Formulas ineficientes, gasto municipal opaco

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo de 2018.- Una parte importante de nuestro arreglo fiscal, es que los municipios, reciben desde 1980 participaciones derivadas de la recaudación centralizada de los llamados impuestos federales coordinados, que se les pagan a través de las secretarias de finanzas de los estados. La Ley de Coordinación Fiscal establece tiempos para el pago completo, oportuno, en efectivo de las participaciones de los estados hacia los municipios, a más tardar a los cinco días, si no se pagan intereses, sin embargo, lo cierto es que muchas veces se les pagan incompletas e incluso no se les pagan.

Muchos estados les hacen sus guardaditos, lo que esta fuera de la Ley, les pagan menos de lo que debe ser, no les pagan los ajustes cuatrimestrales, ni los fondos de estabilización, etcétera.

Solo un caso de reclamo de los municipios ha prosperado, cuando el presidente de Acapulco, que era Zeferino Torreblanca, lo promovió contra el gobierno de Guerrero, que les retenía el 15 por ciento de las participaciones, para pagarlas al finalizar el año. Ganaron la controversia, pero ¡el gobernador que la pagó fue Zeferino Torreblanca!

La historia comienza con la definición de las formulas con las que se les distribuyen las participaciones, las cuales son aprobadas por los congresos locales a propuesta de los gobiernos estatales.

Las mismas son muy heterogéneas, algunas utilizan los componentes de la formula federal de 2008, particularmente población, sin embargo, uno de los defectos de la formula federal basado en la población domiciliada, es que no incluyen ningún incentivo a la recaudación de ingresos propios del municipio, particularmente en el caso del impuesto predial. Las formulas suponiendo que se aplican correctamente –que no es así- no ayudan a los municipios con altos niveles de población flotante, como son los turísticos, los puertos o los de la frontera norte y aunque no los tiene, la CDMX.

Se han dado como ya mencioné muchos casos de abuso por parte de los estados en el pago de las transferencias a los municipios, pero también es cierto que la mayoría de los mismos no usan los recursos adecuadamente. En épocas de incremento de las participaciones, por razones de coyuntura, como fue el caso de los llamados excedentes petroleros o cuando recibieron recursos derivadas de la privatización de la banca nacionalizada, empezaron a contratar más gente, pero es una política equivocada porque son ingresos extraordinarios a veces de única vez y después el peso de sus nóminas es muy alto y no lo pueden sostener, además de que incumplen con sus obligaciones tributarias. Además, no pueden prestar con eficiencia los servicios públicos, como la recolección de basura.

Sin embargo, ese es el mal menor, el mayor es el del desvió de los recursos a abusos de las autoridades, esto es a la corrupción.

Estamos entonces frente a dos males, el que las autoridades estatales realizan al no pagarles completas sus participaciones y al no cumplir con sus obligaciones recaudatorias, esto es no ejercen los recursos con probidad, ni transparencia.
En el primer caso es necesario revisar las formulas estatales, la mayoría no han sido revisadas desde su creación, y son muy deficientes u opacas.

Hay casos extremos, Chihuahua distribuye las participaciones a los municipios con base a los porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso, si revisamos hacia atrás, paso lo mismo, es muy opaca; el caso de San Luis Potosí, todos los fondos se distribuyen en base al 95 por ciento de población.

Es interesante revisar un primer análisis sobre las fórmulas estatales de distribución de participaciones a los municipios, que a principios de este año elaboro la Auditoria Superior de la Federación.

Hoy recordemos, la ASF audita ya las participaciones pagadas a estados y municipios. Todo un reto.

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