INE: el árbitro electoral en entredicho

Punto de quiebre

«El árbitro no puede jugar el partido, meter zancadilla y después hacerse el desentendido».

La controvertida elección presidencial de 1988, en la que resultó electo el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, marcó un punto de quiebre en la historia política de México. La crisis de confianza que produjo impulsó una transformación institucional que, en 1990, dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE). Su autonomía constitucional, alcanzada en 1996, representó un paso fundamental en la construcción de un sistema electoral más independiente y en la democratización del país.

En 2014, el IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando sus atribuciones y modificando la organización de los comicios. Sin embargo, las reformas legales y los cambios institucionales no garantizan, por sí mismos, la independencia de una autoridad. Esta se demuestra con sus decisiones, su transparencia y su capacidad para actuar sin subordinación a los intereses del poder político.

La llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, en 2023, generó cuestionamientos sobre la independencia del organismo, particularmente por las percepciones de cercanía con el gobierno en turno. Una designación no demuestra, por sí misma, parcialidad; pero la confianza pública exige que quien encabeza el árbitro electoral acredite su independencia mediante hechos.

Las controversias se profundizaron después de las elecciones federales de 2024, especialmente por la asignación de diputaciones y senadurías y la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso. La interpretación de las reglas de representación proporcional abrió un debate sobre la correspondencia entre los votos ciudadanos y la integración del Poder Legislativo, así como sobre los límites que deben proteger el pluralismo y los contrapesos democráticos.

La legalidad de una resolución y sus consecuencias políticas son dimensiones distintas, aunque relacionadas. Precisamente por ello, las decisiones de una autoridad electoral deben resistir el escrutinio público y contribuir a preservar la confianza en las reglas del juego democrático.

A esta discusión se sumaron señalamientos sobre posibles conflictos de interés e irregularidades en contrataciones relacionadas con el entorno de la presidencia del INE. La Auditoría Superior de la Federación anunció investigaciones sobre presuntas anomalías. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar, con evidencia y conforme a derecho, si existen responsabilidades. La exigencia de transparencia no admite excepciones por el cargo que ocupe una persona ni debe convertirse en una condena anticipada.

En este contexto, Guadalupe Taddei anunció que presentará su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre. Su decisión abre una nueva etapa para el organismo, pero no resuelve por sí misma los cuestionamientos que han afectado su credibilidad. La salida de una persona no puede sustituir la investigación de los hechos ni eximir a nadie de rendir cuentas.

La defensa del INE no debe confundirse con la defensa incondicional de quienes lo encabezan. La institución está por encima de sus integrantes, y su autonomía no puede convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas. Defenderla significa exigir que sus consejeros actúen con independencia, que sus decisiones sean transparentes y que cualquier posible irregularidad se investigue hasta sus últimas consecuencias.

Ahora, la sucesión de la presidencia del instituto adquiere una relevancia extraordinaria. México necesita un perfil con experiencia, solvencia profesional, independencia acreditada y capacidad para conducir una institución cuya responsabilidad es garantizar elecciones libres y equitativas. Pero también necesita un procedimiento de designación transparente, con criterios públicos y garantías de que la conducción del organismo no estará subordinada a intereses partidistas.

La independencia no puede depender exclusivamente de las cualidades personales de quien ocupe la presidencia. Debe estar respaldada por reglas, procedimientos y contrapesos que impidan que el poder político capture al árbitro electoral.

Las elecciones de 2027 pondrán a prueba a los partidos, a sus candidatas y candidatos, y a sus propuestas de gobierno. Pero también pondrán a prueba al INE, que deberá demostrar que puede organizar los comicios con certeza, legalidad e imparcialidad, en un escenario de polarización y desconfianza institucional.

La democracia no puede descansar en la confianza ciega en sus instituciones, sino en la certeza de que estas cumplen su función, rinden cuentas y corrigen sus errores. La autonomía no significa ausencia de controles, así como la rendición de cuentas no debe convertirse en un instrumento de presión política.

La historia de la democratización mexicana demuestra que construir instituciones independientes exige tiempo, acuerdos y voluntad política. Debilitarlas puede ser mucho más sencillo que reconstruir la confianza perdida.

El verdadero desafío no es solamente elegir a quien sustituya a Guadalupe Taddei, sino garantizar que quien llegue tenga la independencia necesaria para arbitrar la contienda sin deberle lealtad a ningún poder político.

En una democracia no basta con poder elegir libremente: también es indispensable tener la certeza de que nadie puede inclinar la cancha ni alterar las reglas en beneficio propio.