Día 18. Genaro, víctima de la seguridad nacional de EU
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2020.- La situación que prevalece en el sistema educativo estatal en relación a la falta de resultados ya es inocultable. El día de ayer, desde el más alto nivel del poder ejecutivo estatal llegaron señales de que la preocupación está cundiendo también allá.
Prueba inmensa de ello fue que, en el mensaje principal del V Informe de Gobierno del Ing. Silvano Aureoles Conejo las menciones directas al sistema educativo estatal en cuanto a logros, resultados y políticas públicas exitosas por hacer valer el derecho a aprender y la garantía de los derechos profesionales docentes conforme a los atributos constitucionales el número total de menciones realizadas fue de un redondo cero.
Inéditamente, en 26 cuartillas no se presentaron soluciones ni resultados en la materia, pero sí hubo dos menciones respecto a la problemática educativa.
Primeramente, el gobernador habló en su mensaje de reconocer "al problema político-educativo" de hace 30 años, el cual por cierto logró subir a agenda pública gracias a que Olga Sánchez Cordero vino a hacer declaraciones muy fuertes respecto a la evidente descoordinación entre órdenes de gobierno para al menos paliar el problema de las finanzas educativas estatales denominadas "ejercicio 2020", ya que estamos muy alejados de resolver estructuralmente el problema o de tener acuerdos intergubernamentales que sean letra viviente, como se ha tratado de decir.
Seguimos morosos, endeudados y entrampados en una federalización de la nómina magisterial inexistente. Los hechos lo demuestran.
El segundo problema pendiente que exhibió el gobernador y en el cual no está inmersa la federación, sino que es un tema totalmente local fue el regaño explícito que espetó el gobernador de la necesidad irresuelta de "replantear planes y programas" educativos para lograr respeto, dignidad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, justo como estamos, en un pantano de estadísticas históricas de violencia contra las mujeres y sus familias.
¿Por qué un problema que se pudo resolver desde la SEE se convirtió en una exhibición a los cuatro vientos de viva voz del primer mandatario?
En suma, Silvano Aureoles nos informó que hay dos grandes problemas en el sector educativo que están irresueltos, con rutas no recorridas y de los cuales no se dijo por qué razón siguen sin lograrse resultados. Sí, se habló somera y ambiguamente en materia educativa de haber dado "pasos" e "inversiones", pero sin detallar montos, cifras, hechos, mucho menos indicadores de impacto universal; ya no hablemos de haber construido auténticos puntos de inflexión en torno a transformar al sistema educativo.
No se descarta que se hable posteriormente, en mensajes secundarios de algunos puntos en materia educativa; pero siendo la dependencia que absorbe más de la mitad del presupuesto estatal y tiene en sus filas a la mayor cantidad de trabajadores sería de esperarse que hubiera un espacio en la misma proporción en el mensaje gubernamental.
En materia educativa se perdió la oportunidad, se fue el barco, se bloqueó el tren. Hay mucho por hacer para lograr que en el sexto y último informe de gobierno las dependencias educativas tengan un papel mucho más digno y decoroso, por el bien de la niñez, de la juventud, sus maestros y sus familias. Aún se puede.
De todo el informe destaco el tamiz y criterio que mencionó nuestro primer mandatario estatal: "los resultados son los que se evalúan". Es decir, al no mencionar en su mensaje principal resultado alguno en materia educativa, deja pendiente la evaluación para el sistema educativo estatal.
Por lo pronto, en su mensaje se hicieron 46 referencias a la palabra salud, 20 a la palabra seguridad, 9 a empleo, 8 a infraestructura, 3 a educación, cero a deporte, 3 a cultura, 3 al campo y 1 a la agricultura.
Con esto podemos darnos una idea de las decisiones tomadas en materia de comunicación social y que revelan el pulso y la evaluación interna de resultados en cada una de las materias expuestas.
Paralelamente, apelando al criterio arriba mencionado, hablemos de indicadores de avance, porque hay compromisos firmados que cuentan con sus métricas y por supuesto tenemos nuestros datos. Por ejemplo, el 26 de mayo de 2015, todos los candidatos a gobernador firmaron la Agenda por Michoacán, en donde se comprometieron a hacer realidad el siguiente decálogo por la educación:
1) Cumplir con el ciclo escolar de 200 días efectivos de clases, de manera que los niños y jóvenes aprovechen las oportunidades de aprendizaje que son su derecho, y que en los casos que corresponda, la autoridad aplique el descuento a los maestros faltistas y el despido a quien se ausente del aula, sin justificación, por más de tres días.
Al respecto, es del dominio público que los niveles de ausentismo en las escuelas michoacanas estaban siendo muy altos antes de la pandemia, por la situación derivada de la elección interna de la CNTE y por las constantes protestas magisteriales derivadas del impago de sus salarios y prestaciones. Prácticamente no hubo avance en este ciclo escolar respecto a los de hace una década.
2) Impulsar mayor equidad en la educación, nivelando paulatinamente a las escuelas y medios de aprendizaje, poniendo especial atención en las zonas marginadas e indígenas de Michoacán. Se esperaría que en este rubro se lograra la universalidad de la educación pública, a la vez que la inclusión para permitir acceso y cobertura para todos los estudiantes michoacanos, así como se elevaran los indicadores socioeducativos, lo cual tiene avances pírricos.
3) Aplicar, sin excepción, las evaluaciones a los alumnos y a las escuelas del sistema educativo estatal. Al respecto, se sabe que fueron boicoteados por parte de las cúpulas de la CNTE, pero ni hubo medidas de ajuste para lograr conocer el nivel de aprendizaje escolar entre los estudiantes, ni tampoco se informó con honestidad la situación al respecto, ya que con los pocos cuestionarios que sí se lograron aplicar se intentó persuadir a la opinión pública en relación a que Michoacán ya se encontraba en la media nacional en diversos indicadores, a pesar de no contar esas aplicaciones con validez muestral ni representatividad, por lo que todo lo informado quedó en el vacío.
4) A partir del mes de octubre de 2015, se deberán concursar todas las plazas vacantes de maestro, director, asesor técnico-pedagógico y supervisor de la Secretaría de Educación en el Estado, evitando que se entreguen en automático, al salir de la escuela normal, por motivación política, que se vendan o hereden. La entrega de plazas desde las etapas de jubilación se ha validado y sigue siendo un perverso uso y costumbre. A la fecha, no existe una norma que impida el mencionado congreso.
5) Destinar recursos humanos y financieros suficientes y pertinentes para la formación inicial y capacitación de los maestros, lo que incluye actualizar a las escuelas normales. Esto se ha mantenido de una manera marginal en marcha, ya que prácticamente no se le destina presupuesto al rubro de la formación continua, pero tampoco se ha hecho mayor cosa por dignificar a las escuelas normales. Ahora con el inminente recorte presupuestal, la situación para la formación inicial y continua de los maestros luce peor que nunca.
6) Evaluar a cada uno de los maestros, directores y supervisores de manera periódica y se apliquen las consecuencias (reconocimiento, promoción, apoyo, capacitación o remoción) que la ley establece. La evaluación docente simplemente nunca se aplicó como era debido, ya que la selección de la muestra se manipuló y los maestros que acudieron a evaluarse fue con promesas de incremento salarial o de la obtención de bonos. Obtuvieron los beneficios y se esfumó el seguimiento a los maestros evaluados.
7) Transparentar y depurar la nómina magisterial para dejar de pagar –con dinero destinado a los maestros– a aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos o a cualquier otra persona que no desempeñe función docente. A la fecha, las oficinas centrales de la SEE siguen llenas de personal docente que se encuentra comisionado a programas educativos o a labores administrativas. Se siguen enviando maestros de educación física a realizar funciones fuera de las aulas y se les comisiona a municipios o a programas ajenos al aprendizaje de los estudiantes.
8) Construir, actualizar y publicar el Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa, a partir del 1º de enero de 2016, así como los padrones y nóminas magisteriales a nivel estatal. A la fecha no está debidamente transparentado el padrón estatal de trabajadores de la educación, especialmente de todos aquellos docentes que cobran mediante contrato temporal. La opacidad sigue reinando.
9) Promover la transparencia en todas las escuelas vigilando que se ofrezca ante la comunidad un informe de actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel. Este factor ha sido enormemente simulado cuando se ha dado, prueba de ello es que ni siquiera se han conformado adecuadamente los Consejos Escolares de Participación Social, ya que muchos simplemente fueron simulados para llenar el requisito. Hoy no hay. una base de datos accesible públicamente donde la ciudadanía pueda consultar el estado de cada uno de los planteles.
10) Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo. Lo cual, a la fecha no existe. Hay un alud de inconformidades, por ejemplo, derivadas del proceso de ingreso a las escuelas normales, de los cambios de adscripción para maestros, por el cobro de cuotas escolares, por el tráfico de ascensos y encargaturas de despacho, por la falta de pago puntual a los trabajadores de la educación, por violaciones contra el derecho humano a aprender, entre muchos otros ámbitos más, para los cuales no existe una ventanilla donde se presenten, se les dé trámite y se resuelvan los problemas. La burocracia ante las quejas es una inmensa barrera que mantiene en la injusticia y en la impunidad muchos atropellos.
Respecto a las sugerencia, opiniones y recomendaciones hoy no opera modelo de gobernanza ni de participación ciudadana en la educación desde el cual se pueda dar seguimiento al estado de la educación, ni presentar propuestas de mejora para la política educativa estatal.
En suma, difícilmente se puede hablar de soluciones y de resultados en el gobierno estatal, mucho menos de un cumplimiento de más del quince por ciento de la Agenda por Michoacán comprometida con los ciudadanos; por lo que, al respecto se sigue esperando se trace una ruta de seguimiento y solución conjunta con las autoridades educativas estatales.
Michoacán requiere transitar del soliloquio al diálogo y de éste a la acción transformadora. Aún se puede cerrar el sexenio con cierta dignidad si se hace un esfuerzo conjunto y extraordinario entre órdenes de gobierno, maestros, estudiantes, padres de familia y sociedad civil, si es que así se desea. Veremos.
Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles