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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2019.- Con enorme falta de sensibilidad, el gobernador hidalguense Omar Fayad lanzó una agresión al ejército mexicano que acudió a ayudarlo a combatir el huachicoleo. En una entrevista para Milenio TV, el mandatario dijo que le había “pagado” al ejército 43 millones de pesos anuales para que llegara a la entidad a luchar contra el robo de combustible.
La impresión que dejó la declaración fue recibida más bien como pretexto para lavarse las manos de un problema que creció en Hidalgo hasta llegar a la tragedia de Tlahuelilpan y cuyo delito fue justificado por el gobernador Fayad como producto de la pobreza, el argumento oficial del gobierno lopezobradorista. Pero el robo de gasolinas aumentó en los dos y medio años de gobierno de Fayad, como se vio en aquel municipio, por la falta de vigilancia estatal y por la ausencia de programas sociales. Las comunidades semiurbanas en Hidalgo se han inclinado a la delincuencia ante la pasividad del gobierno estatal.
Por lo demás, el gobernador Fayad en realidad mintió al referirse a la forma en la participación de las fuerzas armadas en materia de robo de combustibles. En la entrevista dijo que había solicitado presencia militar en zonas de ductos de combustibles, pero el gobierno federal se había negado con el argumento de que la inseguridad en Hidalgo era muy baja. Y ahí fue donde lanzó su insidia: “tuve que pagarle al ejército” para el envío de tropas.
A pesar de haber sido senador y primer comisionado de la creada Policía Federal Preventiva en Gobernación con Francisco Labastida en 1999 y de haber dirigido comisiones de seguridad en el Senado, el gobernador Fayad dejó la impresión de que le había pagado al ejército para cumplir su función y no se preocupó por la calumnia contra las fuerzas armadas de que éstas se mandan solas y sólo van donde les pagan. La movilización del ejército en labores de apoyo a la seguridad pública es una decisión institucional, pues los militares no son una fuerza mercenaria de alquiler.
En todo caso, por alguna razón política ajustada a los tiempos lopezobradoristas, el gobernador Fayad se quiso deslindar de la realidad del aumento escandaloso del huachicoleo en Hidalgo y de la participación creciente de la sociedad empobrecida en el delito. El supuesto pago del gobernador Fayad al ejército no fue tal sino un compromiso asumido por el mandatario para ayudar a los militares que resultan afectados en su vida por sus labores de alta peligrosidad.
Por lo demás, el manejo presupuestal del gobierno de Hidalgo –como el de los demás estados de la república– no tiene caracterizado el rubro de “compra de servicios de seguridad” y menos de fuerzas federales cuya función es la de apoyar a estados y municipios. De ahí que la afirmación hecha por el gobernador no es más que una calumnia contra las fuerzas armadas que participan en labores de apoyo a la seguridad pública en función de fundamentos constitucionales basados en la fracción VI del artículo 89 Constitucional: la seguridad interior que por razones que se deben indagar ya no es garantizada por gobiernos estatales.
El aumento de las tomas clandestinas de robo de combustible en Hidalgo creció justamente en los dos y medio años de gobierno de Omar Fayad y ha colocado a Hidalgo en el nada honroso cuarto lugar en tomas clandestinas y es el estado gobernado por un priísta con mayor robo de combustibles: más de mil 100 tomas detectadas. Hidalgo, como se vio en Tlahuelilpan, es la entidad donde hay una mayor participación de pobladores en el delito del huachicol.
Justamente en Tlahuelilpan se probó que los pobladores de municipios participan directamente en el delito ante la pasividad de las autoridades estatales y municipales. El ejército no fue a Hidalgo a detener delincuentes, sino a vigilar ductos. Por ello fue por lo que las fuerzas armadas no actuaron contra los pobladores de Tlahuelilpan y alrededores porque los militares estaban para apoyar a autoridades locales y no a disparar contra el pueblo. Los pobladores se han dedicado al robo de combustibles por falta de programas sociales de los gobiernos estatales y municipales.
El gobernador priísta Fayad le debe al ejército una explicación y una disculpa por la difamación en televisión de que había “pagado” a los militares para que combatieran en huachicoleo. Con seguridad, la afirmación de Fayad debió haber caído mal en las fuerzas armadas porque éstas son las que cubren las deficiencias de seguridad de autoridades estatales y municipales y porque dejó la impresión de que el ejército es fuerza mercenaria que vende sus servicios.
Asimismo, Fayad debe de explicar a la opinión pública como ha sido que un experto en seguridad y en manejo de policías federales dejó que el estado número 17 en población nacional (2.1% del total) esté entre los cinco con mayores huachicoleros. Y más cuando Fayad promovió leyes contra el robo de combustibles, pero éste aumentó al grado en tiene a Hidalgo como una de las principales capitales del huachicoleo.
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