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OAXACA, Oax. 24 de marzo de 2022.- Egresados y estudiantes de las normales de por lo menos cuatro estados en México han realizado jornadas violentas de manifestación en los últimos días.
Oaxaca es una de las entidades cuya población ha sido perjudicada. Estos grupos, de presión y movidos por intereses ajenos a la educación, se movilizan para conservar sus cotos económicos y de poder.
Bombas molotov, gasolina para quemar llantas o edificios, secuestran autobuses, vandalizan inmuebles con pintas y amedrentan a la población.
El argumento de presionar al gobierno no tiene sustento, pues este les ha otorgado plazas, becas, apoyos para sus inmuebles y una serie de apoyos que poco se ve para otras escuelas o instituciones de educación superior.
A diferencia de cualquier otro profesional que se gradúa, las y los normalistas tienen garantizada una plaza cuando concluyen sus estudios, sin embargo, el proceso que rechazan es incluso mínimo comparado con otras actividades profesionales.
La Ley General del Servicio Profesional Docente reconoce como docentes potenciales tanto a los egresados normalistas como a aquellos profesionales con formación docente pedagógica o de áreas afines, situación que ni siquiera los profesionales de la salud tienen, menos alguna otra actividad profesional.
A pesar de contar con esta garantía de contratación que la ley les otorga, en sus peticiones está la de contratación, lo que constituye una falsa demanda, un engaño puesto que únicamente deben cumplir con el procedimiento.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habló de esta situación.
Tanto el proceso de nuevo ingreso, a las normales, como al egresar, es un negocio para líderes y personas que han hecho de la educación una olla de presión.
En Michoacán, el mandatario pidió que sea el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) quien decida y evalúe el proceso de ingreso a las normales.
Pero fueron cancelados los exámenes en cinco ocasiones, inmersos en señalamientos de fraude, de venta de claves desde los 30 mil pesos y demás situaciones que investigan.
Según datos del INEGI, si bien la docencia en México no es una de las profesiones mejor pagadas, la del sistema público sí es una de las que ofrecen garantías desde el momento mismo en que están en formación.
La dependencia citó por lo menos tres ventajas: la protección del salario, que depende del Estado; la compatibilidad entre el trabajo docente y el hogar, pues la jornada es de medio tiempo y la seguridad en el empleo y las prestaciones sociales.
“No es cosa menor que las vacaciones escolares sean coincidentes con la de los hijos”, refiere el documento, señalando otra de las ventajas.
En Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ha hecho públicas todas las respuestas y todas las veces que ha dialogado con este sector.
Sin embargo, aunque hayan obtenido respuestas del Estado, una vez más, sus movilizaciones no cesan, ya que defienden sus prebendas pero también sirven a intereses internos de la Sección 22, que compiten por la dirigencia estatal y tienen intereses políticos, externos, aunque uno de los principios rectores es la no intervención en procesos electorales.
En Chiapas, al igual que en Guerrero, el argumento que han utilizado estos grupos ha sido la intención del Estado por desaparecer las escuelas normales, pero llevan años y ninguna institución de este tipo ha desaparecido. Otra mentira que utilizan para vandalizar.
Hay un número importante de egresados normalistas y de estudiantes que sí han llevado los procesos en orden y ajustándose a la ley, pero son fustigados como traidores “al movimiento”, un movimiento caduco y que ha llenado de hartazgo a la población que trabaja sin ninguna garantía social y que, en ocasiones, por sus protestas, no puede obtener el sustento.