Judith Álamo López | Miscelánea, salud y política

La culpa no era mía…

«Quienes no se mueven no notan sus cadenas». Rosa Luxemburgo.

(5 -03-1871, Zamość, Polonia-15-01-1919, Berlín, Alemania)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2021.- Como en todas las violaciones graves a los derechos humanos, el actual gobierno ha sido expuesto ante el mundo con críticas y condenas por parte de medios internacionales por tratar de desalentar las protestas femeninas -más que justificadas-, con represión.

Las notas audiovisuales exhiben el «muro» levantado con vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional y atrás de éste, elementos de seguridad apostados lanzando gases extintores y lacrimógenos, mientras en la azotea se apostó a un grupo de francotiradores de «drones» -según se dijo- que apuntaba hacia la multitud.

La reciente conmemoración del #DíaInternacionaldelaMujer desde su convocatoria exhibía el hartazgo femenino frente a autoridades que dejan a la mayoría de feminicidas, violadores, acosadores y en general a agresores de mujeres, tan campantes, gozando de impunidad.

¿Será que los medios de comunicación internacionales son parte de empresas corruptas? ¿Todo es consecuencia de omisiones del pasado? ¿Culpa de neoliberales o conservadores? ¿Son ataques políticos al gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Se trató de grupos #FemiNazis como se quiso desvirtuar en campaña de redes sociales? Obvio, no.

A dos años de un gobierno que pregonó su apoyo a las causas vulnerables, el Estado mexicano falla a su deber de preservar, respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres que llevadas a la desesperación marchan porque la violencia de género en nuestro país no cesa, por el contrario crece junto a la impunidad.

Las cifras de la ira femenina: 10 mujeres mueren por homicidio cada día; se cometen 16 mil violaciones al año; del total de las denuncias por agresiones sexuales, incluida la violación, presentadas entre 2014 y 2018 ante el Ministerio Público, sólo el 5% alcanzaron sentencia penal, de acuerdo a una investigación de Animal Político.

Muchas mujeres, alrededor de 20 mil, fueron a Palacio Nacional a protestar, creyendo que si visibilizan su enojo lograrían respuestas empáticas de quien ahí se alberga, del jefe de Estado y de gobierno, quien es el responsable de la política pública y también el comunicador oficial de cualquier acción del aparato gubernamental y aborda todos los temas, con sus datos.

Quizá por parte de los organizadores de la marcha hubo una estrategia fallida, que ya empieza a ser tradicional y que debiera revisarse: el permitir que sean los colectivos más violentos, integrados por mujeres vestidas de negro, con mochilas a la espalda con pinturas de espray de colores, algunas con sopletes y martillos, quienes tomen la vanguardia.

Pero la mayoría de las mujeres en la manifestación del #8M2021 no llevaban armas, iban niñas y mujeres mayores coreando consignas: «Luchamos hoy para no morir mañana» o «La culpa no era mía ni de dónde estaba ni de qué vestía», por ello resulta excesivo decir que el gobierno se resistió ante el acoso o que no cayó en la trampa de la violencia.

A todas ellas, partícipes en una movilización por causas justas se les repelió con excesiva violencia por parte de elementos de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, entre quienes participaron al mando hombres vestidos de civil, en un operativo que dejó 81 personas lesionadas.

Es necesario que los gobiernos federal y local revisen sus estrategias y operativos frente a movimientos ciudadanos, que corrijan excesos y responsabilicen a quienes resulten responsables, pues no puede actuar arbitrariamente. Los ojos del mundo están puestos en México.

Entre las víctimas hubo 61 mujeres policías, a quienes en este tipo de operativos, el gobierno capitalino ordena enfrentar a manifestantes con un escudo. Atrás de las vallas, se colocaron elementos de seguridad, con y sin uniforme, armados esta vez con extinguidores y gases lacrimógenos. Y aún se investiga quiénes los lanzaron, pero un hecho: provenían de atrás de las vallas.

También ambos gobiernos que antes, siendo oposición, por muchos años tomaron calles, están obligados a garantizar la protección de marchistas y de periodistas que realizan la cobertura. Inclusive, en zonas de guerra se trata de garantizar y preservar su seguridad, con mayor razón en un Estado en paz, donde las mujeres ejercen su derecho a manifestarse.

Es necesario, le guste o no lo que publiquen los medios, el gobierno debe garantizar la seguridad de los comunicadores quienes cumplen con la labor de informar a la ciudadanía. En esta ocasión varias fotorreporteras fueron detenidas «por error» y luego liberadas por la Policía Bancaria e Industrial.

La impunidad de violadores genera violencia

En relación a un grito reiterado en la #M8 fue «Un violador no será gobernador»… parece que los predadores sexuales andan sueltos, y como el sujeto coreado está blindado por el más alto mando, pareciera que se busca a quiénes sí la paguen.

El mismo día de la marcha, de forma inusual se anunció que un juez había girado ya orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado Rey de la basura, expresidente del PRI en el Distrito Federal.

Gutiérrez de la Torre fue acusado hace más de seis años de trata y de usar ese partido capitalino para cubrir una red de prostitución femenina (reportaje de MVS). Hace años fue enjuiciado y no se encontraron pruebas, veamos si se concreta esta aprehensión.

Y otro caso, es el de Andrés Roemer, conductor de «Ciudad de las Ideas», por TV Azteca y exembajador de buena voluntad de la ONU, acusado hasta hoy de 61 ataques contra mujeres, entre ellos violaciones, acoso y abusos sexuales, y cuyo domicilio -la víspera de la comemoración de Día de la Mujer- fue protegido con una valla de madera, la cual fue derribada por un grupo de mujeres a martillazos.

Otros juicio mediático es el del exdirector técnico del Guadalajara Ricardo Lavolpe, a quien también se le emitió orden de aprehensión acusado de atentados al pudor y hostigamiento sexual por Belén Coronado, expodóloga de Chivas.

Además del circo, mucho ayudaría resolver el rezago del 80% que existe en cuanto a las denuncias presentadas por mujeres ante el Ministerio Público por faltas diversas relacionadas con violencia sexual.

Parece que las protestas también van contra el gobierno

Hace un año la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmaba que «las movilizaciones feministas son para repudiar una estructura patriarcal que ha propiciado la violencia contra las mujeres.

El enojo de las mujeres es por la crudeza de la violencia que han padecido por años y no contra el gobierno», aseguraba.

La jefa de la política interior de la Cuarta Transformación, reconoció entonces que son víctimas de violencia en todos los ámbitos de su vida privada y pública y que muchos actores deben conjuntar esfuerzos para sacar adelante su problemática.

A un año de tal diagnóstico y dos de administración «humanista» es momento de preguntarle a este gobierno: ¿qué ha hecho para protegerlas de la violencia que sufren en el ámbito laboral, político, económico?

¿Cómo se les apoya luego de que reorientaron el gasto público destinado a estancias infantiles, centros para mujeres maltratadas y los recursos para atender cáncer de mama y cervicouterino?, entre otros temas sensibles.