Felipe de J. Monroy | Un asunto de congruencia

Mientras gran parte de la conversación pública en estos días se enfoca en acusar o defender al presidente de México sobre cierta indebida acumulación de poder con la que el Ejecutivo Federal presuntamente ha ‘engullido’ o pretendido dominar al Poder Legislativo para llevar a cabo las reformas constitucionales que consoliden la Cuarta Transformación; en silencio y lejos de los reflectores, es el Poder Judicial el que podría estar verdaderamente imponiéndose sobre los principios democráticos y del pacto federal.

Por lo menos es lo que han advertido diversos expertos en materia judicial pues ven un riesgo potencial en próximas resoluciones que estarán por atender los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana entrante y cuyos proyectos anticipan un ‘activismo judicial’ con el cual reclamarían para sí mismos el derecho a legislar en las entidades de la República.

Juan Luis Montero, abogado penalista, ha explicado que los ministros comenzarán un análisis de acciones de inconstitucionalidad en estados sobre temas relacionados con el derecho a la vida y la objeción de conciencia. Las entidades han resuelto de manera legal y democrática (esto es bajo las normas legislativas con los representantes de la ciudadanía y apegados al marco constitucional de la federación) la primacía del derecho a la vida y el derecho humano a la objeción de conciencia. Derechos que no sólo están garantizados por la Constitución sino que también encuentran amparo en la serie de pactos internacionales vinculados a nuestro marco jurídico.

Sin embargo, los especialistas advierten que una resolución en la Corte que ofrezca cauce a las acciones de inconstitucionalidad vulneraría la integridad de varias instituciones públicas. Sometería, por ejemplo, a los congresos estatales negándoles el derecho de legislar en libertad siempre y cuando no se rompa el pacto ni el marco federal vigente; y lastimaría profundamente a la propia Corte al despojarla de congruencia e imparcialidad pues, en ocasiones muy recientes, los ministros han destacado con otras resoluciones el derecho del que gozan las entidades a legislar de manera autónoma.

Sin decirlo, los expertos cuestionan a los ministros los criterios que esgrimen para ‘intervenir’ contra ciertas legislaciones democráticas y legales; mientras se ‘solapa’ a otras legislaciones democráticas y legales. Esto, más que incongruencia y contradicción de los propios fallos de la Corte, podrían ser gestos de ‘activismo judicial’, de interpretaciones ideologizadas de la ley y de agresión a las fronteras de los poderes de la federación. La petición de los especialistas es, por tanto, simple: Que los ministros resuelvan en congruencia, con apego a la ley y en pleno respeto a la democracia y el pacto federal.

Desde la época de la Ilustración, los grandes pensadores de la democracia, el poder y la ley intuyeron que era absolutamente imprescindible fraccionar al poder político. No solo para limitarlo y evitar sus abusos; sino para que, de manera colaborativa, se pudiera gobernar con principios del bien común además de administrar los bienes y las normas con justicia.

Aquella intuición se concretó en la división de poderes del Estado con funciones y responsabilidades distintas: unos elaboran las leyes, otros las aplican y los terceros resuelven los conflictos derivados de su aplicación. Pero, cada vez que se vulneran dichas fronteras y no son asuntos de concurrencia de poderes, la propia configuración el Estado, la ley y la libertad representativa de los ciudadanos se encuentran en riesgo.

Así que la advertencia de los expertos no es menor. No sólo porque se violarían un par de líneas legales en códigos, normas o constituciones sino porque se asentaría el peligroso precedente de que la ley en México puede ser atada a inconfesables caprichos ideológicos.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe