Errores del presente y dudas del porvenir

Oaxaqueñología |  Raúl Ávila Ortiz | Hacia el 1-D

OAXACA, Oax., 22 de julio de 2018.- Los acontecimientos políticos recientes muestran nuestra inexperiencia con la democracia –en un contexto polarizado– y las dudas del porvenir.

Más aún, el sexenio presidencial que iniciará dentro de casi 30 semanas –antes arrancarán las dos legislaturas federales– se anuncia cargado de formas inéditas y tensiones notables.

Estas son propias del fin de varios ciclos políticos y económicos y la alternancia histórica hacia un movimiento de izquierdas que en su propia composición porta fuertes contradicciones, mientras los equilibrios y controles a ese poder electo están débiles (los partidos) y bajo severo cuestionamiento (por ejemplo, los órganos autónomos y la Suprema Corte).

Así pues, las formas institucionales no previstas para una coyuntura como la derivada del abrumador triunfo electoral de Morena provoca incertidumbre y errores diversos en todos los actores.

Los dos sujetos centrales, Peña Nieto y López Obrador, más allá de un encuentro simbólico –fotográfico– en Los Pinos para tratar lo indispensable, debieron delinear y anunciar un Acuerdo para la Transición Gubernamental que imprimiera legalidad, certeza y máxima publicidad a todos los actos correspondientes hasta el uno de diciembre, con o sin presupuesto para tal efecto.

Esto aún sería posible en cuanto AMLO sea declarado Presidente Electo por el TEPJF. De proceder así, los dos presidentes, el constitucional y el electo le harían un gran servicio al Estado Democrático y prepararían el futuro como estadistas y no solo como adversarios.

Al no hacerlo, la selva de la desconfianza y el cálculo político en situación de polarización entre ganadores y perdedores se torna más densa. Un período de transición tan largo entre elección y toma de posesión requiere una reglamentación mínima y altura de miras.

Por el contrario, lo que se tiene es una suerte de lucha postcomicial entre actores e instituciones que transferirá al futuro pugnas sin fin.

Paradójicamente, en ese litigio por la legitimidad política –no institucional– se ha metido incluso el Instituto Nacional Electoral, que votó 10 a 1 por imponer a MORENA lo que es una de las cinco multas más elevadas en la historia electoral reciente de México.

La sanción administrativa a Morena, motivada en el presunto manejo simulado de dicho partido de un fideicomiso privado para apoyar a los afectados por los sismos de 2017, fue aprobada en el momento más grosero e inoportuno posible: en medio de una pausa vacacional del ganador y justo cuando comienza en el TEPJF el proceso de calificación de la elección presidencial.

Ello, naturalmente, anima la discordia.

Y es que, más allá de lo que decida el TEPJF sobre dicho caso, la pregunta es obvia: ¿Qué habría ocurrido si AMLO hubiera ganado por menos de 5 puntos porcentuales? ¿Habría anulado el TEPJF la elección presidencial?

Para las semanas por venir, convendría que los actores en liza, ya gobiernos salientes y partidos perdedores, ya entrantes y ganadores, así como instituciones y organizaciones, apoyadores y críticos pusieran por encima de sus propios intereses el interés nacional.

Un momento como el que estamos atravesando, tanto en sus implicaciones democráticas y de gobernabilidad cuanto en sus retos persistentes en inseguridad, violencia, crimen, economía y estabilidad es –en definitiva– inédito y extraordinario. En 5 meses puede pasar cualquier cosa, dentro o fuera del país.

El voto masivo en favor de AMLO y Morena conlleva enorme responsabilidad para los que llegan y los que se van, y de ella no están exentos los actores intermedios (sectores privado y social).

Además, numerosas minorías votaron en contra y se abstuvieron. Ellas también tienen derechos y ninguna supermayoría electoral y legislativa puede negarlos o restringirlos. En consecuencia, los lineamientos de austeridad republicana y reforma administrativa anunciados informalmente por AMLO deben ser precisados y justificados constitucional y legalmente.

Nótese que este puede hacer que se aprueben sus reformas en el Congreso desde el uno de septiembre en adelante, pero Peña Nieto puede no promulgarlas, al menos hasta el 30 de noviembre. ¿Para qué entrar a ese tipo de vencidas?

Este es un modesto llamado a que, con apoyo en la historia de los grandes cambios que registra el.país: en la Independencia con Guerrero; la Reforma con Álvarez, Comonfort y Juárez; y la Revolución con los Flores Magón, Madero y Zapata, la cuarta transformación no requiebre y derive en una suerte de guerra política incivil encubierta y oscura.

Si los adversarios no acuerdan ahora marcos institucionales mínimos para la transición dentro de la alternancia, se habrá desperdiciado otra gran oportunidad y mucho habremos de lamentarlo.

México se merece mucho, pero mucho más que dudas, conflictos y mal porvenir.