simplemente extorsión” al señalar que el bienestar del país no puede ser rehén de intereses cuestionables de unos cuantos. Vemos cómo día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violan sistemáticamente la ley”, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Los disidentes no ceden y al contrario se hacen las víctimas, pues culpan a los empresarios y a los medios informativos de armar “una campaña de odio” en su contra.

En Tuxtla Gutiérrez este lunes decenas de pasajeros tuvieron que caminar hasta dos kilómetros maletas en mano porque la principal vía que conecta con el aeropuerto Ángel Albino Corzo, fue cerrada por un agresivo grupo de disidentes.

Los productores del acero anunciaron que evalúan emprender demandas contra los maestros de la CNTE junto con las empresas ferroviarias que también están que trinan ante esta situación, pues los cargamentos de minerales que se trasladan hacia o desde Lázaro Cárdenas han tenido que ser canalizados a Manzanillo, Colima.

Mientras al presidente Enrique Peña y a varios gobernadores les tiemble la mano para simplemente ordenar que se aplique la ley contra los manifestantes que impiden el libre tránsito por las carreteras y principales arterias del país, el gobierno se debilitará todavía más.

Parece que en lugar de apoyar a quienes crean empleos y riqueza, el gobierno aparentemente cede día a día al chantaje de la CNTE.

Lo peor es que hay grupos de la jerarquía católica que han decidido tomar partido a favor de los promotores de los bloqueos. Por ejemplo, no sólo cuentan con el apoyo del nuncio de Saltillo Raúl Vera, sino que el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona, hasta bendijo un “piquete” de manifestantes, como en los mejores tiempos de los Cristeros…

… En Jalisco, y por primera vez en el país, fue aprobada la eliminación del fuero en un Congreso local; es decir, se acordó el retiro de la inmunidad de la cual se beneficiaban alcaldes, regidores y titulares de las dependencias públicas.

La aprobación fue ratificada por 104 cabildos de los 125 municipios de esa entidad, lo que allana el camino para que en otros estados -y ojalá que la nación entera-, sigan su ejemplo, porque si algo lastima a los ciudadanos es que los políticos gocen de privilegios desmedidos, sin rendir cuentas a quienes los eligieron e inclusive tomando decisiones que pasan por encima de la gente.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Felipe de Jesús Romo Cuéllar, destacó que ésta es una de las principales medidas tomada por los legisladores jaliscienses para “facilitar un combate frontal a la corrupción e impunidad en todos los ámbitos de gobierno y representa un paso importante para recuperar la credibilidad de la sociedad en sus autoridades”.

La eliminación de la figura del fuero de la Constitución estatal es un logro conjunto de todas las fracciones parlamentarias del Poder Legislativo de Jalisco”, señaló.
Aunque todavía faltan algunas formalidades, prácticamente es un hecho la eliminación del fuero, lo que coloca por primera vez a los legisladores y funcionarios públicos de Jalisco al mismo nivel de las personas comunes y corrientes.

Hay qué decir que uno de los promotores de esta iniciativa -aunque no el único-, fue el joven diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, quien ha señalado que los funcionarios utilizan el fuero constitucional para “delinquir con impunidad”.

El fuero constitucional evita que los servidores públicos puedan ser investigados como parte de un proceso penal, y la única manera de quitarles esa inmunidad es mediante un juicio de desafuero.

Jalisco se coloca así en la vanguardia de la lucha contra la corrupción y la impunidad. A ver si pronto cunde el buen ejemplo y otros estados también aprueban acciones similares…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]