INE castiga libertad de opinión; reglamento anula Constitución

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2018.- En un acto sin precedentes y fijando nuevas reglas del juego informativo, siete de once consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron sancionar al columnista Carlos Ramírez, autor de Indicador Político desde 1990, por haber citado en un párrafo en septiembre de 2017 una encuesta que no había sido registrada ante el organismo.

En el debate, el consejero Benito Nacif calificó la decisión de “carga desproporcionada” y dijo que se estaría contradiciendo el artículo 7º de la Constitución; y como para dejar claro la dimensión de la resolución oficial, Nacif citó la primera oración de dicho mandato constitucional: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio”.

El consejero Nacif puso el dedo en la herida de la libertad de opinión que llegó después de años de censura del ancien régime priísta contra la prensa de ideas. El segundo párrafo del 7º señala que “ninguna autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que lo previsto en el primer párrafo del 6º Constitucional”.

Ese primer párrafo del 6º Constitucional norma con claridad: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros o provoque algún delito o perturbe el orden público”.

La resolución de sanción contra el columnista Carlos Ramírez es la primera que se impone contra un periodista de opinión, porque en el jurídico del INE ya hay otras inquisiciones administrativas contra periodistas que ejercieron su derecho a la opinión, entre ellos Ciro Gómez Leyva, quien ya reaccionó de manera muy enérgica en su programa de televisión contra las amenazas judiciales del INE.

En los hechos, el INE restaura el delito de opinión y lo castiga con sanciones hasta ahora no especificadas. La tesis del INE se basa en la existencia de un reglamento electoral donde se define como delito la publicación de encuestas que no hayan sido registradas en el Instituto. Pero en lugar de sancionar a quien hizo la encuesta, el INE acude al viejo modelo autoritario de desquitarse con el mensajero.

Por primera vez un reglamento administrativo de un Instituto del Estado coarta, censura, limita y castiga la libertad de opinión. Los delitos de opinión fueron el mecanismo preferido por la dictadura de Porfirio Díaz para someter a la prensa a censuras y autocensuras. Díaz fue más allá: eliminó el doble jurado en delitos de prensa, para cerrarle espacios de defensa a los periodistas.

En su argumentación contra la sanción, el consejero Nacif señaló el efecto de censura que provocaría la resolución, pues, afirmó, “desalentaría” la discusión de asuntos de interés público y restringe un derecho constitucional.

La restricción del INE en su reglamento condiciona la publicación de encuestas no registradas en medios; sin embargo, su resolución del viernes castiga por primera vez en la historia posrevolucionaria al periodismo de opinión.

En pocas palabras, INE anuló la Constitución, comenzó la censura de las libertades de prensa y de opinión y restauró las viejas prácticas priístas contra la prensa crítica.

Política para dummies: La política es el espacio para la convivencia, pero también el territorio para la guerra.

Si yo fuera Maquiavelo: “Es una necesidad para el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles, supuesto que puede crear nuevos o deshacerse de los que tenía, y quitarles y concederles autoridad a capricho”.

Solo para sus ojos:

Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.

El libro La silla endiablada, de Carlos Ramírez, está a la venta en tiendas Sanborns en todo el país. Es un auxiliar informativo a la hora de votar.

Los poderes fácticos buscan que los candidatos se sometan a sus exigencias: sacerdotes católicos, empresarios, sindicatos, intelectuales y hasta grupos criminales están acotando a los aspirantes presidenciales, pero fuera de las reglas del sistema electoral.

Nicaragua ya se salió de control y la comunidad bolivariana no va a defender al dictador Daniel Ortega porque la represión gubernamental ya provocó condenas internacionales.

Famosas últimas palabras: “De escándalo la corrupción e impunidad”: episcopado mexicano, un organismo religioso que ha sido revelado como corrupto y garante de la impunidad de los curas pedófilos.

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