Impune el asesinato de Jaime Jiménez, defensor de Río Verde, a 2 años

Este 28 de marzo, se cumple otro año del asesinato del defensor comunitario Jaime Jiménez Ruiz, originario de Paso de la Reyna, quien fue agente municipal, presidente de la asociación ganadera, además de integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). Su familia y la comunidad celebrarán una misa. Después de la misa, como es la costumbre, se compartirá pan, café y tamales.

Jaime no pudo conocer a su nieta, estaba en el vientre de su madre cuando fue asesinado, la ausencia de Jaime trascendió en su hija, hijo y esposa, además de la comunidad y la región. Jaime fue conocido por su defensa del río Verde, la capacidad de análisis de Jaime y otras y otros compañeros del COPUDEVER contribuyó a que se examinara la Manifestación de Impacto Ambiental y se presentaran argumentos sobre la inviabilidad del Proyecto hidroeléctrico “Río Verde”.

El trágico mes de marzo de 2021 robó la vida de cuatro defensores, el 15 de marzo asesinaron a Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes y posteriormente, el 28, fue asesinado Jaime en el camino entre Jamiltepec-La Humedad- Paso de la Reyna, donde también, en distintas fechas, fueron asesinados Fidel Heras Cruz y Filogonio Martínez Merino.

Las medidas otorgadas a la comunidad por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han resultado insuficientes e inoperantes. El pasado gobierno de Alejandro Murat jamás tomó cartas en el asunto. Los cambios constantes de secretarios y secretarias de seguridad, impidieron un seguimiento y cumplimiento de las medidas. El actual gobernador, Salomón Jara Cruz, no ha dado seguimiento al caso. El presente fiscal conoce perfectamente el acontecimiento, sin embargo, no ha presentado avances en la investigación.

En la actualidad, la comunidad de Paso de la Reyna y el COPUDEVER se mantienen en la lucha a pesar del dolor y la impunidad. A las autoridades responsables no les importa, pese a que es su obligación, velar por salvaguardar los derechos, la seguridad y justicia de las comunidades como lo establecen la constitución, los tratados internacionales y leyes.