Obispos de México: Un nuevo horizonte
Guerras en Quintana Roo: narco,poder, candidaturas y el agua
Detrás de la crisis de seguridad en el estado de Quintana Roo existen otras guerras igual de conflictivas como las de la inseguridad violenta: la disputa por el poder entre grupos tradicionales de cacicazgos priístas y morenistas, el control económico de la turística Rivera Maya y de manera especial la disputa por el agua entre grupos privados y algunos exfuncionarios que han combatido la privatización de ese recurso.
Todas estas guerras se están agudizando en función de las elecciones de gobernador del próximo año, pero en medio de una descomposición de la seguridad pública y la seguridad interior por el desbordamiento de la actividad criminal por encima del rebasado aparato público policiaco.
El gobernador Carlos Joaquín González, miembro del cacicazgo político priísta de los Joaquín y gobernador por la coalición PAN-PRD, ha entrado en la lógica del descontrol político y de seguridad como producto de los grupos de poder y enfrenta por adelantado la victoria de Morena, a pesar del dinero invertido en publicidad, entre ellas, la revelación de cinco millones de pesos entregados a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, escritor oriundo del estado, aunque radicado desde hace muchos años en la capital de la república.
Una de las víctimas de la guerra sucia del gobernador Joaquín es Laura Beristaín, la regidora del municipio Solidaridad-Playa del Carmen y candidata a la reelección por Morena en un proceso electoral fraudulento y avalado por su partido. Detrás de esa operación electoral se encuentra el gravísimo problema del agua en Quintana Roo y su privatización en 1993 por decisión del presidente Salinas de Gortari. En 2014 la regidora Laura Beristaín del municipio Solidaridad-Playa del Carmen se opuso a la extensión del acuerdo privatizador por irregularidades en el procedimiento y por los reclamos ciudadanos por el mal abastecimiento y caro del agua privatizada.
Beristaín fue convertida en enemiga política del gobernador Joaquín y desde entonces ha sufrido el acoso contra ella y contra su familia y el fraude electoral de este año para impedir su reelección, y el asunto comienza a agravarse por las posibilidades de Beristaín de competir por la gubernatura el año próximo. El problema ha llegado a denuncias formales de exigencias del gobernador para que renuncie a la regiduría y se vaya del estado.
La guerra por el agua está escalando situaciones de inestabilidad social. Los municipios Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos padecen el control privado del agua por parte de la empresa Aguakan y su abuso en materia de precios. Varias corrientes morenistas están exigiendo que se le quite la concesión del agua a la empresa Aguakan porque viola el artículo 4 de la Constitución local que reconoce al agua como un derecho humano. Como parte de los conflictos por el agua el gobierno de Carlos Joaquín encarceló al gerente de la comisión estatal de agua potable y alcantarillado.
El agua, el realineamiento de grupos de pode y la crisis de seguridad y la corresponsabilidad del gobierno de Joaquín en el crecimiento y consolidación de grupos del crimen organizado en la zona turística serán parte del escenario electoral del 2022. Y aunque Morena como partido encabeza las tendencias electorales, dentro de ese organismo político también se han desatado guerras entre facciones.
El saldo político del gobierno de Joaquín se percibe en una inestabilidad política y de seguridad que ha escalado advertencias del gobierno de Estados Unidos a sus nacionales para evitar visitas turísticas a una de las zonas de la República que constituyen una fuente de ingresos de divisas.
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