La conflagración en el sistema educativo

El Conflicto Estructural

El enfrentamiento entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal representa la culminación de décadas de tensiones no resueltas. Desde su fundación en 1979, la CNTE se ha manifestado como organización disidente del SNTE, estableciendo objetivos que trascienden lo laboral: democratizar el sindicato oficial, mejorar condiciones docentes e incidir políticamente para revertir el modelo socioeconómico imperante.

Durante más de tres décadas, estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México han sido escenario de protestas magisteriales, buscando una doble negociación que permita beneficios adicionales a los del sindicato oficial. Esta estrategia ha demostrado efectividad histórica, pero generado un patrón de confrontación cíclica.

Causas del Movimiento Actual

Las causas estructurales están relacionadas con el manejo corporativista del SNTE, falta de procesos democráticos y precarización magisterial. El deterioro salarial, pérdida de prestaciones, imposición de reformas sin consulta y modificación unilateral de sistemas de jubilación han creado condiciones propicias para movimientos disidentes.

El movimiento actual surge como respuesta directa a la intentona gubernamental de modificar la Ley del ISSSTE, alargando la edad mínima para jubilación magisterial. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó retirar la iniciativa, esta acción tocó viejas heridas, llevando a la CNTE a exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE vigente desde 2007.

Demandas del Pliego Petitorio 2025

Las demandas incluyen: incremento salarial del 100%, abrogación de la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros, retorno al esquema de jubilaciones anterior a 2007 y democratización de procesos de promoción docente. Estas demandas reflejan preocupaciones económicas inmediatas y una visión integral de reforma del sistema educativo nacional.

Respuesta Gubernamental Insuficiente

La autoridad no ha mostrado voluntad de avanzar ni transparentar la situación. El Comunicado No. 20 de la SEP constituye un ejercicio de comunicación política que busca legitimar la posición gubernamental, pero revela múltiples falacias lógicas: falsa dicotomía, apelación al bien común para deslegitimar demandas laborales, generalización apresurada y utilización del «hombre de paja» para simplificar demandas magisteriales.

Afectaciones Sistémicas

Las movilizaciones han generado impactos que trascienden el ámbito educativo. Según reconocimiento oficial de la SEP, las afectaciones incluyen paralización de más de 12,400 planteles en Oaxaca, 3,300 en Chiapas, 3,500 en Guerrero, además de afectaciones en Baja California Sur, Chihuahua y Ciudad de México. Sin embargo, estas cifras subestiman la realidad, omitiendo al menos 1,500 escuelas paralizadas en Michoacán y un centenar en Yucatán.

La cifra gubernamental de 1.2 millones de estudiantes afectados podría duplicarse según estimaciones periodísticas independientes. Un efecto particularmente grave es el multiplicador del caos: ante la incapacidad de controlar la asistencia docente, numerosas comunidades aprovechan para suspender clases sin participar oficialmente en movilizaciones.

Impactos en Movilidad y Economía

Las protestas han impactado gravemente la movilidad urbana con obstrucciones sistemáticas. El caso más dramático se observó en Morelia, donde la ciudad colapsó durante siete horas el 27 de mayo, obligando a decenas de miles de ciudadanos a caminar largas distancias, mientras estudiantes recorrían kilómetros para ejercer su derecho constitucional a la educación.

El impacto económico es devastador: cada día del calendario escolar representa más de 150 millones de pesos en recursos desaprovechados. Con 190 días de clases oficiales, las pérdidas se acumulan exponencialmente, sin considerar afectaciones al comercio local y gastos de reparación por actos vandálicos.

Limitaciones Estructurales de las Negociaciones

Las negociaciones enfrentan limitaciones importantes, ya que la mayoría de las exigencias principales involucran cuestiones que solo pueden resolver coordinadamente los poderes ejecutivo y legislativo federales. La reforma abrogatoria de la Ley del ISSSTE de 2007 requiere voluntad política federal, capacidad legislativa y consensos partidarios que trascienden el ámbito de mesas de diálogo sectoriales tradicionales.

Coyuntura Política Compleja

La crisis de violencia extrema, incluyendo la reciente ejecución de ocho militares en Michoacán mediante minas terrestres, tensiones internacionales y proximidad de elecciones del 1 de junio, convierte el conflicto educativo en distracción política inoportuna y oportunidad para diversos actores de presionar agendas particulares.

Particularmente relevante resulta que la aplicación de la prueba PISA 2025 se realizara durante el paro magisterial, con posibles afectaciones significativas a la muestra poblacional y credibilidad de políticas educativas basadas en evidencia.

Propuestas de Solución

La situación demanda que autoridades federales reconozcan explícitamente la legitimidad histórica de demandas magisteriales y establezcan mesas de negociación con capacidad real de toma de decisiones, incluyendo representantes ejecutivos y legislativos federales. Se requiere un cronograma específico para abordar reformas estructurales, mecanismos de compensación por días perdidos y estrategia comunicacional que abandone falacias discursivas.

La educación pública mexicana no puede continuar siendo rehén de un conflicto que refleja décadas de políticas inconsistentes y ausencia de visión estratégica. Los más de 1.2 millones de estudiantes afectados merecen respuestas estructurales sólidas, no comunicados insuficientes que perpetúan retórica sin abordar causas reales del problema.

Versión resumida. Consulta el artículo completo en www.mexicanosprimeromichoacan.org

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C