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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2017.- A dos años cuatro meses de la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la configuración institucional creada para garantizar su cumplimiento registra avances importantes: todas las entidades federativas han expedido sus leyes locales en la materia.
También, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha ejercido sus funciones permanentemente; se han instalado los Sistemas Estatales, y se han conformado las Procuradurías de Protección del Sistema Nacional y de los Sistemas locales para el Desarrollo Integral de la Familia, que son las autoridades de primer contacto.
Según un comunicado, instituciones integrantes de los Sistemas de Protección, incluida la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas, están trabajando de manera transversal en la delimitación de los objetivos y estrategias que deben incluirse en la política de atención integral de la niñez y adolescencia.
El objetivo de los Sistemas de Protección a corto plazo debe ser lograr la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública federal y estatales en la promoción, salvaguarda y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, meta que comparten los Organismos Autónomos de Derechos Humanos, quienes colaboran para impulsar la inclusión del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en los ámbitos de actuación de las autoridades, incluida la asignación de presupuestos suficientes que permitan el desempeño óptimo de sus funciones.
Los Sistemas de Protección Integral tendrán resultados exitosos en la medida que, paralelamente, la sociedad rebase modelos, esquemas, prácticas y creencias adultocéntricas que aún en la actualidad, condicionan el acceso a las personas menores de edad a sus derechos.
Múltiples estudios elaborados por instituciones públicas y privadas muestran las condiciones adversas del entorno social a que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en México: 53.9% viven en pobreza; 63% de quienes tienen entre 1 y 14 años fue sometido a alguna forma de maltrato físico o psicológico por parte de algún integrante adulto de su familia; 23% de las niñas y niños entre los cuatro meses y los cinco años de edad presentan un desarrollo no adecuado en al menos un ámbito (motriz, cognitivo o emocional).
28% de niñas y adolescentes mujeres, en zonas rurales se casaron antes de los 18 años; 2.5 millones trabajan, y 23.2% de las víctimas de trata de personas en 2014 fueron niñas, mientras que en 2015 el porcentaje se incrementó a 42.3%.
La pobreza, la inequidad, la discriminación y falta de oportunidades, son factores que inciden negativamente en la vida de las personas adolescentes en México, pues limitan las posibilidades de sus familiares, tutores o cuidadores para ofrecerles condiciones adecuadas para su desarrollo integral.
A ello se suma una realidad innegable: la prevalencia de poder de las personas adultas sobre las niñas, niños y adolescentes que por siglos se ha utilizado para cometer todo tipo de actos que atentan contra su dignidad, conserva aún muchos adeptos que se oponen al desarrollo, a la protección del interés superior, y la autonomía progresiva de quienes integran ese colectivo social.
Ejemplo de ello es la reticencia que en algunos estados de la República ha encontrado la prohibición del matrimonio entre personas menores de 18 años de edad (derivada de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU) y la eliminación de dispensas para llevarlo a cabo; el reconocimiento, como parte del derecho a la salud, a recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, atendiendo a su edad, grado de desarrollo y madurez, o simplemente el uso de la violencia como método “de corrección”.
Para la CNDH, materializar el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un requerimiento prioritario de México, que implica responsabilidad solidaria y proporcional de las familias, el entorno comunitario, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los particulares (incluidas las empresas), y las autoridades.
Es necesario que todas y todos sean partícipes del paradigma de derechos de la niñez y adolescencia; instar a respetar irrestrictamente la dignidad y capacidad de las personas menores de edad a expresar su opinión y participar en todos los ámbitos en que se desenvuelven; sensibilizar sobre la necesidad de afrontar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en su contra, y garantizar que la atención que se les proporcione sea inmediata, adecuada y con calidez.
En el marco del Día de la Niñez, la CNDH realizará el Foro Nacional: Niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de los derechos humanos, en el cual se impartirán conferencias y se presentarán ponencias sobre diversas temáticas y problemas que afectan a la niñez y adolescencia en México.
El organismo resaltó que el Día de la Niñez un momento propicio para realizar una reflexión sobre los grandes retos que enfrenta el Estado mexicano y la sociedad para alcanzar una convivencia justa y democrática en la que los derechos humanos sean para todas y todos sin distinción de ninguna clase, y en la que niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar plenamente de esa etapa, fundamental en el desarrollo de las personas.