Falsos dilemas políticos

OAXACA, Oax. 8 de octubre de 2017.- Con motivo del cruce de caminos entre financiamiento para la reconstrucción posterior a los recientes desastres naturales, el inicio de los procesos electorales 2017-2018 y el posicionamiento de los aspirantes a las candidaturas, ha crecido en la escena pública la discusión sobre el financiamiento político a los partidos y hasta la validez de su régimen jurídico en el país.

Advierto que la discusión está plagada de vicios lógicos conocidos como “falsos dilemas”, “tercero excluido” o “bifurcación”, y estoy convencido de que es pertinente y oportuno alertar sobre sus riesgos.

Esto, sobre todo si se quiere promover la política democrática propia de un estado constitucional de derechos y justicia como el que aspiramos a seguir construyendo en reemplazo del viejo estado de legalidad institucional.

El falso dilema opone dos opciones que parecen obligadas para resolver un problema u ofrecer una explicación sin considerar el abanico de otras posibles soluciones o razones.

La bifurcación propicia una reducción o simplificación que refleja convicción pero también cansancio, emoción o propósitos implícitos.

Lo más preocupante es que excluir terceras opciones entraña riesgos de errar en el remedio, provocar consecuencias inesperadas e indeseables y agravar, en última instancia, la situación que motiva la reflexión.

Plantear un sí o no al financiamiento público o privado a los partidos, si o no a los legisladores plurinominales o de mayoría, si o no a los partidos o a los independientes, o bien, sí o no a cualquiera de los partidos y aspirantes resulta falaz y en el caso mexicano muy impertinente.

Hay que considerar que, en el contexto histórico nacional, la instauración y éxito notorio entre 1929 y 1994 de un sistema político presidencialista con partido hegemónico (PNR- PRM-PRI) y autoridades electorales dependientes, ha dado paso a partir de 1996-2000 en adelante a un sistema diferente que aún no se consolida y que, ciertamente, presenta serias disfunciones.

Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido desmontar el sistema previo y reemplazarlo por otro en consolidación. Nada fácil, en todo caso.

Por una parte, el Presidente actual puede poner candidato pero no garantiza su triunfo dada la competencia real entre partidos, candidatos, élites y preferencias ciudadanas plurales empoderadas.

El Presidente puede colonizar otros partidos y propiciar condiciones para hacer que gane su candidato y su partido pero ello no es seguro.

Y si gana su segunda opción tampoco es garantía de nada.

A esa condición democrática a la mexicana hemos llegado tanto por el financiamiento mixto con predominante público a los partidos cuanto por la fórmula mixta de legisladores de mayoría relativa y representación proporcional, hoy complementada con candidatos independientes.

Por la otra, es claro que sin autoridades electorales autónomas e imparciales en grado máximo posible, y tan fuertes como los partidos y gobiernos, medios de comunicación y otros actores poderosos, no tendríamos la incipiente democracia pluralista de que hoy gozamos.

Suprimir la fórmula mixta de financiamiento político para optar exclusivamente por el financiamiento público o el privado alteraría de tal manera las condiciones de la contienda que provocaría más distorsiones en el proceso democrático que los que pretenderá resolver.

El solo financiamiento público reforzaría la rigidez de la partidocracia, aumentaría la corrupción y limitaría los derechos ciudadanos.

El solo financiamiento privado reduciría la pluralidad en detrimento de las opciones minoritarias y reforzaría la partidocracia plutocrática asociada con los grandes capitales y financistas particulares. Reduciría las opciones para los ciudadanos de a pie y oligopolizaría aún más la representación política. Sobrevendrá una nueva hegemonía de uno o dos partidos.

Podría limitarse la autonomía e imparcialidad siempre frágiles de las autoridades electorales.

Habría más riqueza partidaria y gubernamental y más pobreza ciudadana.

Otro tanto pasaría si se suprimen los legisladores plurinominales o se dejan como están. Suprimirlos es reducir la pluralidad y el acceso de expertos y las minorías a la representación. Aumentaría la presión social y la de líderes intermedios.

Crecieron las tensiones y conflictos. Si se dejan como están, se reproducirá la disfunción.

No estoy defendiendo, por tanto, el estado político de cosas actual y mucho menos las condiciones sociales económicas prevalecientes, y tampoco ignorando las urgencias de la reconstrucción.

Pero si argumento en favor de opciones intermedias que sean pertinentes y consistentes con una democracia pluralista con mayor integridad y calidad que abone a la reconfiguración del estado de Derecho en clave constitucional pro derechos y justicia.

Es pertinente después de 2018 revisar el sistema electoral, de partidos y de gobierno para redefinir sus objetivos y ajustar los medios para lograrlos.

Pero no sería recomendable incurrir ahora y nunca en opciones absurdas y menos aún en saltos al vacío.

En medio de la bifurcación argumentativa hay gran riqueza de opciones para bajar los costos de la democracia electoral, aumentar su integridad vía transparencia y rendición de cuentas, e incrementar la calidad de los procesos electorales y de la representación política. Pero no suprimir, eliminar o excluir.

Por ahora, es indispensable redirigir recursos partidarios no ejercidos a la reconstrucción material post-sísmica, reajustar el presupuesto 2018 para apoyar ese imperativo, y recurrir a  la solidaridad social y la austeridad de los gobiernos, todo con transparencia y máxima publicidad.

Mucho nos ha costado a los mexicanos colocar al país en la posición comparativa internacional en la que se encuentra.

Mucho la transición a la democracia pluralista. Mucho, incluso, en términos de la precaria estabilidad económica y social.

Se requiere combatir a fondo los vicios involucrados en tal esfuerzo: desigualdad y pobreza, violencia y delincuencia, corrupción e impunidad.

Pero lo que no se requiere es echar por la borda los avances logrados y contradecir con simplismos el arte científico, civil y político de transitar a una democracia constitucional que arraigue y produzca mejores resultados duraderos para el mayor número posible de mexicanos.