Jorge Octavio Ochoa | Tras Bambalinas | Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2020.- No nos hagamos tontos; al general Cienfuegos sólo lo podrá enjuiciar el fuero militar. Al presidente López Obrador le regresaron una auténtica papa caliente, que no podrá pelar por las vías naturales de un juicio penal civil por dos razones torales:

1. Las pruebas obtenidas por la DEA son absolutamente ilegales en el sistema jurídico mexicano, pues la grabación de las escuchas y la intervención de mensajes telefónicos, se hicieron sin autorización de un juez y sin que lo supiera ninguna autoridad mexicana.
2. Las decisiones asumidas durante su desempeño como secretario de la Defensa, se encuentran en la esfera de las llamadas “razones de Estado” y de Seguridad Nacional que pueden adoptarse para la defensa de los intereses nacionales. Como nación soberana, México no tiene por qué informar de ello al vecino país.

Pese a esto, en las primeras horas, el presidente López Obrador pretendió sacar raja política al suceso pero, en unas horas, alguien le hizo ver lo extremadamente grave de la situación. La noticia colocó a México, simple y sencillamente, bajo tres escenarios:

1.- El gobierno de EU no tiene confianza en el sistema político de México, en particular en el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador. Por ello la secrecía de las investigaciones contra Cienfuegos durante dos años de la 4T.

2.- La soberanía nacional fue violada sistemáticamente por elementos de agencias extranjeras, que se pasean “como Pedro por su casa” y se mueven en el país, violando incluso la vida privada.

3.- México es un narco Estado. Ello, confirmado tras la impune liberación de Ovidio Guzmán, a quien se le otorgó un armisticio, pese a haber amenazado al Estado mexicano y enfrentado a las fuerzas armadas.

Pero lo más grave de todo esto fue que, al darse a conocer la noticia, el gobierno de los Estados Unidos puso a las fuerzas armadas mexicanas en el epicentro de toda la corrupción existente en el país. Ni más ni menos, eran la fuente del mal.

Esto, obviamente, irritó profundamente al sector castrense, sobre todo por la delicada situación en que se les ha puesto desde el principio de este gobierno, como barrera armada para impedir el paso de indocumentados centroamericanos a territorio norteamericano.

De hecho, como lo comentamos aquí desde los últimos dos fines de semana, estos fueron el eje de los argumentos de la cancillería mexicana, para virtualmente exigir la liberación del general, so pena de reducir al mínimo los niveles de cooperación y suspender las visas diplomáticas a los elementos de la DEA, FBI y demás agencias.

Aquello de que fue un “regalito” de Trump a López Obrador, por aguantar hasta el último momento el reconocimiento al triunfo de Biden, es una de esas fake news sin sentido, que menudean todos los días por las redes sociales. Hoy, la relación diplomática está debilitada e impregnada por la desconfianza mutua.

Tan es así, que el Departamento de Justicia de EU otorgó la liberación y el desistimiento de cargos, pero bajo la etiqueta: “será juzgado por el gobierno mexicano”, a manera de aclaración para advertir que ellos tienen sospechas fundadas de que el General es un capo de la droga.

De hecho, el Departamento estadounidense de Justicia y el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York, informaron a la jueza encargada del caso, que “el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos “transportó exitosamente” a Cienfuegos a México.

Es decir, lo enviaron en calidad de detenido, con el mensaje explícito de que será juzgado en México, por las autoridades mexicanas, al margen de la discusión sobre si las pruebas son válidas o no; si rebasan el ámbito de la intromisión y el espionaje diplomático.

Le dejan a López Obrador la “papa caliente” para exonerar lisa y llanamente a Salvador Cienfuegos, lo que afectará gravemente su de por sí alicaída credibilidad ante el pueblo mexicano; o en su defecto, turnar al Ejército el caso para que sea juzgado bajo el fuero militar.

Esta segunda posibilidad es factible, pero también peligrosa, porque podría profundizar los desencuentros que ya existen en las élites castrenses, y obligarán al Presidente de la República a otorgar todavía más privilegios a un sector que de por sí ha sido el más beneficiado en el reciente reparto de los recursos presupuestales.

Castigar a uno de los suyos, del más alto rango, sería una moneda de cambio muy cara para el presente régimen, que implica compromisos y lealtades que van más allá de la concesión de un aeropuerto, un tren u obras de infraestructura. Será colocar a los militares en la mesa de decisiones y decidir con ellos el rumbo del país.

Es un momento, pues, delicado. Las relaciones bilaterales arrancarán en su nivel más bajo, luego de la demora para reconocer el triunfo de Joe Biden, quien obviamente pondrá a revisión todo cuanto acordó Trump en el marco del Tratado de libre comercio con México.