Intentan amagar a la prensa (1)

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2019.- Pocos empresarios de la comunicación se han percatado que nuevamente intentan los gobernantes amagar a la prensa detrás de declaraciones que se oyen melódicas ajenas o con argucias de cambios del gobierno sea nuevo o ya a mitad de su mandato. Aunque es una vieja pugna entre políticos y comunicadores, hay dos casos estatales que en este momento están avanzando en Chihuahua así como en Tabasco, que pudiera replicarse en otras entidades.

En mi experiencia como consultor de comunicación política me he topado con la misma variable de los candidatos y posteriormente gobernantes o legisladores: su especialidad profesional se convierte en su flagelo, que en muchas ocasiones por ahí entra su propio desgaste en la opinión pública -con honrosas excepciones-, es decir, los abogados tienen serios problemas de relación con las legislaciones, los empresarios se les “cae” la atracción de inversiones, pero los peores son los comunicadores que terminan peleados con su propio gremio.

En este momento, el otrora periodista Javier Corral tras anunciar en junio de 2018 la introducción del proyecto de Ley de Publicidad Oficial argumentando que busca transparentar, regular y dar criterios objetivos a la asignación de recursos públicos a la publicidad oficial, utilizando la potente narrativa –muy buena, por cierto- como “la ley de publicidad más avanzada y valiente del país”, pretende que sea aprobada por el Congreso del Estado al cierre del periodo en diciembre de 2019.

Dicha ley establece que antes de la compra de cualquier espacio será un comité de compras que decida atrayendo información vigente tanto a la Servicio de Administración Tributaria (SAT), como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que suplantaría atribuciones de esas dos dependencias sobre fiscalización y regulación de pagos; además que aletargará el proceso burocrático. Afortunadamente dejé la dirección de comunicación social en 2002, pero no me imagino el poco margen de maniobra que tendrá el jefe de prensa en cualquier crisis que se afronte en el día a día del gobernante.

Esta Ley Corral tiene una similitud en la política de comunicación social que en intención tiene Adán López, gobernador de Tabasco, como espejo al diseño de Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de la República: Empresas de radio, televisión y medios impresos. Es decir, no entrarán periodistas independientes, compradores de espacios, o personas físicas ante el SAT. ¡Qué irónico! Una de las periodistas con mayor influencia nacional -nacida en Parral- mi querida Fernanda Familiar con su importante empresa no pudiera comprar un espacio en su natal Chihuahua sin que pueda ser meritoria de conseguir publicidad oficial del gobierno chihuahuense. 

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en Chihuahua estima que al entrar en vigor la Ley Corral aproximadamente se quedarán sin empleo mil 200 trabajadores de la comunidad comunicadora. Hasta hace poco asesoré a ese gremio en Tamaulipas por lo que sé lo preocupante que resultan cambios tan drásticos a las políticas públicas, así como las repercusiones en las que puede derivar.

¿Y tú, qué opinas? www.daviddorantes.com