Felipe de J. Monroy | Caso Cienfuegos: El dilema

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2020.- Es conocida la anécdota del general villista Pablo Seañez con el periodista norteamericano John Reed mientras iban en un carro para alcanzar al general Urbina allá en 1915. En el automóvil iban el general, un mayor de nombre Vallejo, Reed y una mujer embarazada (la llevaban a la ciudad para ver a un médico); al cruzar un arroyo, el auto se atoró, el general sacó la pistola y sugirió que, para aligerar el sobrecargado vehículo, había que matar al periodista. Vallejo convenció a Seañez de guardar la pistola mientras Reed se bajaba a empujar el carro. El general al final dijo riendo: “Bien, ahora llevamos un caballo más”.

La historia marca varias pautas a considerar: Uno, que las fuerzas militares en ocasiones pueden poner los recursos a su alcance para ayudar al pueblo necesitado (representado en la mujer embarazada). Dos, que ante los problemas, la decisión y la orden son prestas para responder a favor de un ‘bien mayor’, incluso si para ello se debe sacrificar algo o alguien; bien se dice que se rompe la soga por lo más delgado. Y tres, que a pesar de que el forastero o el periodista ponga de su parte la creatividad y el coraje para ayudar a desatorar una marcha detenida por la desavenencia, no será sino un recurso para la satisfacción de los mandos.

Viene todo esto a cuento por el caso del general Salvador Cienfuegos y su peculiar -y fugaz, si lo vemos bien- paso por la justicia norteamericana. La mayoría de los comentaristas de noticias considera que el affaire del general en Estados Unidos es un tema que no se puede minimizar. Desde su aprehensión en Estados Unidos hasta su retorno a México vía un acuerdo bilateral del que se desconocen todos sus matices, el asunto obliga a reflexionar quiénes son los personajes de la historia, cuáles son sus motivaciones y qué se ha sacrificado para intentar desatar ese nudo Gordiano que aún inquieta entre la sociedad.

En resumen, al general Cienfuegos -exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto- lo aprehende la DEA en Los Ángeles el 15 de octubre pasado bajo la acusación de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero; casi un mes más tarde, las autoridades de Estados Unidos entregan a la Fiscalía General de la República los documentos que soportan la investigación contra el general y configuran un acuerdo con el Estado mexicano para la repatriación del militar de 72 años. México tiene enfrente la obligación -legal, moral y hasta diplomática- para realizar todas las diligencias necesarias en el proceso contra Cienfuegos.

Para la Fiscalía no es sino un escollo en el que hay demasiado peso como para continuar avanzando en otros casos de corrupción que también reciben presión especialmente de la ciudadanía. La respuesta: aligerar la carga. Para el general Seañez la respuesta era obvia al aniquilar a una de las partes; el periodista Reed sabe que debe ser él quien apoye antes de que lo hagan ayudar contra su voluntad.

Ningún recurso, en el fondo, es inagotable y la Fiscalía seguro no goza de todos los necesarios para atender los procesos que tanto Presidencia como la ciudadanía le exigen y menos cuando le derivan uno del calibre del Caso Cienfuegos. Alguno de los casos debe poner a enfriar, alguno deberá abandonar en el camino, aniquilarse para salir de escollo en que se encuentra la Cuarta Transformación. ¿Qué casos debería ir soltando? ¿Collado, Serna, Ancira, Calderón, el huachicoleo, Videgaray, Lozoya, Peña, Ayotzinapa, al exsuperdelegado en Chihuahua, al grupo élite de la Marina, a la empresa Iban Wallet?

Para los medios de comunicación, la persecución de ‘los peces gordos’ siempre es un atractivo noticioso, pero tiene sus consecuencias. Las manifestó con claridad meridiana el fiscal de la zona norte en Chihuahua, Jorge Nava a inicios de noviembre: La Fiscalía General de la República no tiene tiempo, ni recursos para investigar ni procurar justicia a los miles de crímenes de índole federal que se cometen todos los días en el territorio mexicano. El resultado: impunidad por encima del 95% en casos donde se requiere la acción de las instancias federales. Eso, sin contar los errores que comienzan a acumularse en la dependencia: La mala integración del caso contra los militares implicados en el Caso Ayotzinapa dan una muestra de ello.

Adivine quién va a bajarse a empujar para salvar el propio pellejo.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe