Francisco J. Sánchez | Sonó la hora

A Lupita, Francisco y Quadratín por los 16 años

OAXACA, Oax. 29 de enero de 2022.- La madrugada del lunes, a escasas horas del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) soltó un curso en línea sobre el marco jurídico de la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de periodistas.

Aunque esta iniciativa de actualización profesional concluye en mayo de este año, y a riesgo de caer -como suele ser-, en juicios anticipados, rescato tres características temáticas que lo convierten en instrumento de utilidad frente a esta coyuntura en la que se encuentra el periodismo mexicano:

La primera: Los recientes asesinatos, sin esclarecer, de los periodistas Alfonso Margarito Martínez, José Luis Gamboa Arenas y Lourdes Maldonado, generan dolor, miedo y enojo en el gremio, mientras que en la sociedad son una invitación del crimen –organizado o desorganizado- a la parálisis y al silencio social.

Estas circunstancias obligan a los periodistas a explicar a sus audiencias, sus lectores, radioescuchas y televidentes, la importancia no solo de frenar los hechos violentos -por los motivos que sean-, sino subrayar el valor social que tiene esta profesión que ofrece información veraz y oportuna de la realidad de una comunidad.

Y una de las aportaciones del periodista en la mejora de la vida de las personas es la protección del derecho individual y colectivo de expresarse, informarse y opinar con libertad, además de garantizar a cualquier otra de cualquier lugar o condición social, a acceder a información verificada y confiable.

El segundo: Este curso sobre “El marco jurídico nacional e internacional sobre el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y protección de periodistas” está dirigido a operadoras de justicia, defensoras y defensores públicos, asesores jurídicos y Ministerios Públicos.

Salvo excepciones, los primeros cuatro segmentos de profesionales en el sistema judicial forman parte de esa impunidad, ya sea por incapacidad, omisión, corrupción o indiferencia que mina la afectividad de la justicia frente a los criminales, incluso dentro del poder público, para que tenga castigo por sus delitos.

Un ejemplo es el Caso Florence Cassez, ocurrido en diciembre de 2005, donde agentes federales realizaron el montaje de un operativo para detener a una banda de presuntos secuestradores y que concluyó con la liberación de tres personas y la detención de dos más, una de ellas de nacionalidad francesa.

Un par de meses después, el responsable de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna –hoy procesado en Estados Unidos por narcotráfico- aseguró en una entrevista televisiva a la periodista Denise Maerker que el operativo fue recreado por presiones de los medios de comunicación.

La aceptación pública de García Luna avivó el conflicto diplomático entre el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y su homólogo francés Nicolás Sarkozy; generó un desgaste en la credibilidad de la cobertura en los medios de comunicación, especialmente en Televisa, y provocó el despido de un reportero.

Después de 15 años, ese reportero, Pablo Reinah, acusado sin pruebas de orquestar el montaje y despedido posteriormente de la empresa Televisa, publica su libro titulado “El Caso Florence Cassez: mi versión”, donde explica el duro camino que recorrió para limpiar su historial personal, laboral y profesional.

En esa incansable lucha de Reinah, liderada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se abrió la primera ruta legal para la defensa del derecho ciudadano a tener acceso a información del poder público, luego de lograr -por primera vez-, que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aceptara que no le proporcionó información veraz y oportuna.

Tercero: No por ello menos importante,  este curso virtual de la SCJN sobre el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y protección de periodistas, ofrece herramientas útiles, que deben estar en manos de legisladores, jueces, abogados y operadores jurídicos para fortalecer este derecho humano.

Y uno de ellos es el libro “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”, editado por Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humano, que facilita la comprensión del valor de esas libertades y el por qué garantizarlas en el terreno de lo cotidiano.

En suma, hay quienes insisten en cultivar la impunidad para que –ajusto una cita del politólogo y político español Juan Carlos Monederos- “terminemos odiando a las víctimas y amando a los verdugos”, como sucedió en las primeras semanas del caso Florece Cassez, cuando se descalificó a Reinah y se pontificó a García Luna.

Sin embargo, también hay quienes tienen la vocación de combatirlo con la verdad, incluso a costa de su vida -como en los casos de los periodistas Javier Valdez en Sinaloa y Miroslava Breach Velducea en Chihuahua-, innecesarias en un país donde el silencio es la mejor política pública de comunicación.

Y fue por eso, y por otras razones, que el crimen de los periodistas en México nos recuerda que ya sonó la hora…

*Francisco J. Sánchez es periodista y especialista en temas de Periodismo, Comunicación y Mercadotecnia Política.