Jorge Octavio Ochoa | Tras bambalinas | En desacato y fuera de la ley

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2021.- Sin duda, México se verá al espejo después del próximo 6 de junio. Estamos a un tris de votar no sólo por la reelección de diputados federales, sino por la entronización de un nuevo partido de Estado a través de su mayoría absoluta.

En un comunicado se detalló que entonces sabremos hasta dónde llega nuestra estupidez. Repetiremos la misma historia, a través de diputados federales que han tenido cero resultados y que sólo repetirán la misma sumisión absoluta, ciega e impúdica al Presidente de la República.

Fue palpable, evidente, escandaloso, como en una semana, López Obrador tuvo en un puño a los Poderes Legislativo y Judicial. Sin embargo, con sus comentarios y actitudes, AMLO ha fracturado seriamente la división de Poderes y desequilibrado la contienda electoral.

Se convirtió en un Ejecutivo que mangonea, ofende y exhibe a los otros Poderes. Hoy sabemos que la voluntad de una sola persona pesa más que todo el andamiaje institucional y Legal.

López Obrador se encuentra en desacato y fuera de la ley, pero poco le importa. En estos momentos no hay nada que se le interponga, y continuará con su labor de zapa contra todo lo establecido antes de él.

La semana pasada, el Mandatario mencionó una encuesta, en la que su partido aparece arriba en las preferencias para la elección de diputados federales. Luego, en su mañanera del 16 de abril, incurrió en la promoción de programas sociales en época electoral.

PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron además una queja ante el INE, por considerar que el presidente hizo propaganda gubernamental al exponer logros de su gobierno, como la entrega de becas y apoyos sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El presidente de la República violó con ello los artículos 41 y 134 de la Constitución, que ordenan suspender la difusión de propaganda gubernamental y obliga a los funcionarios a aplicar con imparcialidad los recursos públicos, respectivamente.

Así pues, hoy Andrés Manuel López Obrador se encuentra al borde de ser el primer Presidente en sufrir una sanción pecuniaria. Sin embargo, para los legisladores de Morena, esta amenaza no vale.

Según ellos, los órganos y tribunales electorales no tienen facultades para establecer multas. AMLO y MORENA se mantienen en abierto reto a toda autoridad autónoma y, según se ve, así será hasta el próximo 6 de junio.

Son aproximadamente 615 mil pesos el monto de la multa que ya analiza el Consejo General del INE, pero a la Consejería Jurídica de la Presidencia le importa un bledo.

Además, Morena mantiene al aire un spot en el que, sin pudor alguno, difunde dos falsedades monumentales: utiliza la campaña de vacunación contra el Covid19 y se erige en el gran dador de la vacuna. Aseguran haber donado 50 millones de pesos para la compra de dosis.

Ambas afirmaciones son falsas. Al menos no hay documento ni factura que compruebe ese dicho. De existir y ser cierta la afirmación, júrelo usted que ya estaría la imagen en la propaganda del nuevo partido de Estado.

El proceso electoral ya está viciado

Así pues, el proceso electoral ya está viciado, no hay equidad en la contienda. Está ya descarrilado. Es evidente la intromisión del mandatario y su advertencia explícita de que no respetará la ley.

Fuera de todo orden, ya declaró que su “derecho de manifestación” está por encima de cualquier disposición o reglamento. No ha entendido que es el Ejecutivo de una nación, no Jefe de Pandilla.

Es grave, muy grave la demolición que ha emprendido AMLO contra el Poder Judicial y las instituciones a las que debe rendir cuentas. Desde la óptica del ahora huésped de Palacio Nacional, ni la SCJN, el INE, ni mucho menos el INAI tienen calidad moral para reprocharlo.

Según lo dicho por López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está compuesta por una runfla de corruptos, salvo Arturo Saldívar. Éste es el único que garantiza llevar a buen puerto toda la reforma judicial.

Y si el máximo órgano constitucional y jurisdiccional de la nación está así, pues entonces imagínense cómo estará el Tribunal Electoral y peor: el Instituto Nacional Electoral. El Presidente de la República los ha descalificado a dos meses de las elecciones.

Esto es grave, sumamente grave, porque refleja una demolición institucional encabezada por el Ejecutivo Federal, a través de una monumental aberración jurídica, como la modificación del artículo 97 constitucional a través del transitorio de una ley.

Nadie puede negar en este momento, que los otros dos Poderes hoy son simplemente membretes. No hay nada que garantice unas elecciones legales, transparentes, ni tranquilas porque, ¡hasta eso!, el crimen organizado tiene bajo control muchos municipios.

Insistimos. El proceso de junio próximo está descarrilado. Sólo un voto descomunal, masivo, podrá detener lo que ya se dibuja como uno de los fraudes más grandes de la historia de México, sólo superado por el de Salinas de Gortari en 1988, contra Cuauhtémoc Cárdenas.

Lo triste es que, figuras de la talla moral como este último, hoy mantengan el silencio ante el avasallamiento que se está gestando. Lo más bizarro es que, a través de partidos de nula reputación moral como el PVEM o PT, esté ocurriendo todo esto.

Los peores tiempos del PRI han regresado. Las dádivas, las limosnas convertidas en “apoyos sociales” y becas del bienestar, hoy superan las despensas que el priismo inculcó en el subconsciente del mexicano y lo convierte, otra vez, en un pueblo que sólo estira la mano.

Monstruoso distractor

Pero, más patético aún es el debate sobre la prolongación de mandato en la Suprema Corte. López Obrador pisotea la dignidad, no sólo de los ministros, sino de todo el pueblo, porque juega con la buena fe de miles de millones de mexicanos.

Los mete en un debate que, él sabe bien, tiene perdido, pero nos pone a discutir sobre una barrabasada que nos exhibe como pueblo ignorante, corrupto, convertido en el más peligroso del mundo, con siete de nuestras ciudades ocupando los siete primeros lugares en violencia.

Es obvio que, ante el alud de recursos de inconstitucionalidad, el 13 transitorio será derogado y Arturo Saldívar terminará su mandato en el tiempo establecido en el 97 Constitucional. Es más, el propio ministro ya dejó entrever lo que será su decisión definitiva. No acepto.

Pero mientras, López Obrador ya volvió a desviar la atención de la catástrofe que estamos viviendo, porque ya no sólo es la pandemia. Ahora debemos lidiar contra una sequía que se aproxima, incendios forestales y desgracias naturales para la que no existe FONDEN alguno.

Viene otra debacle económica, de la que tardaremos lustros en salir, y ni hablar del enorme rezago educativo, que se ha convertido en una caverna inmensa, de la que no podremos salir en una generación.

Eso es de lo que López Obrador no quiere que hablemos; se arriesga al escarnio público, pero de momento quita presión a la verdadera crisis social en que nos encontramos.

Si la sociedad no sopesa lo ocurrido en estos últimos 7 días, pronto verá décadas de penurias. El mundo es pequeño para los soberbios, pero más aún para los dictadores.