Exige CIDHPDA justicia por asesinado de Narciso López Vásquez

OAXACA, Oax. 16 de julio de 2022.- La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) exigió justicia por el cobarde asesinato del líder indígena Narciso López Vázquez, quien el 28 de octubre del 2021, en el paraje Chukua’a alrededor de las 09:00 de la mañana, fue emboscado y asesinado a balazos sobre la carretera local a Xiniyuva en el municipio de
Santiago Ixtayutla, en la costa de Oaxaca.

Narciso López Vásquez, de 69 años de edad, era integrante del Comisariado de Bienes Comunales del municipio de Santiago Ixtayutla y se desempeñaba como secretario suplente.

Y a menos de un año de este delito, su caso como muchos otros queda en la impunidad y se suma a una larga lista de personas defensoras de derechos humanos y del medioambiente.
En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

En lo que va de 2022 la cifra de asesinatos documentados asciende a 13, entre ellos los asesinatos de Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, el 28 de abril; de Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API), en Oaxaca el 20 de marzo; y del defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 7 de marzo.
Dichos casos visibilizan la permanente impunidad de los asesinatos a defensores de derechos humanos y del medio ambiente de origen indígena, así mismo resaltan la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno mexicano para proteger y garantizar un ambiente propicio y seguro, a quienes son más vulnerables a las amenazas y ataques de los grupos del crimen organizado.
Por tal motivo, la CIDHPDA exhorta al gobierno de la 4T y a los diferentes niveles del Estado Mexicano a respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como de las comunidades que representan, del mismo modo, exige a las autoridades tomar la responsabilidad de realizar las investigaciones sobre los responsables y castigarlos, aplicando una tolerancia cero hacia los asesinatos, amenazas y ataques que estas personas sufren.