¿Investigar o espiar al sistema educativo?

La reforma recientemente aprobada a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública contiene amenazas directas hacia la vivencia plena de los derechos humanos de los mexicanos y de los agentes educativos en particular, aterrizando también contra el derecho a la educación, la libertad académica, la defensa de los derechos de las infancias y de las comunidades educativas; tanto a nivel nacional como en Michoacán en particular.

Si bien, México se encuentra en jaque por razones de seguridad nacional, ésta no justifica los medios: la educación, la crítica, el pensamiento libre y la investigación académica constituyen pilares de una sociedad democrática, y no pueden quedar sujetas a vigilancia y represión. Con esta ley, se abre la puerta a abusos que también podrían impactar directamente en el ámbito educativo, en la persecución de docentes, estudiantes, líderes sindicales, activistas gremiales, investigadores y defensores de derechos educativos.

Puntualizando: la reforma contiene un sinfín de amenazas para la libertad académica, la participación de comunidades escolares y la defensa del derecho a aprender. Veamos cómo cada punto implica riesgos concretos para la educación y las infancias.

Primeramente, la concentración de las capacidades de vigilancia en el poder ejecutivo federal debilita los contrapesos y mecanismos de control democrático. Esto podría derivar en la vigilancia de movimientos o redes educativas, investigadores críticos, actores gremiales o comunidades escolares organizadas, generando miedo y autocensura.

Sin autorización judicial, la recopilación de datos podría extenderse a académicos, estudiantes, organizaciones educativas o redes de padres de familia que cuestionen políticas públicas educativas, afectando su derecho a la privacidad y su participación social.

Así también, permitir el acopio masivo de información expone a docentes, estudiantes, investigadores y comunidades escolares que se pronuncian por mejoras educativas, denuncian violencia en las escuelas o exigen derechos básicos como infraestructura, alimentación o materiales escolares.

Por si fuera poco, la ley faculta el espionaje a opositores políticos, disidentes magisteriales, activistas, periodistas y, en este contexto, defensores del derecho a la educación, líderes sindicales del sector educativo, investigadores que documenten corrupción en educación o quienes exijan transparencia presupuestal. Organizaciones educativas, colectivos de madres y padres, consejos escolares y asociaciones estudiantiles podrían ser blanco de infiltración o criminalización, especialmente aquellas que denuncien corrupción, violencia escolar, abusos de poder o exijan respeto a los derechos educativos de las infancias.

También existe el riesgo de que datos de comunidades educativas, como apoyos sociales a estudiantes o programas educativos, sean usados con fines electorales, afectando la equidad democrática y la autonomía de las escuelas. Académicos, docentes o estudiantes críticos podrían ser espiados por sus posturas ideológicas o pedagógicas, poniendo en riesgo la pluralidad en el ámbito educativo y la libertad de cátedra.

En contraste, no se establecen auditorías independientes sobre el uso de estas herramientas, dejando a activistas educativos, periodistas y docentes expuestos a abusos sin vías reales de defensa ante un eventual abuso.  La recopilación de datos sin investigación penal abre la posibilidad de fabricar acusaciones contra docentes, directivos escolares, líderes estudiantiles o investigadores, lo que inhibe la denuncia de irregularidades en el sistema educativo.

La filtración de datos sensibles podría poner en riesgo a docentes, directores, o funcionarios de educación que denuncien redes de corrupción en el uso de recursos educativos o programas sociales escolares. Montajes mediáticos podrían utilizarse para desacreditar protestas educativas, huelgas magisteriales o movimientos estudiantiles, presentándolos falsamente como amenazas a la seguridad pública.

Más aún, privilegiar la inteligencia sobre el debido proceso vulnera los derechos de educadores, investigadores y defensores educativos, quienes podrían verse sometidos a procesos opacos que afectan su vida profesional y personal.

Expresiones como “riesgo para la seguridad pública” pueden interpretarse de forma tan amplia que protestas pacíficas por temas gremiales, laborales o educativos, como exigencias salariales o demandas de infraestructura escolar, puedan ser catalogadas como amenazas.

Como si no tuviéramos suficiente con el modelo centralizado tanto en presupuestación como en control de planes y programas de estudio, la reforma impone vigilancia desde el centro, reduciendo la autonomía de estados como Michoacán en el manejo de políticas educativas y la posibilidad de diseñar soluciones locales para las problemáticas de sus escuelas y comunidades.

Periodistas que cubren temas educativos, corrupción en el sector o violencia escolar podrían ser catalogados como “riesgosos”, por lo que serían vigilados, perseguidos o denunciados, lo que amenaza la transparencia y la denuncia pública en el ámbito educativo.

En temas sensibles para los sujetos de derechos, la falta de protocolos claros podría derivar en intervenciones ilegales en redes digitales de docentes, plataformas educativas o bases de datos escolares, afectando el derecho a la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

Incluso, equipos adquiridos sin licitaciones podrían usarse para vigilar redes sociales de comunidades escolares, activistas educativos o grupos estudiantiles, con finalidades ajenas a la seguridad nacional o al desarrollo educativo.

La medición personalizada de aprendizajes al interior del sistema educativo nacional, en caso de algún día existir, se verá conjurada anticipadamente, ya que podría ser materia de vigilancia e intervención, en manos de un mal servidor público o de contarse con instrucciones de los poderosos.

La eventual construcción de un sistema de gobernanza del sistema educativo se ve aún más lejana con estas medidas, ya que la desconfianza generada inhibirá la participación social, afectando la colaboración de comunidades escolares y padres de familia en la mejora educativa, por temor a las represalias.

Y a escala internacional, estas normas recientemente aprobadas son incompatibles con tratados ratificados por México que protegen derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la educación, la libertad académica y el derecho a la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Seguramente, esto ameritará advertencias, comentarios o incluso reacciones de organismos internacionales al respecto.

La amenaza es amplia: la vigilancia en pro de la seguridad puede ser un Caballo de Troya para convertirse en una herramienta cotidiana de control social, afectando la libertad de cátedra, el derecho de comunidades escolares a organizarse, protestar y defender el derecho a aprender.

Como consecuencias previsibles, podría generarse la criminalización de la defensa del derecho a la educación. Quienes denuncien carencias escolares, violencia en planteles, corrupción en la educación o exijan condiciones dignas para aprender, podrían verse intimidados o espiados. Esto inhibiría la participación comunitaria, el debate público educativo y la construcción de políticas basadas en evidencia.

Sobrevendría también un deterioro de la libertad académica y del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación crítica y libre, pues maestros, académicos y organizaciones civiles podrían autocensurarse por miedo a ser objeto de espionaje. A la larga, esto puede derivar en una crisis de derechos humanos con repercusiones internacionales.

No podemos regresar a épocas donde estudiantes, docentes, investigadores, coordinadores de las expresiones gremiales o sindicales, así como líderes estudiantiles eran espiados o perseguidos por pensar diferente o por exigir derechos.

Por supuesto, digamos que sí a la inteligencia para combatir al crimen, pero un rotundo al abuso del poder, con el agravante de que se encuentra sobre la mesa la posibilidad de que funcionarios abusivos determinen instrumentalizar al sistema educativo nacional para sus fines aviesos. El gobierno mexicano debe ser respetuoso de los derechos humanos y del derecho a aprender en particular.

La seguridad no puede servir de pretexto para violar la Constitución ni para socavar la libertad de cátedra, la participación social en educación o los derechos de las infancias; no deben derivar estas medidas en abuso político, persecución de quienes defienden el derecho a la educación o de quienes denuncian injusticias en las aulas.

Incluso, la intimidación podría afectar a los más vulnerables, incluyendo a niñas, niños y adolescentes cuyo derecho a aprender y expresarse, con criticidad, libertad y participación abierta podría verse amenazado desde la más tierna infancia.

Educar a toda una generación sometida a coerción, vigilancia e intimidación sería un acto inenarrable, impropio, digno de rechazo y de objeción de conciencia. Mantengámonos vigilantes por un México donde defender o ejercer la vocación docente y los derechos educativos sea siempre garantía, nunca un riesgo. Es educándonos y no espiándonos como habremos de entendernos.

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C