Jaime Arizmendi | Política al margen | Vacunas falsas

*Aplican Vacunas Anticovid Falsas en México: Pfizer

*Libre Paso a Pobladores y Turistas en Playas, Lagos, Esteros…

*Votarán Presos sin Sentencia

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril de 2021.- Argonmexico / Infodemia letal y, por si fuera poco… La farmacéutica Pfizer reveló que cuando menos 80 personas recibieron en una clínica privada de Monterrey, Nuevo León, versiones falsificadas de su vacuna Covid, por cuyas dos dosis pagaron dos mil dólares; según publicó este miércoles The Wall Street Journal.

La nota refiere que la compañía estadounidense denunció la distribución y aplicación de vacunas covid falsificadas en México, para añadir que son los primeros casos confirmados de versiones falsificadas de su vacuna contra el coronavirus que desarrolló en alianza con la empresa alemana BioNTech.

Pfizer detectó los casos de falsificación en viales incautados en México y Polonia; enseguida se realizaron análisis independientes a los productos, y así se pudo confirmar que se trataba de vacunas falsas que incluían etiquetados apócrifos.

El influyente diario norteamericano dio a conocer que el caso de vacunas falsificadas en México se detectó en una clínica privada del estado de Nuevo León, donde unas 80 personas recibieron las dosis apócrifas a un costo de mil dólares (casi 20 mil pesos mexicanos) cada una.

El secretario de salud del gobierno de Nuevo León, Manuel de la O –mencionado en la nota del TWSJ–, expuso que los frascos de las vacunas falsas tenían números de lote diferentes a los enviados al estado, así como una fecha de vencimiento incorrecta.

Y aunque las autoridades sanitarias polacas aclararon que nadie había recibido las vacunas falsificadas, las cuales fueron incautadas en el departamento de un hombre; se informó que en las dosis decomisadas en Polonia “se encontró una sustancia que probablemente sea destinada a brindar un tratamiento antiarrugas”.

O sea, de haber polacos que hubiesen recibido la aplicación de esa vacuna apócrifa de Pfizer sí enfrentarán el peligro de ser contagiados por el virus SARS-CoV-2; pero no se arrugarán, o lograrán disminuir sus marcas de la edad. Hay cuero no te me arrugues, que te quiero pa´tambor…

¡Prohibido prohibir!… Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este miércoles un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos tengan libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas, lagos, lagunas y esteros del país.

La propuesta dota de capacidad al Estado mexicano para hacer valer su soberanía y el Estado de derecho sobre sus playas, en beneficio de todas y todos los mexicanos. Establece una regulación, efectiva y clara que procure el adecuado uso y aprovechamiento de las playas del país.

Resalta que el sistema jurídico determina que las playas mexicanas son públicas, de libre acceso y uso gratuito; sin embargo, en la realidad ha sido un derecho coartado a los ciudadanos.

Las y los integrantes de las comisiones que presiden la senadora morenista Mónica Fernández Balboa y el priísta Manuel Añorve Baños, respectivamente, coincidieron en la necesidad de resarcir el derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos de hacer uso libre de las playas públicas.

Esta reforma “adiciona a una faja de 10 metros a las playas marítimas, a partir de la pleamar hacia tierra adentro”, con el fin de garantizar su uso público, libre y gratuito. Modifican los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre, con el objetivo de reducir a 10 metros su extensión de ancho de tierra firme, en función de los nuevos límites de las playas marítimas.

Tales cambios –aduce el dictamen–, contribuyen a otorgar claridad a las disposiciones normativas en la materia; así como a restituir a la ciudadanía mexicana el ejercicio pleno de su soberanía sobre el uso y disfrute de sus playas.

Complementan el decreto publicado el 21 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece que el acceso a las playas mexicanas no podrá ser obstaculizado ni restringido. Incluso establece que los 10 metros que se contemplan para las playas, también aplique para los lagos, lagunas y esteros, que no escapan a esas prohibiciones.

Y es que, para los senadores, definir y regular de manera efectiva las playas, es un acto de justicia, una asignatura pendiente con todas las personas que habitan México y que tienen derecho a disfrutar de su patrimonio. Ahora, quizá a los tribunales llegarán las olas, pero de amparos…

¿Quiénes y cómo contarán sus votos?… Entre 900 a mil personas privadas de la libertad (PPL), que se encuentran sujetas a proceso en penales federales, podrán ejercer su derecho al voto en el proceso electoral vigente, previno el subsecretario de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), al cierre de octubre pasado la cifra de personas en prisión en México ascendía a 214 mil 776.

El funcionario repuso que este ensayo servirá para dar cumplimiento a dos resoluciones emitidas en el año 2019 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en las cuales se mandata que aquellas personas que aún no han sido sentenciadas, y no han perdido ese derecho, puedan sufragar.

La singular o inusual votación tendrá lugar en cinco de los 19 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que hay en el país. “Estamos hablando de Hermosillo, Guanajuato, Chiapas, el Femenil de Morelos y el de Michoacán”.

Mejía Berdeja aclaró que el derecho a sufragar no contempla a todas las PPL, sino solamente a quienes estén sujetos a proceso y que, además, manifiesten su interés de votar.

El asunto se deriva de que la Sala Superior del TEPJF resolvió los expedientes SUP-JDC-352/2018 y un acumulado, en el que se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar una primera etapa de prueba que garantice que todas las PPL, no sentenciadas, puedan participar en el proceso electoral de 2024.

Vale recordar que apenas esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en una de sus conferencias de prensa mañaneras que su gobierno acaba de lograr un acuerdo con las empresas que administran los 8 Centros de Prestación de Servicios (CPS), que fueron construidos y son operados por la iniciativa privada.

Las empresas cobraban miles de pesos diarios por cada PPL que podían tener en cada centro de reclusión, a pesar de que solamente tuvieran ocupado el 20 por ciento de su capacidad. Además, al concluir los 20 años de haber sido puestos en operación, ellos serían los propietarios de todo. En cuestión de abusadores, el más pelón se hace trenzas…

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