Fundamentos

OAXACA, Oax., 22 de enero de 2018.- Seguramente lo que para algunos resulta interesante es el ritmo de las campañas y si hay nuevos memes sobre los precandidatos, a la Presidencia de la República o si los independientes han alcanzado ya los números de apoyos para que les den el registro por parte del Instituto Nacional Electoral y si son o no falsas las credenciales para votar que han utilizado (los “independientes”).

En esta vorágine de hechos electorales, pocos han revisado la que está ocurriendo en Chihuahua más allá de la batalla del Gobernador.

El lunes pasado, el Gobernador Javier Corral, denunció públicamente al gobierno federal por retenerle al estado de Chihuahua la entrega de 780 millones de pesos, en represalia por las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de ese estado sobre el desvío de fondos, presuntamente operado por la administración del priista César Duarte a favor de las campañas electorales del PRI, en 2016.

La posición del gobernador de aquel estado, debe concretar, además del castigo legal y el social a los responsables, todos los argumentos para ser la fuente real para modificar la Ley  Federal de Coordinación Fiscal, arma legal que ocupa la Federación para controlar, manipular, presionar, y ahora, comprobado con el caso Chihuahua, hasta para extorsionar y desviar recursos destinados, en este caso a los estados, y aquí la pregunta ¿si a los estados les pueden hacer eso, imagine a los municipios?

Respecto a la batalla  iniciada por los recursos asignados al estado de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, dijo que «no se trata de pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley, no se puede extorsionar a la Secretaría por recursos, sino ceñirnos al marco de la ley», esto lo dijo la subsecretaria, Vanessa Rubio, durante una conferencia de prensa, en la que reiteró el proceso técnico de entrega de recursos federales extraordinarios a las entidades federativas.

El subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, rechazó la interpretación “sesgada” del gobernador Corral sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, y cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

Y hasta amenazaron diciendo que no entregarán recursos a los estados hasta que no se resuelva la controversia que anunció el gobernador Corral interpondrá en contra de esta acción de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal.

La apuesta de  Corral debe ir más a fondo, la ley de Coordinación Fiscal como existe ahora, queda demostrado que solo es una forma más de violar el pacto federal pues se le usa a la conveniencia del Presidente en turno y a favor de su partido.

Por tanto, una de las grandes reformas para este periodo convulso, amorfo, sin ideología que vivimos en México debe ser abrogar la Ley de coordinación Fiscal y legislar una en la materia, que garantice la vigencia del Federalismo e impida que los instrumentos legales se sigan usando, más  con sentido político.