Dos meses de huelga, miles de asuntos pendientes
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2020.- La 4T está decidida a poner orden para terminar con la evasión de impuestos y la omisión de contribuciones a la seguridad social a través de la subcontratación laboral o “outsourcing”, un mecanismo legal, distorsionado de manera tramposa y perversa.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirma que la intención original de la subcontratación se desvirtuó. Empresas engañaron creando factureras fantasma y contratos dolosos que disfrazaron las obligaciones fiscales y laborales. En consecuencia, el mal “outsourcing” ha precarizado millones de empleos y empobrecido las arcas públicas.
Según datos oficiales hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores sujetos al esquema de subcontratación. El crecimiento anual es de 200 mil trabajadores.
Para economistas cercanos a la 4T la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, al Código Fiscal de la Federación, y a las normas del IMSS y el Infonavit, dará garantías a todos esos trabajadores.
La subcontratación es como el colesterol, hay bueno y malo; urge eliminar al segundo, explica la secretaria del Trabajo.
Para patrones e industriales, agremiados en el Consejo Coordinador Empresarial, la determinación presidencial es abrupta, una traición que hará pagar a justos por pecadores. Alegan que están de acuerdo en la necesidad de enderezar y curar la rama enferma del árbol, no en podarla a hachazos.
El hecho es que se agotó la paciencia del inquilino de Palacio. Tiene razón. Abusos, mañas y trampas en materia de subcontratación constituyen un delito grave que afecta la seguridad nacional. ¿O no?