Guerra en las calles, brutalidad policiaca

Seguridad y Defensa

La brutalidad policiaca contra la sociedad ha escalado en Estados Unidos a un nivel inesperado: en Memphis, un ciudadano afroamericano fue golpeado hasta morir por cinco policías… afroamericanos, cambiando un poco la lógica de la violencia policiaca racial. Y para completar el cuadro, el jueves 3 de febrero en Los Angeles un minusválido sin piernas en estado de excitación violenta y con un puñal en las manos, fue acribillado con diez balazos por la policía cuando trataba de huir corriendo de manera patética sobre sus muñones.

Desde el caso de Rodney King en marzo de 1991 –un taxista afroamericano que fue golpeado de manera violenta por policías–, la brutalidad policiaca se ha convertido en un tema de racismo porque ha afectado a minorías, sobre todo afroamericanos, hispanos y orientales. Y en casi todos los casos, los policías han sido decretados no-culpables en función de que la violencia ocurrió por exceso de uso de la fuerza, pero en circunstancias de reacción agresiva de los presuntos afectados.

El modelo policiaco que se aplica en Estados Unidos tiene como escenario general –y que opera para todas las policías de todo el mundo, incluyendo la mexicana– el uso de la fuerza legal como mecanismo de control social. En particular, en Estados Unidos ese modelo se resume en el concepto de aplicar la ley y el orden, la primera en la figura del policía con fuerza física, tolete y armas de fuego y el segundo en la estructura judicial-penal que suele aplicarse de modo implacable contra las minorías o los delincuentes reincidentes.

La tendencia estadounidense a abusar de la fuerza contra presuntos delincuentes –armados o desarmados– se explica en la necesidad de autoritaria de imponer los principios del Estado sobre las ilegalidades sociales. Pero en el fondo se trata de una guerra social entre el estado y grupos sociales marginados.

Como recordatorio de lo que ocurre en Estados Unidos hay que releer el libro Guerra en Paterson, del legendario periodista John Reed, ahora en edición especial del Fondo de Cultura Económica, en el que hace una crónica en 1913 de una represión policiaca, pero he encontrándole sus referentes políticos y sociales:

“Hay una guerra en Paterson, Nueva Jersey. Pero es un curioso tipo de guerra. Toda la violencia es obra de un bando: los dueños de las fábricas. Su servidumbre, la policía, golpea a hombres y mujeres que no ofrecen resistencia y atropella con sus caballos a multitudes respetuosas de la ley. Sus mercenarios a sueldo, los detectives armados, tirotean y matan a personas inocentes. Sus periódicos, el Paterson Press y el Paterson Call, incitan al crimen publicando incendiarios llamados a la violencia masiva contra los líderes de la huelga. Su herramienta, el juez penal Carroll impone pesadas sentencias a los pacíficos obreros capturados por la red policiaca. Controlan de modo absoluto la policía, la prensa, los juzgados”.

Aún con mucha timidez, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han registrado en EU los abusos de fuerza policiaca contra minorías raciales en la aplicación de la ley, incluyendo el uso de la violencia contra delincuentes en acto. El problema no radica en el mantenimiento de la seguridad ciudadana contra presuntos delincuentes o delincuentes en activo, sino en el abuso de la intimidación policíaca contra ciudadanos por la mera sospecha de actividades delictivas.

Las recomendaciones a las autoridades estadounidenses han ido en el sentido de dotar de mejor capacitación e instrumentos legales para el arresto de personas solo por órdenes de aprehensión o por incidentes delictivos en vivo, a fin de evitar que los policías detengan, revisen e intenten arrestar a ciudadanos que pudieran portar algún tipo de arma, pero que no estaban en situación delictiva en el momento.

La brutalidad policiaca tiene un sentido de desmovilización social. En México se padeció este tipo de violencia gubernamental por razones de delitos comunes o de activismos políticos violentos (la guerrilla), pero con una larga lista de violación de derechos humanos que debilitó la autoridad política y moral del Estado y que condujo en 1990 a la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo de vigilancia y denuncia del uso de la violencia institucional del sector público contra ciudadanos.

En una de sus grandes novelas, el escritor italiano de temas judiciales Leonardo Sciascia desarrolla en El caballero y la muerte, una historia sencilla una investigación de un asesinato al cual le acreditan razones políticas por parte de un grupo ultra radical. Y llega a dos expresiones de la violencia del Estado:

–La criminalidad de aquel poder (el Estado) se basaba sobre todo en no admitir ninguna otra fuera de la propia, glorificada y condecorada con todos los adornos.

–La seguridad del poder se basa en la seguridad de los ciudadanos.

Después del caso de King en 1991, Estados Unidos ha tenido cuando menos una docena de casos muy visibles de brutalidad policiaca y en todos ellos la autoridad ha sido exonerada en tribunales bajo el argumento del policía que usa la fuerza porque los policías han argumentado que “sentí que mi vida estaba en peligro”. La interpretación racista de policías blancos reprimiendo a minorías afroamericanas se desmoronó y dejó nuevas preocupaciones en Memphis donde cinco policías afroamericanos aplicaron la fuerza bruta policial contra un ciudadano afroamericano, abriendo nuevas interpretaciones de complicidad social racial.

En términos estrictos, en las calles hay una guerra social entre la fuerza del Estado y la movilización de la sociedad, incluyendo la delincuencia como una parte de la disputa por la riqueza. Ahora mismo en México la Suprema Corte echó a andar un programa de revisión de sentencias extremas y se ha encontrado con personas encarceladas por razones que no pudieron haber probadas y que por lo tanto no merecían estar encarceladas.

Por el problema de fondo es el de la guerra social en la que el Estado utiliza la fuerza como mecanismo de control social y desmovilización de la sociedad y todo el aparato legal-judicial estaría formando parte de los mecanismos de explotación social.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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