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OAXACA, Oax., 28 de agosto de 2018.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) red conformada por 40 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 22 estados de la República, presentó el Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017.
En un comunicadó informó que en dicho informe se documentó el asesinato de 385 mujeres de enero de 2014 a junio de 2017.
De ellos, sólo 256 casos fueron investigados como feminicidios, es decir el 66%.
A ello se suma el incremento de la desaparición de mujeres y niñas en la entidad.
Del primero de diciembre de 2016 a la fecha la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca ha documentado la desaparición de 315 mujeres y niñas desaparecidas, de las cuales 17 fueron localizadas, 4 de ellas fueron víctimas de feminicidio, mientras que del resto no hay información al respecto.
En el caso de los feminicidios, la Fiscalía General del estado de Oaxaca informó al OCNF que en su mayoría, las mujeres víctimas de feminicidio se encontraban en el rango de más de 50 años de edad (23%), seguidas de mujeres entre 31 y 40 años de edad en un 21%.
De manera preocupante el OCNF documentó que el 45% de los feminicidios fueron perpetrados con arma de fuego, el 24% con arma blanca, 12% a través de golpes, 9% de las mujeres fueron asfixiadas, en el 7% de los casos las autoridad desconoce el método utilizado para asesinar a las víctimas, mientras que en el 3% de los casos la autoridad informó que los feminicidios fueron realizados con otros métodos.
Otro dato de preocupación es que en el 55% de los casos la autoridad desconoce el lugar del hallazgo de las mujeres víctimas de feminicidio.
Por otra parte, 29% de los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en espacios públicos como terrenos baldíos, carreteras, entre otros, lo que evidencia el poco valor que se le da a la vida de las mujeres y la basurización de su cuerpo.
Asimismo, en el 16% de los casos las mujeres fueron encontradas en su casa habitación.
En un contexto en el que la violencia contra las mujeres se agudiza y en el que prevalece la brutalidad y saña, otro hallazgo del OCNF en este informe, el cual fue realizado con el apoyo de la Unión Europea y la Embajada en México de los Países Bajos, es que de los 256 feminicidios registrados en este periodo, en el 61% de los casos el agresor no tenía ningún tipo de relación con la víctima, este dato evidencia la participación de diversos actores en los asesinatos de las mujeres, entre ellos, la delincuencia organizada, sobre todo al identificar que la mayoría de los feminicidios ha sido realizados con arma de fuego.
Otro foco de alarma es que en el 21% de los casos, la autoridad desconoce al agresor, lo que significa que no existe imputado al que se esté investigando y por ende, estos casos se convierten en un campo fértil para la impunidad.
En el 16% de los casos el victimario fue la pareja de las mujeres y en el 2% un familiar o conocido.
Si bien el tipo penal del feminicidio en Oaxaca lo considera como un delito autónomo, cuenta con las circunstancias objetivas para acreditar las razones de género, y el protocolo de investigación permite que las investigaciones puedan realizarse a cabalidad, en la práctica, se desconoce el estatus legal actual de la mayoría de los casos y el número de casos con sentencia condenatoria por dicho delito.
Ante la prevalencia de impunidad en los feminicidios en el estado, el 3 de julio de 2017 la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). A la fecha esta se encuentra en la etapa de cumplimiento de las recomendaciones del Informe, expresó
En este contexto, como organizaciones de la sociedad civil nos preocupa la falta del debido proceso que ha acompañado dicha solicitud, la dilación en los tiempos marcados por la ley, la falta de coordinación entre el Gobierno Federal -a través de la CONAVIM- y el Gobierno Estatal para garantizar investigaciones que permitan conocer la situación real de los feminicidios en el estado, y a partir de ello crear política pública urgente y efectiva.