Institucionalización del rompimiento

En los otros datos que comúnmente manejan los gobernantes sin importar el partido, ideología o tendencias, tienden en todo momento a inflar las cifras a favor de lo que dicen que hacen, a demeritar las que señalan sus hierros y en no pocas ocasiones a atacarlos con virulencia, aplicar unilateralmente las leyes vigentes para sancionar a los que no coinciden con sus números, exhibir impunemente sus supuestos logros y construir una retórica, una realidad virtual poco comprobable y solazarse que los anteriores administradores del bien común son los que manejaron mal e inadecuadamente sus obligaciones y catalogar sus acciones como “inéditos, históricas y como ninguna otra acción anterior de gobierno”. Aseverar que tal o cual grupo en el poder de la administración es el único el que más miente no es del todo acertada porque basta con una pequeña revisión a los datos y notas hemerográficas para constatar que es una práctica recurrente y pareciera en no pocas ocasiones que hubiera un guion, un manual o indicaciones heredadas para esta práctica que ya forma parte de los usos y costumbres de los gobiernos y gobernantes.

En un país como el nuestro en que el promedio de educación es de 9.8 grados, con un índice de analfabetismo de más del 4.7%, con un promedio de aprendizaje de 6 en matemáticas y 7 en español y un promedio de lectura de libros de 3.4 al año, se podrá al menos mínimamente comprender el involucramiento, la participación y sobre todo el manejo de la información básica de los temas y asuntos que a todos nos involucran y nos conciernen de la mayoría de la población de tal manera que pareciera que hasta ahora a todos los gobiernos de los tres órdenes por omisión, complicidad o aun promotores conviene mantener este estado de cosas porque administrar la pobreza y la ignorancia les asegura perpetuarse en el poder. Cómo esperar que al menos 30 millones de personas emitan su voto de manera razonada, con el mínimo de reflexión y análisis de los que puede esperarse de los candidatos y sus ofertas, como exigir u observar los derechos y obligaciones de las leyes vigentes si aún algunos de los “estudiados” del derecho lo desconocen y ocupan puestos públicos para administrar e impartir justicia, qué esperar de gobernantes que además de las cuotas y cuates aprovechan su momento de poder para expiar sus amarguras, afrentas y venganzas sociales o incluso particulares.

Somos de manera general un pueblo que además de desconocer las leyes y reglamentos, en los pocos casos en que demandamos su cumplimiento es para tratar de acomodarlos a nuestros intereses o perjudicar a los que consideramos “los adversarios” y por desgracia para la coexistencia civilizada solo observarla cuando así nos conviene y como sucede ahora mismo en la más completa impunidad por el gobierno de la república, no hacer caso de las resoluciones judiciales argumentando que “están equivocadas” y por supuesto mucho menos transitar por las vías y procedimientos legales vigentes para impugnarlas como la entre otras tantas cada vez más recurrentes de la resolución judicial para detener el proceso de exámenes a los aspirantes a un puesto en el poder judicial federal y locales. Solo nos falta que en esta tesitura ahora con la resolución de un juez del fuero federal suspendiendo el decreto de suyo fuera de norma para desaparecer 1344 plazas de trabajadores de base del gobierno estatal, pagarles al menos el 30% de sus salarios mensuales en tanto se resuelve el tema de fondo si es o no válida finamente la medida decretada por la legislatura local a iniciativa del ejecutivo, que de inicio omitió transitar las vías legales existentes como la Junta de Conciliación y Arbitraje hoy rebautizada con otro nombre sexenal antes del decreto y que además ya se volvió a torcer la ley al decidir que un poco más de 600 plazas desaparecidas vuelvan a tener vigencia sin haber cancelado  o modificado el decreto correspondiente y publicado en el medio oficial exponiéndose también a que alguno de los perjudicados o interesados impugne la decisión fuera de norma y sea revocada.             

Quedamos así ahora expuestos a una práctica institucional en boga que si bien era una clásica forma de nuestros usos y costumbres sociales, la administración federal está validando y ejemplificando para que casi cualquiera y en especial los que tienen el poder económico la ejerzan como sucede con el cuarto hombre más rico de México que está sentenciado a pagar miles de millones de impuestos no cubiertos y que al grito de “gobiernícolas” se niega a cubrirlos y aun se burla de ello en la más cínica y clara impunidad sin que se vislumbre alguna medida o decisión para que pague lo que debe y se cumpla la ley. Por si algo faltara baste mencionar que en Oaxaca estamos por arriba de los índices de analfabetismo, promedio escolar, rezago educativo y el 76.24 de la población no lee algún libro.

Gerardo Garfias Ruiz

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