Indispensable, reglamentar gobiernos de coalición

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2017.- Para nadie debiera ser una buena noticia, que en la conformación del Frente Ciudadano por México haya temas sociales de fondo, que hayan sido vetados por los partidos que buscan integrar dicha coalición electoral. Esa es una pésima noticia porque, si bien ya sabemos que las coaliciones electorales sólo sirven para ganar elecciones sin asumir compromisos de mediano plazo, también es cierto que hoy existe ya la figura de los gobiernos de coalición. Al no haber una reglamentación de éstos, pareciera que entonces la propia Constitución sigue alentando las riesgosas coaliciones sin derroteros.

En efecto, a pesar de que parece ir bastante avanzada la negociación entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para la conformación del Frente Ciudadano por México, hay temas en su discusión que siguen vedados, y prácticamente eliminados de cualquier posibilidad de abordaje. Esos son temas de índole social tales como la discusión sobre el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el establecimiento constitucional del derecho a la vida desde el momento de la concepción, y otros que si bien no son determinantes para definir el rumbo de una elección, sí son importantes por la trascendencia social que revisten.

En esa lógica, a estas alturas la pregunta ya no tendría que ser si en realidad el PAN o el PRD están dispuestos a transigir —a pesar de la supuesta distancia ideológica que existe entre ellos— sobre temas tan importantes como los antes mencionados, en un momento políticamente tan complejo, como lo es la conformación de una coalición electoral del tamaño y la importancia del Frente Ciudadano por México, sino si en realidad eso mismo harían en el supuesto de que llegaran a ganar la elección presidencial.

Pues es claro que hoy, una coalición de corte electoral es insuficiente, e incluso riesgosa, si se toma desde la perspectiva de que en México ya tenemos innumerables experiencias relacionadas con las coaliciones electorales que terminan siendo desastres de gobierno. ¿Por qué ocurre así? Por un lado, porque las coaliciones electorales no han sido conformadas con la seriedad que revisten las circunstancias, y porque éstas tampoco han venido acompañadas de compromisos concretos que bien podrían traducirse en lo que hoy se conoce como un programa de gobierno, o más concretamente en un gobierno de coalición como los que ya contempla la Constitución.

Más bien, las experiencias conocidas son las de coaliciones electorales que prácticamente se deshacen al día siguiente de que ocurren los comicios, o que se mantienen vigentes únicamente como mecanismos de reparto de las parcelas gubernamentales o de los espacios de poder. Hasta ahora, en ningún caso las coaliciones electorales han evolucionado en programas de gobierno concretos, e incluso tampoco en espacios institucionales y legitimados de concertación entre las fuerzas políticas que, juntas, primero ganaron una elección, y luego también juntas deban afrontar las responsabilidades del gobierno.

Así, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, queda claro que la coalición PAN-PRD que el sexenio pasado llevó a Gabino Cué a la gubernatura, sólo se mantuvo activa en la medida en la que se repartieron algunas de las cuotas de poder de la administración de Cué, y finalmente decidieron dejarlo solo, en una oprobiosa apuesta en la que ni ellos le disputaban más poder del que él les había dado; y por el otro, Cué ejercía el poder sin preguntarle ni consensar con las fuerzas coaligadas porque como éstas ya habían recibido su pago, nada tenían que cuestionarle al entonces gobernador.

Casos ominosos

En esta lógica, vale otro ejemplo. En mayo de 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un paquete de iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario a nivel nacional, y establecer diversas disposiciones relativas al estado civil de las personas que son conexas a la figura del matrimonio. Esta decisión presidencial, abrió una polémica que en realidad tenía varios frentes. Uno era el relacionado estrictamente con la necesidad de discutir esos temas tan importantes y sensibles para la sociedad mexicana; el otro, hacía blanco en el imperativo de que tanto la ciudadanía como los partidos políticos demostraran, ante discusiones como las antes mencionadas, el nivel de civilidad y tolerancia que practicamos y demostramos todos en nuestras relaciones cotidianas.

La iniciativa presidencial era formidable. De acuerdo con aquella fallida iniciativa el matrimonio quedaría definido como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”.

Con respecto al derecho a adoptar menores por parte de parejas del mismo sexo —cuestión nodal que provoca mayores resistencias y desconfianzas que el matrimonio en sí mismo, lo que refleja clara y flagrantemente la homofobia social porque, se piensa, se pone en riesgo el buen desarrollo del infante, por lo que este derecho suele excluirse de las figuras de “uniones civiles”— la argumentación se apoyaba en lo sentenciado por la SCJN, en el sentido de que negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes, deriva en una conducta discriminatoria, tanto para ellas, como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado, pues se les desconoce su derecho a tener una familia, en el sentido más amplio posible de este concepto, tal como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal en el caso de la adopción por parte de matrimonios del mismo sexo.

Como puede verse, dicha reforma era una de las más trascendentes del sexenio —socialmente hablando— pero fracasó. Fue así porque los partidos opositores no fueron capaces de deponer sus argumentos más radicales para adentrarse en un tema que requería tolerancia, civilidad y capacidad de entendimiento mutuo para sacar adelante una reforma que al menos nos hiciera avanzar parcialmente como sociedad. No hubo forma, y por eso el Presidente claudicó totalmente en la posibilidad de entrar a la discusión de fondo de ese tema.

Sólo demagogia

Si esta es una experiencia previa, ¿un posible gobierno de coalición, derivado del Frente Ciudadano por México, tendría los espacios políticos y la civilidad necesaria para una discusión tan trascendente como esa? Queda claro que no. Y ahí comenzarían los fracasos. Por esa razón es importantísimo que exista una reglamentación concreta para los gobiernos de coalición, que tenga como fondo el establecimiento de compromisos mutuos concretos en temas no sólo políticos o electorales, sino en cuestiones ideológicas y sociales tan concretas y emocionales como esas. Mientras no ocurra, todo seguirá siendo demagogia y alianzas para ganar elecciones. Es decir, seguir dando vueltas en círculos sin llegar a nada.

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